25 AÑOS DE CRECIMIENTO ECONOMICO Y BAJO BIENESTAR SOCIAL

25 AÑOS DE CRECIMIENTO ECONOMICO Y BAJO BIENESTAR SOCIAL

Hasta fines de los ochenta Colombia era el país más estable y de mayor crecimiento de la región. Eso cambió en los noventa. Primero pasó por un auge extraordinario, alimentado por una combinación de bonanzas de petróleo, narcotráfico y capitales externos y luego se precipitó en una aguda crisis. En 1999 el PIB cayó por primera vez en siete décadas. Al asumir el gobierno Álvaro Uribe, la recuperación seguía siendo esquiva y se habían agudizado los síntomas de inestabilidad económica. Los retos del gobierno en materia económica eran, y son aún numerosos, pero es conveniente verlos a la luz de los objetivos de la estabilidad y el crecimiento, pues eso permite organizar un diagnóstico de la situación y analizar si se han dirigido los esfuerzos con un sentido de prioridades.

Los desajustes macro que se acumularon en los noventa han sido más difíciles de corregir de lo que ocurría en el pasado. A comienzos de los ochenta el déficit fiscal, el déficit externo y la apreciación cambiaria fueron tan o más graves que en la crisis de los noventa, pero fueron corregidos más fácilmente debido, esencialmente, a la mayor centralización de las decisiones económicas. En los noventa, la independencia del Banco Central, la descentralización fiscal (es decir, la transferencia obligatoria de cerca de la mitad de los recursos tributarios y la de gasto centralización de buena parte las decisiones de y endeudamiento), la mayor independencia de los poderes legislativo y judicial frente al ejecutivo, fueron todos factores que redujeron el centralismo y, por consiguiente, la discrecionalidad de las políticas macro (aunque hayan sido cambios justificables por otras razones). Además, la discrecionalidad macro se redujo por el hecho de que desaparecieron instrumentos de política tales como los aranceles, licencias y otros mecanismos de control a las importaciones, controles a los movimientos de capitales, a las tasas de interés y al crédito bancarios. En los noventa también desapareció como instrumento directo de política el ritmo de devaluación del tipo de cambio, al establecerse primero el sistema de bandas, y luego la libre flotación del tipo de cambio. Todos estos instrumentos se eliminaron en busca de dos objetivos: mejorar la eficiencia (abriéndole espacio al mercado) y facilitar la reducción de la inflación.

La menor discrecionalidad macro se combinó de manera desafortunada con aumentos de naturaleza permanente en el gasto público, en parte dictados por la Constitución de 1991, que consagró la descentralización, creó nuevas entidades en los sectores de justicia y seguridad, prohibió cualquier corrección futura de los aumentos del gasto social, y respaldó con la tutela una serie de derechos que demandan gastos públicos. El costo de estas decisiones constitucionales solo adquirió visibilidad con el paso del tiempo, en parte porque los primeros años fueron de bonanza fiscal, en parte porque las normas constitucionales estaban aún por interpretar e implementar. Los aumentos de gastos públicos fueron impulsados además por la convicción en los gobiernos de Gaviria y Samper de que era deseable ampliar el tamaño del Estado para responder a las demandas sociales, y por la expectativa durante el primero de estos gobiernos de que la apertura, la liberación financiera y otras reformas estructurales elevarían en forma permanente las tasas de crecimiento económico.

La capacidad de influencia de los intereses particulares depende de la magnitud de las rentas que están en juego y que pueden ser utilizadas para influir las decisiones. La apertura

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