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ANALISIS DE LAS POLITICAS DE INCLUSION DE LA POBLACION LGBT EN CHILE


Enviado por   •  11 de Octubre de 2012  •  2.556 Palabras (11 Páginas)  •  848 Visitas

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ANALISIS DE LAS POLITICAS DE INCLUSION DE LA POBLACION LGBT EN CHILE

Resumen

Este trabajo se propone analizar algunos aspectos de las acciones que se han realizado en relación con las políticas públicas para la inclusión de la población LGBT en Chile, sin desconocer que falta mucho camino por recorrer para alcanzar unas efectivas políticas y mitigar la problemática de rechazo que se vive actualmente en el país. Para este caso se toma como fuente diversos informes de movimientos de integración y liberación homosexual.

Pregunta a resolver

Cuáles han sido los principales obstáculos enfrentados para la elaboración de políticas públicas de inclusión de la población LGBT en la sociedad Chilena y cuáles son los avances que se han producido en éste tema (aspectos legales, normas y decisiones judiciales) sobre la diversidad sexual?

Hipótesis

Los principales obstáculos y el escaso avance en políticas verdaderamente incluyentes, puede deberse a la discriminación institucionalizada en Chile, no sólo referida a instituciones sino también al ciudadano promedio, que se resiste a un cambio profundo de mentalidad para despojarse de la herencia patriarcal, apostar a nuevos paradigmas y romper la dicotomía biologista que nos han impuesto.

Chile es un estado laico, sin embargo la iglesia ha incidido en diversos estamentos y se ha vinculado permanentemente a la violencia que afecta a las mujeres, a lesbianas, trans, bisexuales, intersex y gays. Siendo deber del Estado propender a la protección y fortalecimiento del núcleo convivencial.

Las acciones homofóbicas de sectores ultraconservadores que ven con temor los avances hacia la igualdad de derechos, han contribuido para que la población LGBT por temor no demuestre sus inclinaciones y tengan que soportar la violación a sus derechos.

Comprobación de la Hipótesis

Las denuncias y casos por discriminación basados en la orientación o la identidad de género que se reportan, muestran como día a día lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) ven vulnerados desde el derecho más básico, la vida, hasta ser víctimas de ofensas verbales propinadas incluso por quienes tienen algún cargo público. Dolor, impotencia infelicidad es lo que provoca cada caso de discriminación a la población (LGBT) sin que aún exista una ley para prevenir, enfrentar y sancionar los atropellos, muchos de los cuales quedan impunes o son resueltos al margen de las herramientas con que dispone el Estado, toda vez que las existentes no han dado respuesta satisfactoria para hacer justicia en la mayoría de las ocasiones. Se está entonces en presencia de personas huérfanas de la protección que el Estado debe otorgar a cada ciudadano/a, siendo el 2011 un año gravísimo al respecto, pues mientras aumentaron en un 34 por ciento los casos y denuncias por homofobia o transfobia, la violencia de cada uno estos hechos no tuvo limites.

Si bien el 2011 se dieron pasos para avanzar en políticas públicas y en la discusión parlamentaria favorable a la población LGBT, los hechos discriminatorios no fueron de gran preocupación de las autoridades estatales, ni de la opinión pública, salvo honrosas excepciones. Los debates sobre la necesaria igualdad legal y las contundentes movilizaciones sociales al respecto literalmente coparon la agenda pública en cuanto a discusiones sobre derechos de minorías sexuales se refiere, empero, la generalización de las demandas y propuestas sobre la materia, implicó un olvido de la individualidad, de las personas de carne y hueso que sufrieron y lloraron brutales atropellos. Personas que desde la niñez sufren la discriminación incluso al interior de sus familias. Como si poco fuera, incide negativamente en este triste panorama el hecho de que la diversidad sexual padece un trato menor incluso al dado a otros grupos discriminados. Por ejemplo, la intensidad del debate público y/o de cobertura periodística que se da frente a un caso particular de discriminación, es muy distinta dependiendo de la persona afectada. En términos simples, si a una escolar la hostigan o expulsan de un colegio por tener una madre con discapacidad o mapuche, se arma un escándalo nacional, pero si es afectada por ser hija de dos mujeres o dos hombres, el debate no pasa de ser focalizado y reducido.

Lo que la sociedad como conjunto debe internalizar es que no hay discriminaciones más o menos graves que otras. Todas lo son, y todas merecen ser tratadas y abordadas en igualdad de condiciones a la hora de buscarse solución para las mismas, caso contrario, se potencia la discriminación misma. Superar estos dilemas, es sin duda uno de los grandes desafíos de un país que aspira al desarrollo.

Avances significativos

En el plano de las políticas públicas los avances más significativos fueron la inclusión de una consulta sobre los convivientes del mismo sexo en el Censo 2012, la aprobación de un protocolo que regula oficialmente a nivel nacional los procesos de readecuación corporal de la población transexual, la emisión de una circular que obliga a todos los centros públicos a tratar a las personas trans por su nombre social y el avance de tres nuevas Ordenanzas Municipales contra la Discriminación, que vieron la luz en El Monte, El Quisco y Puchuncaví.

Mientras el Gobierno creó una inédita Mesa de Diálogo sobre Diversidad sexual y organizó el primer seminario sobre derechos LGBT, Piñera hizo historia al enviar al Congreso Nacional un proyecto que regula las uniones de hecho homosexuales y heterosexuales y al reunirse oficialmente con organizaciones de la diversidad sexual, señales nunca antes dadas por la más alta autoridad del país.

Lo expuesto lleva a concluir que el 2011 concentró mayores avances en políticas públicas, pues si bien en el pasado hubo cambios, en esta oportunidad se registraron más en el plazo de un año.

En tanto, el Tribunal Constitucional (TC) celebró la primera audiencia pública de su historia sobre el matrimonio igualitario. Si bien el TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad sobre la prohibición del matrimonio igualitario, sentenció que corresponde al Congreso Nacional decidir si aprueba o no una norma de ese tipo, cerrando la puerta a futuras presentaciones homofóbicas sobre este tema, Además, 8 de sus 10 ministros se pronunciaron a favor de las uniones de hecho y cinco instaron directamente al Parlamento a resolver la vulnerabilidad

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