Antecedentes De La Historia

Las concepciones del Estado sobre las políticas sociales antes y después del proceso "revolucionario"

Durante el periodo de dominación por parte de la Corona española, resultaba importante la asistencia y la labor de beneficencia brindadas por la iglesia católica, situación que es desvirtuada con la paulatina secularización de las instituciones estatales ya a mediados del siglo XIX con la implantación de la ideología y práctica liberal que ahuyentaba las tan anheladas pretensiones conservadoras. Es con la restauración de la república en 1867 en que se gestan las condiciones para un establecimiento definitivo de un Estado-nación moderno al estilo europeo con un sistema político que se constituía como máquina creadora de ciudadanos mediante el encausamiento de políticas hacia la educación y la ideología nacionalista que esta entrañaba.

Si bien, en los años posteriores a la restauración de la república, la ideología liberal como bandera política no fue tomada de manera homogénea, en sus primeros momentos tuvo un carácter más militante y dogmático, mientras que en el gobierno presidido por Porfirio Díaz adquirió un carácter más pragmático (1). Cada vez más, la asistencia social pasaba a manos de instancias estatales pese a las carencias presupuestales, a los constantes conflictos enfrentados y a la acentuada concepción abstencionista de los encargados de las instituciones estatales con la que se predicaba que estas no serían participes en la resolución de las condiciones precarias de la población, pues "su actuación debía limitarse a crear condiciones adecuadas para el desarrollo de las acciones privadas, las cuales debían aportar soluciones a los problemas sociales (Cosío Villegas, 1973: XXV) (2). Como decíamos, pese a ello se avanzó en rubros como la educación y la salud tanto en cobertura, cantidad de habitantes atendidos y presupuesto destinado a ello.

Estos avances se vieron desvanecidos con la caída de la dictadura porfiriana, pues las luchas armadas y la imposibilidad de constituir un gobierno ante la pugna entre caciques locales y regionales, condujo a la imposibilidad de instrumentar una política social. Es hasta la promulgación de la Constitución Política de 1917 donde se da un giro a la concepción de las políticas sociales al pasar a una especie de "liberalismo social", con lo cual las instituciones del Estado fueron más activas respecto a prácticas enfocadas al bienestar de la población. Los cambios son drásticos: mientras en los años de la década de 1860 el 88% de la población en edad escolar no tenía acceso a la educación, para 1940 la población alfabetizada alcanzaba un 45,7% (3), en el rubro de salud, para 1910 se destinaba el 0,04% del presupuesto y en 1940 la cifra ascendía a un 1.99%, así, "las explicaciones acerca de la disminución de la mortalidad se explican por la extensión de la medicina preventiva y los antibióticos, pero también debido a mejoras importantes en el campo de la salubridad, el saneamiento y la asistencia social, tales como la vacunación extensiva contra diversos padecimientos" (4); en el rubro de la vivienda, para 1921 se invirtieron 10 millones de pesos para construir casas que serían habitadas por obreros e integrantes de la clase media, más adelante se exentó del pago de contribuciones e impuestos a construcciones habitacionales de la clase media y baja, así como a construcciones destinadas al alquiler; en total de 1920 a 1940 se construyeron 9.600 viviendas de interés social (5).

De 1940 a principios de la década de los 80, es desplegado un modelo de Estado interventor corporativo que presumiblemente vendría a constituirse como la versión criolla del Estado de Bienestar europeo; y aunque en los hechos mucho distaba de serlo, el Estado tuvo una fuerte presencia en la provisión de bienes y servicios tales como la educación, la salud, la seguridad social, el fomento en la construcción de vivienda de interés social. Era una visión que pretendía, al menos en el papel, instituciones estatales promotoras de la redistribución indirecta del ingreso con pretensiones para lograr un acceso universal de la población que condujera al fomento de una relativa igualdad de oportunidades. "Así, se formulan programas de bienestar, se crean complejas estructuras institucionales, se da un marcado incremento de la burocracia central con sus normas y procedimientos y se crean mecanismos de representación corporativa y clientelísticos (Pico, 1987)" (6). A costa de ello, existían quienes siempre anhelaban ubicarse en el vértice de la pirámide del sistema político mexicano al lado o bajo el mando del "gran Tlatoani", y como señala Sergio Zermeño, "en un país con un fuerte Estado ancestral, la acción política de las elites -ya sea en el gobierno o en la oposición- tiende a organizarse en torno al lugar desde donde todo parece posible (el vértice) y ese afán compartido, esa propensión buropolítica, reproduce y alimenta la matriz sociocultural históricamente formada en el autoritarismo" (7). Esa propensión buropolítica llamada por este autor, es un mecanismo de destrucción de las identidades en el mundo de los excluidos donde los liderazgos son absorbidos por las alturas burocráticas de la política; liderazgos que se forjaron muchas veces en la interacción de las clientelas de la política social con las grandes centrales corporativas limitadas a la institucionalidad negociadora impuesta por los gobernantes del Estado y su burocracia jerarquizada, disciplinada (8) y complaciente respecto a los designios del presidencialismo.

Paralelo a esta propensión buropolítica mexicana, se constituyó un "Estado Desarrollista" impulsor del crecimiento económico sostenido vía la industrialización, de la construcción de infraestructura, de las condiciones jurídico-institucionales, de la garantización de determinados niveles de empleo y de consumo; el cual tuvo como complemento al Estado interventor corporativo enfocado a contrarrestar las desigualdades sociales derivadas de los efectos negativos en la búsqueda del desarrollo económico que impulsara la derrama a la sociedad como un todo. Se trataba, a decir de la teoría rostowniana de la Modernización, de reunir los criterios para el "despegue" rumbo a una sociedad moderna industrializada y democrática que dejase atrás a la sociedad agraria y tradicional, se trataba también, al estilo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de alcanzar un //desarrollo autónomo del capitalismo latinoamericano// bajo la conducción de las burguesías nacionales y del Estado.

Como ya mencionamos, este Estado interventor corporativo es la versión indigeneizada del Estado de Bienestar al estilo

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