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DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL


Enviado por   •  18 de Febrero de 2013  •  1.612 Palabras (7 Páginas)  •  546 Visitas

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Participación social en educación:

La política educativa de nuestro país atribuye muchas bondades a la participación social, como la de

elevar la calidad de la educación o garantizar la

transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Aunque el discurso oficial promueve la participación ciudadana en la educación, cuando se trata

de implementarla aparecen obstáculos para que ésta sea significativa. Esto se observa en el virtual

abandono en que se encuentra el Consejo Nacional

de Participación Social (Conapase) y en la sobrerrepresentación oficial de los miembros de los consejos municipales y escolares y su limitada capacidad

para la toma de decisiones significativas.

La actual administración federal, a través

del Programa Sectorial de Educación

2007-2012 y de la Alianza por la Calidad

de la Educación, no propone nada nuevo

a excepción de la intención de incorporar

a los padres de familia en el Programa Escuela Segura que, si bien puede ser importante, poco se relaciona con las tareas sustantivas de

la educación. Una forma de mostrar otras visiones

sobre la participación social en educación y reflexionar sobre sus posibilidades en México consiste

en revisar algunas experiencias internacionales.

Inglaterra y el impulso a la participación social

En 1997, con la llegada de Tony Blair al poder, se

dio crédito a una campaña de la sociedad civil que

había pugnado por más de 18 años para que el gobierno aceptara la responsabilidad de atender a los

niños menores de tres años. Éste fue el principio

de una larga reforma que crearía dos programas de

atención a menores (Early Excellence Centres y Sure Start), donde estaba contemplado el aspecto

educativo, y que llevaría a la creación del Ministerio de la Niñez y Personas Jóvenes. Estos programas fueron planeados considerando la participación social como uno de sus componentes más

importantes, aunque ello no estuvo exento de problemas. En primer lugar, se identificó que los principios de los que partía el gobierno y sus objetivos

no eran necesariamente compartidos por todos los

miembros de la sociedad y, en ocasiones, ni siquiera por los profesionales que conformaban su planta de personal. También resultó evidente que quienes decidieron participar en comités necesitaban

tiempo para formar y consolidar grupos y redes de

apoyo, particularmente cuando existía un antecedente de conflicto con las instituciones o había habido abuso o negligencia gubernamental.

En el caso de México la participación en

las escuelas está restringida por la Ley General de Educación, que en su artículo 12

establece los lineamientos a los que deben ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social, además de otorgar al

gobierno federal todas las facultades relacionadas con los planes y programas de estudios.

La posibilidad de integrar participantes no se logra

solamente con proporcionar una “capacitación”

centrada en la normatividad de los programas y las

intenciones del gobierno. Los tiempos para lograr

comités sólidos y funcionales tampoco se ajustan

necesariamente a los tiempos de las instituciones,

como los ciclos escolares. La participación social

no debería ser vista como un evento, sino como un

proceso que requiere de tiempo y apoyo para lograr resultados significativos. Las políticas de participación social deben alentarla desde la planeación de los programas, su implementación y hasta

la evaluación de las acciones, así como facilitar los

procesos y respetar los tiempos que la sociedad necesita para organizarse.

Por ejemplo, las consultas llevadas a cabo en

nuestro país al inicio de cada administración federal para formular el programa sectorial de educación son realizadas como eventos. Más que un pro

ceso para identificar y responder a las inquietudes

y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, parece que en el actual Programa Sectorial de

Educación 2007-12 se optó por realizar eventos

donde lo que se busca es legitimar acciones previamente acordadas. Para el caso de la Alianza por la

Educación ni siquiera se realizó una consulta. Las

políticas de participación social en el país no son

flexibles ante los cuestionamientos de la sociedad.

Los participantes en Inglaterra, al aprender a organizarse e incidir sobre las instituciones educativas pudieron, igualmente, desarrollar críticas hacia

las políticas que guiaban los programas, oponerse

a ellas e incluso formular alternativas y ejercer presión sobre los funcionarios que consideraron no

cumplían con su trabajo. Pero también buscaron

participar en las decisiones de otras instituciones.

Este punto es, de acuerdo con algunos especialistas, el que provocó que el gobierno retrocediera y,

en la reformulación de la política (Every Child Matters, 2004), dejara fuera de los programas el componente de participación social.

Como hemos mencionado en ocasiones

anteriores,

...

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