EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACIN

DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROGRAMA: MAESTRIA EN GERENCIA TRIBUTARIA

MATERIA: DETERMINACIÓN TRIBUTARIA

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Maracaibo, Mayo 2011

INTRODUCCIÓN

Venezuela, es un Estado democrático social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores los derechos humanos, entre otros aspectos de tan amplio concepto, a tenor de lo previsto en el artículo 2 constitucional, de tal modo, que se debe precisar su influencia directa con la Administración Pública.

En el silencio administrativo, cuyo origen se remonta a la Revolución Francesa, que se fundamentó, en el principio de legalidad como base del sistema, para garantizar derechos reconocidos y las libertades ciudadanas, a fin de deslastrar todo vestigio monárquico y absolutista.

El silencio administrativo, debe ser analizado a la luz de la Constitución de 1.999, que como norma suprema, y por tanto, de irreductible e indefectible cumplimiento constituyen los derechos constitucionales allí consagrados. Como Estatuto Primario, en consecuencia, es obligatorio para todos los funcionarios al servicio del Estado.

En Venezuela tanto la jurisprudencia como la doctrina se han encargado de analizar lo relativo al supuesto del silencio administrativo que produce lo que por parte de la doctrina llama acto presunto y lo relativo al acto tácito, es decir aquel que es producto, se deriva o se deduce de una actuación de la administración. En el presente trabajo, se analiza el silencio administrativo, toda vez, que entraña particular interés por las consecuencias que produce a los administrados, y que coadyuvan con la Administración Publica.

1. El silencio administrativo

Según Galindo (2006) es cuando existe una actitud pasiva, especifica de los órganos administrativos que se conoce con la expresión de “silencio”. Las autoridades públicas en determinadas circunstancias, o situaciones jurídicas, tienen el deber de tomar una decisión, expedir un acto administrativo, tanto si tiene contenido negativo, como positivo.

Al respecto, Aguado (2001) indica que en los ordenamientos administrativos, en una amplia o excepcional medida se tropieza con estas actitudes de los funcionarios y empleados, quienes por este silencio no manifiestan ninguna voluntad, por cuanto ni niegan, ni consienten, ni discordan, de modo que la actitud pasiva determina un estado de incertidumbre, de espera indefinida en las personas interesadas. A esta actitud pasiva de la administración, el legislador le ha dado un significado que puede ser positivo o negativo, mejor dicho, a este silencio se le ha atribuido efectos positivos o negativos.

La conducta normal de la Administración es cumplir con su deber jurídico de decidir y hacerlo además de manera oportuna, ya que el requisito objetivo básico para recurrir es la existencia de un acto (artículo 92 y 78 LOPA). Sin embargo, algunas veces, no existe una decisión en forma expresa, configurándose, en consecuencia, el silencio administrativo, es la "irresistible inclinación de la Administración a no contestar".

De esta forma, el silencio es una manifestación tácita de la administración, ya que la autoridad que calla conoce el alcance atribuido a su comportamiento. Este es el criterio minoritario de la doctrina en cuanto a la naturaleza de esta figura. No obstante, la doctrina predominante sostiene un criterio distinto, según el cual, el silencio es una ficción legal que abre la posibilidad de una impugnación ulterior, es decir, es una garantía procesal a favor del administrado y no de la Administración. Ahora bien, el silencio procede tanto en vía de instancia, es decir, frente a peticiones o simples denuncias del administrado como en el ámbito de los recursos administrativos.

De esta forma, esa conducta omisiva de la Administración opera como un mecanismo que agota la instancia administrativa, y brinda, la garantía para el recurrente de acudir a otra instancia, a fin de solicitar la revisión del acto administrativo inicial. De manera que, una vez transcurrido el lapso para decidir el recurso jerárquico interpuesto, y producidos los efectos del silencio administrativo, el interesado podrá, a su elección, intentar el recurso contencioso tributario o esperar la decisión expresa de su petitorio, a lo cual la Administración Aduanera está obligada a responder, por cuanto, la normativa legal le da la posibilidad al administrado de acudir a la vía contencioso tributaria, con el fin de que no vea afectados sus derechos, por la falta de respuesta de la Administración Aduanera que no le resulta imputable o esperar a que se dicte la decisión expresa que, como se nota en la decisión de la Sala Constitucional, mediante Sentencia Nº 454 de fecha 04/04/2001:

“cuando el silencio administrativo se produce en el procedimiento administrativo de segundo grado, donde existe un acto administrativo previo, como ocurre en el presente caso, la técnica del silencio opera como un mecanismo que agota la instancia administrativa y brinda, a tenor de lo dispuesto en los artículos 4 y 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la garantía para el administrado de acudir a otra instancia, a fin de solicitar la revisión del acto administrativo inicial. De manera que, una vez transcurrido el lapso para decidir el recurso administrativo interpuesto y producidos los efectos del silencio administrativo, el interesado podrá interponer el recurso jurisdiccional que proceda o, facultativamente, esperar la decisión expresa de la petición administrativa, a la cual la Administración está obligada a responder, pues, la normativa legal referida le da la posibilidad al administrado de acudir a la vía contencioso administrativa, con el fin de que no vea afectados sus derechos por una actuación de la Administración que no le resulta imputable o esperar a que se dicte la decisión expresa”.

Los artículos que regulan esta figura son:

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

“Artículo 4. En los casos en que un órgano de la administración

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