Educación Publica Y Privada

Introducción

La educación es el arma más poderosa que disponen las familias, personas y países para poder desarrollarse. La educación es, ciertamente, la base primordial de las oportunidades que tienen las personas a lo largo de su vida y constituye el sustento básico de la productividad y progreso de los países. Esto hace que la educación sea a la vez, una tarea fundamental de la familia y un deber necesario del estado.

Para el Estado, cumplir con este deber significa, reunir recursos a este sector que dejarán de ser para otros fines. De esta manera es primordial saber cómo y cuánto invierte el país en educación a través de los diversos actores involucrados.

El financiamiento para la educación universitaria es un tema que ha estado en la controversia, primordialmente por dos puntos de vista: cómo hacer para quienes solicitaron un crédito universitario, realmente sea cancelado, y cómo hacer ampliable este beneficio a estudiantes de Universidades privadas, Institutos y Centros de formación técnica y que no son pertenecientes al Consejo de Rectores, que es quien agrupa a las Universidades estatales y tradicionales.

Por otra parte, se han creado leyes que hicieran cambios en la manera en que se reúnan los dineros por préstamos a estudiantes y que gracias a estos, otorgaron la oportunidad de financiamiento a estudiantes que antes tenían que buscar otros medios para cancelar sus carreras.

Otro tema importante, el financiamiento de los estudios superiores a estudiantes de instituciones privadas, cobró gran relevancia durante la discusión parlamentaria y posterior publicación de la Ley N° 20.027, que se publicó el 11 de junio de 2005. Dicho texto instaura un nuevo sistema de créditos para alumnos de universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales.

Hipótesis

¿Cuál es el costo de oportunidad para el Estado financiar la educación superior en vez de otros proyectos?

El presente sistema de crédito Universitario Chileno sufre una serie de equivocaciones que lo han llevado a un mal funcionamiento. El traspaso permanente de recursos generados por una baja recuperación de préstamos permitidos, se han transformado en el peor incentivo para la exploración de soluciones a este problema por parte de las instituciones beneficiarias.

Es indispensable mencionar, adicionalmente, la discriminación que hay a estudiantes de instituciones privadas, a los que se les rechaza el acceso a los beneficios de educación superior con recursos públicos.

Un uso correcto de los recursos que son públicos, que se designan al financiamiento estudiantil, exige realizar cambios rotundos en el sistema actual.

Se debe expandir hacia un mecanismo que haga posible

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