Ensayo Marco Jurídico

INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo pretendemos dar a conocer La Política Nacional de Infancia y Adolescencia del Gobierno de Chile, basada en la Convención y marco orientador para la acción de todos los sectores nacionales y que aún está insuficientemente reflejada en las políticas públicas. Junto con los importantes avances en materia de coberturas y nuevos servicios dirigidos a la infancia, existen numerosos obstáculos para que los niños puedan acceder al ejercicio de todos sus derechos, a través de programas flexibles y pertinentes a sus necesidades en su propio espacio local.

Deberemos tomar en cuenta además, que para lograr que las políticas sociales sean efectivas, hay que considerar que las etapas iniciales de la vida son clave en el desarrollo futuro de las personas. El propósito es atender las necesidades y apoyar el desarrollo en cada etapa de la primera infancia (desde la gestación hasta los 4 años), promoviendo las condiciones básicas necesarias para el desarrollo infantil, sean estos de tipo biológico, físico, psíquico y social del niño y niña y su entorno.

Durante este periodo de alta potencialidad y vulnerabilidad a la vez, es necesario que los niños (as) cuenten con una familia que es el primer contexto socializador, pero no necesariamente es el único, por medio del cual, sobre todo la primera infancia donde el ser humano se alimenta de elementos propios de la cultura, valores, creencias, modelos, etc. producto de la socialización e interacción con el medio ambiente.

Desde la ratificación de la Convención sobre los derechos del Niño, Chile se ha impulsado significativamente en el acceso universal de los niños y niñas a las condiciones básicas para una vida digna. Desde la perspectiva de su capacidad de respuesta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las políticas públicas en Chile muestran notables avances, particularmente en sus coberturas, asociados a un fuerte aumento en la inversión social en educación, salud, vivienda y seguridad social.

En este contexto, cuando el estado Chileno ratificó la Convención, el Servicio Nacional de Menores se constituyó en el instrumento primordial de la implementación de una política de protección de derechos destinada a los niños, niñas y adolescentes en circunstancias de riesgo y vulnerabilidad social

De esta forma, surge una nueva doctrina hacia la protección integral de la infancia la cual obliga a garantizar un conjunto de condiciones básicas para el desarrollo de la infancia. Estos derechos deben hacerse efectivos mediante políticas públicas y mecanismos legales e institucionales que los hagan exigibles.

Esta institucionalidad, posee dos áreas técnicas. El área de protección de derechos se encarga de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos contribuyendo a la prevención de dichas conductas, y a la restitución de aquellos, reparando el daño causado, buscando la integración familiar, comunitaria y social, con enfoque de género y el área de Responsabilidad Penal Adolescente de la reinserción social de los adolescentes infractores de ley asegurando la ejecución de las medidas cautelares personales, salidas alternativas y sanciones en conformidad a la Ley de Responsabilidad penal de Adolescentes (Ley 20.084), con pleno respeto en sus derechos y garantizando una intervención socioeducativa de calidad orientada a la responsabilidad y la reinserción social, cuando corresponda, con enfoque de género.

En la política social implementada por el Gobierno en materia de infancia y adolescencia si bien se están consolidando a nivel institucional, esta se debe encauzar en programas, planes y beneficios destinados a niños, niñas y adolescentes. Hasta ahora, la política existente se compone de una suma de programas y servicios para la población infantil ingresada a tribunal de familia o garantía, incluida la de menor edad, sin que los niños niñas y adolescentes pertenecientes al resto de la población no judicializada tenga una prioridad especial. .

Desde el enfoque tutelar del estado, es posible afirmar que el estado quien debe solucionar las inequidades, pero la realidad es que lo que se necesita y como lo apunta Contreras (vid.pag30, 1999) es generar las condiciones para asegurar el ejercicio de los derechos de la población. Esto corresponde a que los potenciales beneficiarios indirectos deberían ser todos los chilenos menores de 18 años y lo potenciales beneficiarios directos los niños, niñas y adolescentes que presentan factores de riesgo (variables que inciden en que exista un comportamiento que excede una situación normal, como la delincuencia o la vulneración de un derecho) o vulnerabilidad social (concepto relacionado principalmente con la pobreza).

Uno de los principales defectos de esta institucionalidad es que no tiene alcance universal, es decir, no es una entidad que se preocupe por todos los niños, niñas y adolescentes. Sus programas están dirigidos a niños con algún problema y no se coordinan con las políticas sociales de infancia. Esta situación se ve empeorada por el hecho que nuestro país no cuenta con una Ley de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que regule con claridad los derechos de los niños reconocidos en convenciones internacionales y los mecanismos existentes en el Estado para prevenir una eventual vulneración de sus derechos o para reparar al niño o niña y su familia en caso que se haya materializado tal vulneración.

Las ofertas de programas en cada sector tienen sus beneficios, pero también sus limitaciones, una de las principales que considero es abordar el desarrollo infantil desde la edad temprana, esta es la clave en la fase del desarrollo del niño para que sea integral. Desde mi perspectiva , lo relacionado a la crianza y la importancia de reformulación de políticas que vayan enfocadas al análisis de las pautas de crianza a nivel nacional, según su nivel socioeconómico y contextos locales que se refieren a grupos étnicos, rural, urbano, aislamiento, etc. Y otros que estén enfocados a situaciones específicas como la pobreza, extrema pobreza, madres adolescentes, comunidades étnicas y otros.

Lamentablemente las políticas de Gobierno no están cumpliendo a cabalidad lo que se han propuesto, ya que los programas y servicios funcionan aisladamente y con frecuencia compiten entre sí por recursos, beneficios y reconocimiento público. Hay descoordinación, pérdida de energía, duplicidad en los esfuerzos en vez de complementarse unos con otros y seguir un solo fin. Es tan importante el entorno en el cual se desarrolla el niño y después de la crianza es como ese niño se mueve en su medio.

Quisiera

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