INDICADORES GESTION SOCIAL

Indicadores de gestión en los servicios públicos

Wally Meza San Martín

Hacia una buena gestión fiscal1

En aquellos países en los cuales se introdujeron cambios cuyo objetivo es mejorar la calidad de la gestión fiscal, fueron aprobadas normas jurídicas para la transparencia de la política fiscal (a la cual se le concede enorme importancia), la declaración de información sobre las finanzas públicas y la responsabilización formal del Gobierno ante la ciudadanía por su desempeño fiscal.

En este sentido, Nueva Zelanda promulgó, en 1994, la Ley de Responsabilidad Fiscal, Australia aprobó la Carta de Honestidad Presupuestaria y Gran Bretaña legisló un Código de Estabilidad Fiscal.

Así, resultan altamente significativos los compromisos asumidos por el gobierno neocelandés en la materia, tal como lo señalan sus principios y normas incluidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La Ley de Responsabilidad Fiscal

Esta ley detalla, sin ambigüedades, la manera en que el Gobierno debe hacer conocer las políticas que propone, y la forma que adopta para asegurar que la legislatura y la ciudadanía puedan saber cómo se cumple con los principios de la gestión fiscal.

La ley exige los siguientes requisitos:

1. Publicar una declaración de política presupuestaria que contenga prioridades estratégicas para el próximo presupuesto, explicitando las intenciones fiscales a instrumentar a corto plazo, y, a su vez, manifestando los objetivos fiscales a largo plazo, previamente a la presentación del documento a la legislatura.

2. Revelar el impacto de las decisiones fiscales sobre un período de pronóstico trianual, con las debidas actualizaciones en materia económica, tributaria y de gastos.

3. Presentar toda la información financiera conforme a prácticas de contabilidad generalmente aceptadas.

4. Remitir todos los informes que exige la ley a una comisión parlamentaria especializada.

Expectativas planteadas por la ley

Todas estas disposiciones buscan promover aquellas reformas que enfatizaban la creación de incentivos para alcanzar los objetivos que se esperan de los administradores del sector público.

Entre las expectativas planteadas se encuentran:

i. Dar mayor responsabilidad a los jefes de departamentos asociados, con mayores recompensas y castigos en términos contractuales.

ii. Poner énfasis en la especificación de las producciones de los bienes y servicios públicos que se esperaba alcanzar y que se definieron previamente.

iii. Reducir el control de los insumos.

iv. Introducir sistemas de información para medir resultados. Esto, a su vez, se basa en una clara separación entre el ámbito de definición de las políticas y el nivel operativo, la elaboración de contratos de responsabilidad basados en obligaciones nítidamente determinadas, sistemas de administración por resultados, y rendiciones de cuenta claramente expuestas.

Iniciativa de la Administración Financiera

Vale mencionar, en el mismo sentido, la llamada Iniciativa de la Administración Financiera, implementada por el Gobierno inglés, que se promovió como un medio para desarrollar, en cada departamento institucional, una organización y un sistema en donde los administradores de todos los niveles tuvieran:

i. Una clara visión de sus objetivos y un medio para evaluar y, en la medida de lo posible, medir los resultados en relación con esos objetivos.

ii. Establecer su responsabilidad para hacer un uso óptimo de los recursos, incluyendo un escrutinio crítico de los resultados.

iii. Contar con información -particularmente acerca de los costos- que fomente el adiestramiento especializado de los administradores, como forma de ejercer mejor su responsabilidad.

iv. Mejorar el sistema de rendición y los métodos de medición de los resultados.

Presupuesto por responsabilidad

Todos estos movimientos confluyeron en el denominado "presupuesto por responsabilidad", concebido como el instrumento adecuado y conducente para comprobar los efectos de las medidas adoptadas.

El concepto de presupuesto por responsabilidad surge de la experiencia recogida en

...