Iniciativa CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

III. Objeto y descripción de las iniciativas

Las Comisiones Unidas Dictaminadoras elaboraran el análisis respectivo sobre las tres Iniciativas que proponen un Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer lugar, se expone un extracto de las motivaciones que llevaron a los legisladores promoventes a presentar cada una de las iniciativas, así como un resumen de los objetivos principales de cada una de las propuestas normativas.

En segundo lugar, estas Comisiones Dictaminadoras presentan un cuadro comparativo en el que se realiza un análisis exhaustivo, por tema, de los modelos jurídicos planteados en las Iniciativas.

1) Descripción general de las Iniciativas, su exposición de motivos y el marco normativo en que buscan expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales

A. Iniciativa presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum Bajo e Hilda Esthela Flores Escalera, todas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

B. Iniciativa presentada el Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

C. Iniciativa presentada por los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Angélica de la Peña Gómez, Omar Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo, Layda Sansores San Román y Dolores Padierna Luna, pertenecientes a diversos Grupos Parlamentarios.

A. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos presentada el día 4 de abril de 2013 por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum Bajo e Hilda Esthela Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

La Iniciativa en su exposición de motivos expresa:

I. Son muestras de la crisis del actual sistema de justicia penal el incremento de la inseguridad pública provocada por el delito y la impunidad propiciada por la falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito, de procurar y administrar justicia.

II. La reforma constitucional de 2008 fue producto de diversas propuestas provenientes tanto de legisladores como del Ejecutivo Federal, de la participación en el proceso que tuvieron distintos organismos académicos públicos y de la sociedad civil, así como de algunos organismos internacionales.

III. A raíz de la reforma de junio de 2008, algunas entidades federativas tomaron la iniciativa para emprender reformas a su sistema procesal penal e implantar los juicios orales, como sucedió en Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas, ya sea de manera parcial o integral. Por lo anterior, existe diversidad de criterios con relación a ciertos contenidos constitucionales y a los alcances de diversas instituciones que prevé la reforma, así como del modelo procesal acusatorio y oral a seguir.

IV. En diversos estudios, encuentros y foros judiciales, se ha concluido en la necesidad de avanzar en el proceso de codificación uniforme, comprobándose que este proceso no atenta contra la soberanía de las entidades federativas y resulta perfectamente compatible con el federalismo, tal y como lo demuestran las experiencias de países federales como Brasil y Alemania.

La iniciativa busca:

1. Unificar la legislación procesal penal, para que los criterios políticocriminales que habrán de observarse en el procedimiento penal igualmente se unifiquen en todos sus aspectos, y así evitar que en el país haya distintas formas de procurar y administrar justicia.

II. Que la nueva legislación procesal penal prevea los mecanismos necesarios y adecuados que permitan, por un lado, hacer efectivos los principios y garantías previstos en la Ley Fundamental, característicos del sistema procesal acusatorio, y por el otro, hacer realidad los principios y garantías propios del Derecho Penal Sustantivo o material de corte democrático y liberal, que igualmente tienen su base en la Constitución y que expresa o tácitamente se encuentran consagrados en los Códigos Penales.

III. Establecer límites del poder penal y garantía de protección de los derechos humanos de los actores del juicio penal, así como brindar a la sociedad un sistema penal que garantice de manera más efectiva la protección de sus bienes jurídicos frente al delito, que se combata eficazmente la delincuencia y la inseguridad pública provocada por ésta, y que se combata la impunidad y la corrupción, entre otros males que aquejan al sistema.

IV. Considerar la realidad sociocultural, política, económica y jurídica de la Nación mexicana y de cada una de las Entidades federativas en particular, para que la reforma sea una respuesta a sus necesidades.

Si bien el legislador mexicano debe tomar en cuenta las experiencias del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal Comparado, no debe simplemente trasplantar algún modelo procesal ajeno; debe esforzarse en autogenerar un modelo nacional partiendo de la base constitucional.

V. Precisar las transformaciones que tanto orgánica como funcionalmente habrán de experimentar las diversas instituciones del sistema de justicia penal, como el Ministerio Público y sus auxiliares, el Poder Judicial y el órgano encargado de la ejecución penal, así como el papel que la víctima y el defensor deben desempeñar en el proceso penal.

VI. Aplicar los juicios orales al mayor número de casos, sobre todo los más graves. Asimismo, sugiere el uso de las salidas alternas o la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias para despresurizar el actual sobresaturado sistema penal y así generar un sistema más ágil donde los juicios orales puedan cumplir con su función.

VII. Otorgar una intervención más amplia a la víctima, al ofendido y a su asesor legal, tanto en la etapa de investigación como durante el proceso, para que aporten directamente las pruebas, ya sea para el ejercicio de la acción penal o para la acreditación de los presupuestos necesarios para la imposición de una pena o medida de seguridad, así como para el aseguramiento o la restitución de sus derechos y el embargo precautorio para garantizar la reparación de daños y perjuicios causados por el delito.

B. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide

...