Inseguridad Social

Desde otro punto de vista, Misiones no posee un plan de acción provincial

orientado a cubrir las necesidades de información sobre victimización e

inseguridad para el diseño de políticas públicas focalizadas. Se sabe que sólo 1 de

cada 4 delitos se denuncian y la tendencia a no denunciar ha aumentado

En el último quinquenio, particularmente debido a la imagen de la policía y el

sistema judicial. No hay, sin embargo, acciones orientadas a promover las

denuncias y reducir la cifra negra.

Las acciones dirigidas a mejorar o promover la confianza en las instituciones son insuficientes y no han sido efectivas.

Respecto del enfoque y gestión en seguridad ciudadana, las instituciones del

Poder Ejecutivo tienen como eje prioritario el control de las fuerzas policiales y se

ocupan más de la disuasión y represión del delito que de la prevención. Evidencia

de lo señalado es, en parte, el comportamiento del gasto público:

1- ) El mayor porcentaje del gasto público, considerando sector judicial, penal y

seguridad, se ha orientado principalmente a otros sectores del estado, que

involucra el presupuesto de la policía;

2- ) El gasto en el ámbito judicial sobre el gasto público se ha reducido;

3- ) El presupuesto, se reduce significativamente. En resumen, si bien hay un

mayor gasto social por habitante, más allá de su relación con la crisis

socioeconómica, no se puede afirmar que hay un mayor gasto en áreas vinculadas

a la inseguridad ciudadana.

En cuanto a las tareas vinculadas a prevención, a nivel del gobierno provincial hay

una separación tácita y disfuncional al ejercicio de una política eficaz. De esta

forma, el ministerio de gobierno del poder ejecutivo en el campo de la seguridad

ciudadana no trabaja coordinadamente ni comparten el mismo enfoque.

La seguridad ciudadana no está en la agenda del Estado. Si bien existe un marco

que regule y promueva la acción coordinada en el sector, como ser el Foro Vecinal

de Seguridad, Ley N 4051/2004, con reglamento de actuación, el enfoque de la

seguridad pública no despierta adhesión, ni es convergente, por cuanto no es

funcional a las necesidades de impulsar políticas para abordar con eficacia

los problemas de violencia no delictual y la inseguridad (temor). Al mismo tiempo,

no hay un liderazgo institucional a nivel provincial que vincule seguridad y

prevención, política pública, política social y gestión intersectorial.

En relación a la institucionalidad a nivel, provincial y local existe una estructura de

instituciones responsables de manera directa y otras que colaboran

indirectamente. Hay otras que deberían colaborar en el provisionamiento de

servicios ante la demanda de seguridad ciudadana, pero que no trabajan bajo un

marco y óptica común, actúan en forma independiente, ni funcionan como partes

de un sistema integrado.

No hay una estrategia que involucre a la sociedad civil en este nivel. Si bien se

encuentra en funcionamiento la Dirección de Policía Comunitaria de la Policía de la

Provincia, actualmente no realiza la tarea eficaz en la concientizacionde las

prevenciones en materia de seguridad ciudadana.

Todo lo anterior obliga a repensar y promover un tratamiento más eficaz de la

seguridad ciudadana, planteando la necesidad de construir consensos desde las

definiciones sobre la naturaleza de los problemas y las prioridades hasta los

factores y mecanismos relevantes y las vías más efectivas de solución.

LINEAS DE TRABAJO Es necesario diseñar e implementar estrategias dirigidas hacia el delito y aquellas

orientadas a disminuir la violencia y el sentimiento de inseguridad de la población.

Hay conciencia sobre la necesidad de acciones focalizadas, atendiendo realidades

específicas y particulares, como criterio transversal en el diseño y ejecución de

políticas públicas, pero no hay mecanismos capaces y capacitados para concretar

aquello en gestión y política pública en la materia. La Policía de Misiones cuenta

conla Dirección de Policía Comunitaria con programas específicos en materia de

seguridad ciudadana. Sin embargo, hay debilidades que hacen sugerente y urgente

el fortalecimiento institucional, entre otros aspectos.

En cuanto a las iniciativas, metodologías y prácticas en la provincia, hay escasas

acciones en la fase pre-delictual (prevención del delito) y prácticamente ninguna

ligada a la inseguridad subjetiva.

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