Juicios Orales En México

En México el sistema de justicia se encuentra en la actualidad en crisis, la corrupción y el amiguismo han permeado todos los niveles del sistema y esto ha provocado que la población no confié más en el sistema penal ni en sus autoridades, y con justa razón, ya que cada vez la procuración de justicia en el país es más ineficiente y son muchos los casos en que se cometen injusticias y arbitrariedades sin contar además que debido a la saturación de los juzgados, es cada vez más largo el tiempo que un ciudadano que se encuentra sometido a proceso debe esperar para que se le dicte sentencia, la situación se ha agravado en los últimos años debido al aumento sin precedentes de la violencia debido al fortalecimiento de los grupos de delincuencia organizada y las luchas que estos mantienen entre ellos y el estado por el control de las “plazas” en las cuales realizan sus actividades delictivas, el secuestro, la extorción y todo tipo de actividades criminales han aumentado de manera preocupante y en ocasiones la delincuencia parece rebasar la capacidad del estado de combatirla.

Es dentro de este contexto que se da la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 que proporciona el marco legal para la implantación de un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, en un esfuerzo para modernizar y agilizar la impartición de justicia asi como de garantizar al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos de la población, sin embargo este sistema acusatorio de corte garantista exige un cambio en la forma en que se ha concebido tradicionalmente la impartición de justicia, un cambio de paradigma juridico dentro del cual el respeto a las garantías individuales de los sujetos procesales es la parte más importante, así pues los derechos de los inculpados tanto como de la víctima han sido objeto de especial atención en este esquema, y el reto será su aplicación e implantación sin detrimento al poder del estado y su fuerza coercitiva dentro del marco legal propuesto.

Para poder entender lo que implica un sistema de juicios orales es necesario hacer hincapié en la naturaleza acusatoria del procedimiento, así pues mientras un sistema inquisitivo que es el que actualmente se aplica en nuestro país requiere solamente un juicio como condición necesaria para imponer una pena, el sistema acusatorio exige que este sea desarrollado con garantías procesales en materia de prueba y de defensa, es decir el sistema acusatorio implica que en el proceso penal debe existir una clara separación entre acusación y juzgamiento; que haya igualdad plena entre acusación y defensa y que el juicio sea público y oral, este sistema se enfrenta a la necesidad de armonizar por un lado el interés en la búsqueda de la verdad y por otro el interés del procesado en la salvaguarda de sus derechos individuales en consecuencia el sistema penal debe alcanzar esa meta dentro de las limitaciones que se derivan de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución.

En nuestro país se tiene una historia penal originada en el modelo inquisitivo en el que si bien las legislaciones penales lo han ido modificando con la finalidad de adoptar un sistema de justicia penal acusatorio, aun no se ha podido desterrar en forma total el proceso inquisitorial en perjuicio del imputado, pues en mayor o menor medida este subsiste en los ordenamientos legales y lo que es peor aún sigue siendo empleado por los sectores operativos del sistema de justicia penal, pues aun arrastran los vicios derivados del tiempo durante el cual se ha empleado dicho sistema. Así pues existe en la actualidad una fase del proceso penal totalmente inquisitiva que es la averiguación previa en la cual un sujeto procesal que es el ministerio publico trabaja a su vez como autoridad, recaba pruebas y las valora para determinar la existencia de un hecho punible, acusa al responsable, y tiene la facultad de recibir una declaración indagatoria del imputado y que en la ,mayoría de las veces no se utiliza como un acto de defensa sino como un medio de obtener una prueba de cargo, en esta parte el ministerio publico en compañía de su policía decide y selecciona los hechos que ingresaran al juicio y es dependiente directo del poder ejecutivo lo cual lo constituye en juez y parte dando como resultado que sea en esta fase donde más se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos sujetos a proceso.

Así pues ante el aumento de las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la exigencia de los grupos protectores de los derechos humanos, comenzó un movimiento tendiente a la reforma del sistema de justicia penal en México para adecuarlo a una tendencia acusatoria, igualitaria y democrática que culmino el 18 de junio del 2008 con la publicación en el diario oficial de la federación del decreto que reformo varias disposiciones constitucionales en materia penal cuya justificación fue la de hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia y elevar la confiabilidad de los procedimientos al implementar el sistema de justicia penal acusatoria oral.

La propuesta del nuevo sistema penal acusatorio oral en México puede ser descrita de la siguiente manera:

 La autoridad está obligada a implementar medidas alternativas que no impliquen necesariamente un procedimiento judicial para la imposición de una sanción, para buscar lograr la reparación del daño, que el imputado tome conciencia de su acción, se reintegre a la sociedad, no se contamine en reclusión, y se depuren las acciones procesales, para que los jueces conozcan de los casos realmente graves y que no puedan ser solucionados alternativamente

 El ministerio público no tendrá poder de autoridad en la averiguación previa. Durante todo el procedimiento penal se encontrara en igualdad de circunstancias con el imputado, el defensor, la víctima y la coadyuvancia.

 Todas las fases del procedimiento penal deberán ser vigiladas y controladas por la autoridad jurisdiccional. Toda afectación a derechos fundamentales del imputado, la víctima y demás involucrados en el hecho punible o el procedimiento, deberán ser autorizadas por el juez, salvo en el caso de flagrancia.

 Los jueces que intervengan en las fases de averiguación, preparación, juicio y ejecución, serán distintos, para efectos de conservar su imparcialidad y objetividad.

 Las pruebas, para ser valoradas y tomadas en cuenta en el procedimiento, deberán ser obtenidas sin violación a los derechos fundamentales, respetando la audiencia y la contradicción de todos los sujetos procesales, y deberán ser reproducidas ante el juez en el procedimiento. Ningún juez tendrá la facultad de allegarse pruebas o perfeccionar las ofrecidas, admitidas y desahogadas para así conservar siempre su imparcialidad y objetividad.

 La

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