Nuevo Codigo De Procedimientos Penales

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

OCAMPO

TEXTO ORIGINAL

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL 13 DE ENERO DE 2012, TOMO: CLIII, NÚMERO: 44.

LEONEL GODOY RANGEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber:

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA:

NÚMERO 425

ÚNICO. Se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar de la forma siguiente:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

OCAMPO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto del Código de Procedimientos Penales y definiciones generales.

El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Para efectos del presente código, se entenderá por:

I. Denuncia, el reporte o noticia criminal que se realice ante la autoridad competente sobre un hecho posiblemente constitutivo de uno o varios delitos;

II. Querella, la expresión de voluntad de la víctima u ofendido del delito, o de sus representantes, ante la autoridad competente, cuando el delito proceda a instancia de parte;

III. Acción penal, facultad del Ministerio Público, acusador particular o privado para iniciar un proceso penal en contra de uno o varios individuos;

IV. Acuerdo reparatorio, pacto entre la víctima u ofendido y el imputado que lleva como resultado a solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo que tiene el efecto de concluir el procedimiento;

V. Investigación, todo acto tendiente al esclarecimiento de los hechos relacionados con la posible constitución de uno o varios delitos;

VI. Fundamentación, el sustento legal para su aplicación en el caso particular. Bajo el principio de contradicción, en las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar los preceptos legales en que se fundamentan, salvo los casos en que durante las audiencias alguna de las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria o de la autoridad judicial porque exista duda sobre ello. El juez calificará si procede o no la aclaración sobre la fundamentación. En las resoluciones escritas que dicten las autoridades se deberán invocar los preceptos en que se fundamentan;

VII. Motivación, la expresión de los razonamientos lógicojurídicos sobre el por qué se considera que el caso concreto se ajusta, o no, a la hipótesis normativa;

VIII. Mecanismos alternativos de solución de controversias penales, los procedimientos de mediación, negociación y conciliación que conozca la autoridad competente;

IX. Mediación, técnica que facilita la comunicación entre las partes en conflicto, con el propósito de que lleguen por sí mismos, a una solución que ponga fin a una controversia;

X. Negociación, proceso de comunicación y toma de decisiones entre las partes, en el cual se les asiste para elaborar el acuerdo que dé solución al conflicto o impulse un acuerdo satisfactorio entre las partes;

XI. Conciliación, proceso en el que se presentan alternativas de solución de las partes en conflicto para llegar a un acuerdo;

XII. Carga de la prueba, corresponde al Ministerio Público probar en el debate la existencia de los hechos que funden sus pretensiones. Igualmente, las partes asumirán la carga de la prueba de sus afirmaciones; y,

XIII. Debido proceso, es un derecho fundamental según el cual, toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas establecidas en la ley, tendientes a obtener un resultado justo y equitativo en un proceso judicial. Entre las garantías que conforman el debido proceso legal se encuentran las siguientes: derecho a un juez predeterminado por la ley, derecho a un juez imparcial, legalidad de la sentencia y derecho a ser asesorado.

ARTÍCULO 2. Etapas del proceso penal.

El proceso penal se compone de las siguientes etapas:

II. Intermedia o preparatoria a juicio oral, etapa que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación de la reparación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral;

III. Juicio oral, etapa en que se deciden las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación y asegurará la concreción de los principios de concentración, inmediación, publicidad, contradicción, continuidad, buena fe y lealtad;

IV. Impugnación, etapa que se desarrolla ante el juez o tribunal competente, con el fin de revisar una resolución; y,

V. Ejecución de sanciones, etapa que comprende desde el momento en que se cause ejecutoria la sentencia del tribunal de juicio oral, o del juez de control de garantías en caso del procedimiento abreviado, hasta la extinción de las sanciones aplicadas.

ARTÍCULO 3. Principios del proceso penal.

Son principios del proceso penal acusatorio y oral y, por lo tanto aplican en todas sus etapas, salvo disposición en contrario:

I. Principio de publicidad, consiste en que las audiencias son abiertas a la sociedad, tanto en lo general, como respecto de los asistentes a las salas de los tribunales en lo particular. Los tribunales podrán restringir la publicidad o limitar la difusión cuando existan razones fundadas para justificar que se pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso, o que existan razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas u ofendidos, testigos y menores de edad o, se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos;

II. Principio de contradicción, consiste

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