Pacto Por Mexico

El Pacto por México es un acuerdo político suscrito por: Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática; María Cristina Díaz Salazar, Presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional y Gustavo Madero Muñoz, Presidente Nacional del Partido Acción Nacional.

El Pacto por México

Lilian Chapa Koloffon

• México Evalúa

El Pacto por México, firmado por PRI, PAN y PRD hace dos semanas, se concibe como un gran acuerdo político nacional para dar certeza al país y promover las reformas estructurales requeridas para avanzar por el camino correcto. Para algunos esto sugiere que podríamos estar ante la reformulación del “contrato social” mexicano.

Los alegatos de fraude en las últimas dos elecciones presidenciales trastocaron la legitimidad y la confianza que tanto esfuerzo costó construir en torno al proceso y al árbitro electoral. Los reclamos por el uso indebido y excesivo de la fuerza pública después de los disturbios el pasado primero de diciembre ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para hacer uso de la misma en situaciones que lo ameritan. ¿De dónde proviene la legitimidad de los gobiernos en México si ya no es de las urnas? ¿Cómo se restaura el monopolio legítimo de la fuerza del Estado?

El “contrato social”, en la forma en que lo concibieron los clásicos (Hobbes, Locke y Rousseau), implica esencialmente el establecimiento de reglas del juego que guíen el desarrollo de una sociedad. En ese contrato hay un intercambio tácito: los ciudadanos ceden libertad por seguridad y son responsables de cumplir la ley; mientras que los gobernantes aseguran velar por el interés público y son responsables de hacer cumplir las leyes. El problema en México es que la legitimidad del contrato social está erosionada. No todos los mexicanos se sienten obligados a cumplir las leyes y no todos aceptan la autoridad gubernamental como legítima.

En El acertijo de la legitimidad (2007) Luis Rubio y Edna Jaime plantearon la necesidad de reconstruir el contrato social en México y analizaron la ruta de reforma institucional y de operación política necesarias para lograrlo. Los autores afirman que para que cualquier país funcione se debe “contar con un gobierno legítimo con el monopolio de la autoridad y del uso de la fuerza (…) [no obstante] los mexicanos [estamos] al borde de un abismo institucional: un gobierno sin sustento de legitimidad, sin el monopolio de la violencia y sin una estructura legal que sea percibida por todos como legítima”.

¿Cómo articular un nuevo contrato social en México? Para ello es preciso avanzar hacia un objetivo común, construir consensos y lograr que todos los actores acaten las reglas. Los consensos nacionales no se construyen de la noche a la mañana y, aunque generalmente son impulsados por grupos sociales o partidos políticos, es fundamental involucrar a la sociedad toda, sino éstos no tendrán legitimidad.

El PRI logró la anuencia de las fuerzas partidistas en la firma del Pacto por México, pero falta socializar la importancia del acuerdo político con todos los actores políticos y sociales, órdenes de gobierno, poderes de la Unión, organizaciones civiles y ciudadanos. Los incentivos para que los ciudadanos participen decididamente en el pacto deben ser los suficientemente atractivos, y los costos por incumplimiento sumamente altos para aquellos actores que se benefician del statu quo (poderes fácticos, sindicatos, monopolios, grupos de interés).

Los actores políticos que promovieron este acuerdo político, económico y social han afirmado la importancia que tiene la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas que contribuyan a impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. Por ello, México Evalúa ha aportado elementos para el diagnóstico y el debate en los cinco acuerdos suscritos en el Pacto*:

Sociedad de derechos y libertades: estudios sobre la calidad del gasto público en educación, salud y gasto social.

Crecimiento económico, empleo y competitividad: estudios sobre el gasto público en infraestructura; análisis sobre el gasto y la deuda estatal; participación en un observatorio económico para monitorear la progresión de indicadores clave para el crecimiento del país.

Seguridad y justicia: reportes sobre víctimas visibles e invisibles de delitos dolosos en el país, indicadores sobre el desempeño del sistema de justicia penal (policías, sistemas penitenciarios, procuración de justicia).

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: evaluación institucional del sistema anticorrupción vigente; análisis de propuestas partidistas para crear nuevos órganos para combatir la corrupción.

Gobernabilidad democrática: análisis sobre las iniciativas de reforma política en México; estudio sobre la geografía del voto en el país; análisis del gasto electoral.

Las posibilidades de éxito de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México incrementan en la medida en que se suma el apoyo de más actores y se logra consenso en torno a un nuevo contrato social con metas concretas, leyes claras e incentivos adecuados. La evaluación sistemática y el monitoreo cercano de las organizaciones de la sociedad civil al Pacto serán elementos clave para recuperar la legitimidad del contrato social que se planea poner en marcha en todo el país.

México Evalúa se compromete a dar seguimiento a los avances y alcances de este Pacto nacional. Nuestra misión como organización de la sociedad civil es continuar tendiendo puentes de comunicación entre los políticos y el ciudadano, así como acercar a los legisladores, políticos y tomadores de decisión datos, indicadores y conocimiento que permitan conducir a México por el camino de la prosperidad económica y la estabilidad social.

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el

artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo

hecho señalare la ley;

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la

fecha del auto de formal prisión;

III.

...