Participacion Protagonica

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 62, 70 y 132, promueve la participación ciudadana, como medio protagónico del pueblo en el ejercicio de su soberanía.

Hablar de participación significa en lo más simple la posibilidad de intervenir, colaborar, cooperar, aportar. Sin embargo, participación ciudadana implica algunos otros elementos que en este breve informe se tratarán de aclarar. Algunos autores como Cunill Grau (1991) mencionado en Núñez (2007) consideran que es una institución de carácter multidimensional que implica la intervención de las personas en actividades públicas que reflejan y dan respuesta a los intereses sociales. Por su parte Estrada Saavedra (1995, p. 102) dice, que es un medio para socializar las decisiones y acciones colectivas a través de la intervención de los ciudadanos en los diferentes espacios de dominio público, generando en tal sentido mecanismos de distribución, administración y control de los recursos sociales. Tal y como lo menciona el autor, son espacios de interacción social en los que cada integrantes de la comunidad debe entender a sus “alter ego”, como seres con los que se establece no solo la simple actitud dialógica‐pragmática, sino la co‐rrespondencia y el reconocimiento del otro como parte de un mismo órgano social.

También Pasquino (1988) mencionado en Núñez (2007) expresa que es un conjunto de actos y actitudes mediante las cuales hay pretensión de influir de forma “mas o menos directa y más o menos legal” sobre las decisiones de aquellos que detentan el poder con el objetivo de “conservar o modificar las estructura del sistema de intereses dominantes. Mayor (1999) mencionado en Núñez (2007) en tanto tiene una posición más radical al respecto, estableciendo una similitud con la frase más célebre de Descartes cuando expresa “participo, luego existo”, como fórmula de la democracia‐poder. Sin embargo, se reconoce que la dependencia estructural y sistemática con los mecanismos y condiciones para la participación, lo cual de ninguna manera niega la naturaleza ciudadana por la precariedad de éstos.

Sin ambiciones de determinar el alcance de los vocablos participación política y ciudadana, se considera que, ésta última se refiere a una actividad mediante la cual, los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus ideas, opiniones o alternativas, así como de gestionar o ejecutar acciones relacionadas o concernientes a la comunidad, a la sociedad, a las regiones y al país. De allí que la participación ciudadana encuentra en el Proyecto Nacional Simón Bolívar su carta de presentación específicamente en la directriz Democracia participativa y protagónica, en la cual consideran la capacidad de los individuos de organizarse para transformar su realidad, su debilidad individual en fuerza colectiva, teniendo en cuenta el establecimiento de mecanismos de participación que permitan construir una comunidad y no individuo aislados y egoístas. E tal sentido, se busca consolidar la organización social y transformar la realidad, en el sentido, de fortalecer la independencia, la libertad y el poder originario del individuo, fundamentado en los principios Bolivarianos. Dimensiones de la participación ciudadana La participación ciudadana es multidimensional pues abarca aspectos tales como: lo ideológico, político, jurídico, económico y social: En cuanto al aspecto ideológico, se puede distinguir una concepción individualista y otra colectivista: La primera considera a los votantes como clientes, a los partidos políticos como oferentes de las políticas públicas y la democracia como el mercado donde se ejecutan esas políticas.

Desde la dimensión jurídica, conforma los diferentes mecanismos legales que permiten y fortalecen la participación ciudadana, entre las cuales se encuentra en primer lugar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Plan Nacional Simón Bolívar, la Ley de Consejos Comunales, entre otros. En cuanto a lo económico, se preconfigura el derecho de los trabajadores para regular las relaciones mercado‐Estado‐comunidad. En tal sentido se prevé, que la ciudadanía asuma el control de las diferentes operaciones de organización y distribución de los diferentes recursos o bienes de subsistencia.

La dimensión social va a permitir equidad y justicia de todos los ciudadanos dentro de la sociedad. Al respecto, el Plan Nacional Simón Bolívar se presenta como una vía de oferta estatal participativa, con propuestas para la participación y la organización popular, constituyéndose en una práctica cada vez más extendida, en diferentes ámbitos de la sociedad (salud, educación, economía, política, cultura, deporte, entre otras), en la que la población puede participar activamente en la planificación y gestión de programas sociales. De esta manera, se contribuye con el rescate de la organización popular efectiva, como un asunto público, lo cual permite la apertura de nuevos espacios para la participación, siendo los Consejos Comunales una de las principales instancias. Además están los Comités de Tierras, de Salud, Mesas Técnicas, Comité de Hábitat y Vivienda, Misiones, entre otras, a través de las cuales, se facilita la difusión para la elaboración de los diferentes proyectos dirigidos a atender las necesidades prioritarias de las comunidades, impulsando así un nuevo liderazgo a nivel comunitario y social.

ARTICULO 62

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Artículo 132. °

Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.

La Venezuela posible y esencialmente democrática debe desarrollar una profunda reforma del Estado, destinada a mejorar la focalización y coordinación de su acción social, asegurar los liderazgos a nivel nacional y local, aumentar el aporte de los recursos entregados por el estado a las regiones, incentivar la descentralización a partir del desarrollo de áreas con potencial para asegurar el abastecimiento de la población y de los sectores productivos, eliminar incertidumbres, distorsiones y rigideces en materias regulatorias,

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