Politaca De La Mujer En Mexico

DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA, A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y A UNA VIDA DIGNA.

El acceso a la justica es todavía un privilegio en México: la mayoría de la ciudadanía tiene una sensación de que predomina la impunidad, pero existen algunos grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y niñas que están aun mas alejadas de acceder a este derecho.

El limitado acceso a la justicia para las mujeres ha merecido informes, recomendaciones específicas e incluso tres sentencias condenatorias por parte de la corte interamericana de Derechos Humanos contra el estado mexicano por violar el derecho de acceso a la justicia; entre otros derechos.

La violencia contra las mujeres y su raíz -la discriminación- es un problema grave de derechos humanos, con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, constituyendo un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el respeto a su vida e integridad física, psíquica y moral.

¿Qué se entiende por acceso a la justicia?

•Acceder es obtener una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres.

•Comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos y prevenir la impunidad.

•Indispensable el acceso a la justicia de jure y de facto.

•Estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia frente a violaciones a derechos humanos: Prevención, Investigación, Sanción y Reparación

Los principales obstáculos que encuentran las mujeres al buscar acceso a la justicia son los siguientes:

• Patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial.

• Baja utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia (maltrato que pueden recibir víctimas y sus familiares al intentar acceder a recursos judiciales; persistente desconfianza que las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos perpetrados).

• Sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas.

• No consideran prioritarios los casos de violencia.

• Descalifican a las víctimas.

• No efectúan pruebas que resultan claves para el esclarecimiento de responsables.

• Asignan énfasis exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales.

• Otorgan poca credibilidad a las aseveraciones de las víctimas.

• Brindan tratamiento inadecuado a ellas y a sus familiares cuando intentan colaborar en la investigación de los hechos.

• Ausencia de instancias de la administración de la justicia en zonas rurales, pobres y marginadas.

• Falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos.

• Debilidad de los ministerios públicos así como de las instancias policiales involucradas en la investigación de delitos.

• Falta de unidades especiales de fiscales y de policía con los conocimientos técnicos especiales requeridos para abordar temas de violencia.

• Cultura patriarcal, estereotipos.

Obstáculos en normatividad civil y penal

• Lenguaje y contenido de legislación con deficiencias, vacíos, falta de armonización; presencia de conceptos discriminatorios, que actúan en detrimento y desventaja de las mujeres.

•Existencia de legislación anacrónica y disposiciones discriminatorias basadas en concepciones estereotipadas del papel social que desempeñan las mujeres; valores como honra, pudor y castidad de la víctima.

•En algunos países todavía existen disposiciones jurídicas que eximen al agresor de actos de violación si contrae matrimonio con la víctima.

• Las leyes en general todavía se concentran primordialmente en violencia doméstica e intrafamiliar; no abarcan diversas manifestaciones de violencia que se cometen contra las mujeres.

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