Reforma Fiscal Verde

Documento extraído de: Reforma Fiscal Verde en Costa Rica, 2008

José Pablo González Espinoza

Laura Rodríguez Berrón

Título I. Régimen Jurídico de la Fiscalidad Ambiental

Parte General

Capítulo 1. Generalidades

Sección A. Antecedentes

Apartado A.1. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

La destrucción de los ecosistemas no consiste únicamente en la pérdida de especies y recursos, o en su deterioro; también incluye la alteración de funciones ambientales reguladoras del entorno en el que vivimos, así como la pérdida de sistemas medioambientales de soporte vital para el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta.

El desarrollo del modelo liberal laissez faire, laissez passer vigente en la actualidad y especialmente la relación hombre-naturaleza que este sistema trae implícita, ha tenido efectos desfavorables sobre el medio ambiente y ha sido la causa principal del deterioro ambiental que se vive en la actualidad. En los últimos cincuenta años, los seres humanos han transformado los ecosistemas naturales de forma más intensa y rápida que en ninguna otra etapa de la humanidad, con el fin de abastecer la infinita demanda de combustibles, alimentos, agua dulce y demás recursos, de una población que se ha duplicado en el último siglo.

Hasta la fecha, los individuos se han aprovechado de la naturaleza de forma ilimitada, derrochando los recursos que esta provee, lo que revela una actitud autodestructiva a mediano y largo plazo así como un total desconocimiento de la responsabilidad intrageneracional. Todo lo anterior ha generado sin duda, una pérdida significativa –y en algunos casos irreversible– de la diversidad de la vida sobre el planeta.

Según recientes estadísticas (Millennium Ecosystem Assessment, S.F.), desde mediados del siglo pasado se ha convertido más superficie del planeta en tierra laborable que en los siglos XVIII y XIX juntos, se ha perdido aproximadamente el 20% de los arrecifes de coral del mundo y un 20% más se degradaron en las últimas décadas del siglo XX y alrededor del 35% de las zonas de manglares se perdió durante ese mismo tiempo.

A partir de 1960, la toma de agua de los ríos y lagos se ha duplicado como consecuencia del incremento en la demanda de productos agrícolas, se han duplicado los flujos de nitrógeno reactivo en los ecosistemas terrestres y los flujos de fósforo se han triplicado. Desde 1750, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado alrededor de un 32% del cual un 60% ha sido a partir de 1950-, sobre todo a raíz de la utilización de combustibles fósiles y de los cambios en el uso de la tierra.

Como consecuencia del modelo energético actual a base de hidrocarburos fósiles, principal motor del desarrollo moderno y base de la mayoría de las economías actuales, se generan emisiones de dióxido y monóxido de carbono, así como de otros químicos extremadamente nocivos para la atmósfera, que al dañar algunas de sus capas, permiten la radiación solar directa, lo que acentúa el calentamiento global.

En el año 2001 se concluyó el Tercer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), llegándose a un amplio consenso a partir de la evidencia científica sobre la evolución del cambio climático. La creciente concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera tiene consecuencias físicas y económicas muy significativas (elevación del nivel del mar, precipitaciones masivas, grandes sequías, etc.) en todo el planeta.

El dióxido de carbono representa alrededor del 80% del total de las emisiones causantes del calentamiento global y, por tanto, ocupa un lugar central en las políticas de control. La región latinoamericana no ha sido la excepción. Las proyecciones realizadas para el año 2000 (Banco Interamericano de Desarrollo [BID] y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], S.F., p.7) establecieron que en las selvas tropicales de la región, la extinción de las especies podría alcanzar el 10% de la existencia total.

La deforestación en las selvas tropicales -actuales pulmones del mundo y reguladores del clima-continúa debido a un serio problema de tala, tanto legal como ilegal; lo que deja sin hábitat a miles de especies y ocasiona serios fenómenos climáticos como inundaciones, deslizamientos, desertización y pérdida de la capacidad productiva de los suelos.

Si bien es cierto que los cambios en los ecosistemas han contribuido a obtener considerables beneficios netos a corto plazo en el bienestar humano y en el desarrollo tecnológico y económico, dichos beneficios han sido conseguidos a costos muy altos en relación con la degradación de los ecosistemas y el balance natural del planeta.

En este sentido, el modelo de desarrollo que ha venido imperando en los últimos tiempos y la falta de valores asociados al ambiente, ha traído como consecuencia el agotamiento de recursos naturales necesarios para la sobrevivencia de la humanidad, el calentamiento global, el derretimiento de los glaciares, la degradación de la capa de ozono, etcétera; todo lo cual ha menoscabado la actual calidad de vida de los individuos y el equilibrio de nuestra Madre Tierra. Como bien menciona Canosa (en Yábar, 2002, p.35), si continuamos con el sistema y ritmo de producción de bienes de consumo actual “No nos quedaría entonces nada, ni bienes ambientales ni recursos que explotar, ni siquiera bienes de consumo”.

Ya no se puede negar hoy día que existe una clara y estrecha relación entre el cambio climático y todos sus efectos, por una parte, y la utilización de ciertas materias primas y el desarrollo industrial de las actividades productivas humanas. En otras palabras, se puede afirmar con bastante certeza que el daño sufrido por nuestro planeta se ha dado en una relación directamente proporcional al desarrollo humano –a mayor desarrollo humano, mayores los daños sufridos por el medio ambiente-. La abusiva extracción de recursos naturales, amenaza la viabilidad de los ecosistemas y augura un futuro incierto para las generaciones futuras.

Aun cuando no es posible achacar todos los sucesos naturales extremos, tales como terremotos, sequías, huracanes y tsunamis al calentamiento global, resulta evidente que su frecuencia e intensidad es propensa a incrementarse cuanto mayor sea el calentamiento global (Para más sobre la relación del calentamiento global y los fenómenos naturales, ver Geo Anuario para el año 2004/2005 del PNUMA 2005).

El planeta, por decirlo de esta manera, está reaccionando en contra de la humanidad, que por su descuido y negligencia, cuando no por su desmedida ambición, ha puesto en peligro todas las especies de este planeta, incluyendo la suya propia.

En este sentido, los anteriores problemas se ven intensificados debido al fenómeno de urbanización, patente históricamente en los países desarrollados, pero cada vez más visible en los países en vías de desarrollo. Explican Vinuesa y Vidal (en Miranda, 2003, p. 11) que el urbanismo consiste en: un proceso acumulativo que se refuerza con el paso del tiempo: En definitiva podemos decir que el orden social y cultural ha de instalarse en el proceso de urbanización que desencadenan, o que se trata de un conjunto de transformaciones que afectan a los propios elementos generadores de los cambios.

Según datos del Geo Anuario (PNUMA, 2005), para el año 2007 se estimó que por primera vez en la historia de la humanidad, la población urbana sería más de la mitad de la población total. Esta realidad tiene un claro impacto en los ecosistemas que sirven de soporte a las ciudades, pues es justamente en los núcleos urbanos donde se da el mayor derroche de agua y energía, y donde se generan mayores cantidades de desechos sólidos.

Costa Rica no se encuentra exenta de los problemas medioambientales, a pesar de su fuerte imagen ecológica arraigada a nivel mundial. Sobre la situación ambiental costarricense, el Informe del Estado de la Nación (2006, p.39) apuntó que los recursos naturales de nuestro país se encuentran altamente amenazados, pues cada vez más se comprometen las fuentes de agua, incrementa la contaminación en las zonas costeras, se fortalece la dependencia de fuentes de energía contaminantes, y se extienden los monocultivos de fuerte impacto ecológico.

Estas situaciones confirman que los costarricenses, lejos de ser amigables con el medio ambiente, no utilizan los recursos naturales de forma racional, en proporción a su capacidad de reposición y regeneración, pues actualmente es posible observar limitaciones en el disfrute equitativo de los bienes ecológicos por parte de los habitantes del país.

Según indicadores del desarrollo sostenible en el país (Universidad de Costa Rica [UCR] y Ministerio de Ambiente y Energía [MINAE], 2002, p. 64), para el año 2002 existió un promedio de consumo de sustancias que agotan la capa de ozono de 600 toneladas anuales; lo que coloca al país en una situación desventajosa en relación con el resto de Latinoamérica.

Dichos indicadores también señalan que existen concentraciones preocupantes de monóxido de carbono, especialmente en el casco central de las capitales de provincia, como consecuencia del alto flujo vehicular. Según el Programa Estado de la

Nación (Informe del Estado de la Nación, 2007) del año 2000 al 2006 se pasó de un vehículo por cada seis habitantes a uno por cada cuatro habitantes.

Con todo, el país sobresale del resto de la región con aproximadamente un 48% de cobertura forestal -según estudio realizado por Calvo y Sánchez en el año 2005-, a este porcentaje se le suman las zonas de manglares y páramos. Lo anterior se debe a la progresiva reducción de la autorización para la tala legal, los múltiples programas de reforestación y al establecimiento de áreas silvestres protegidas.

Según apunta Obando (2002, p. 48) nuestro país es uno de los pocos países en todo el mundo que cuenta con más del 23% de su territorio bajo alguna categoría de protección ambiental. Para el año 2006, el porcentaje de territorio bajo conservación aumentó a un 26,4%, según datos del Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

En relación con la recuperación de la cobertura forestal en el país, este informe apunta (Programa Estado de la Nación, 2007, p.64): en el 2005 la cobertura forestal alcanzó un 48% del territorio, sin contar manglares, páramos y plantaciones forestales. Esta cobertura aumentó en 169.914 hectáreas entre 2000 y 2005, como resultado de procesos de regeneración de bosques, mientras que la pérdida de cobertura (en áreas que eran bosque en el 2000) fue de 23.689 hectáreas (…).

Sin embargo, creció la tasa de recuperación, de 12.000 hectáreas por año en 19861997 a 33.000 hectáreas entre 2000 y 2005 (…). Pese a la buena noticia del aumento sostenido en la cobertura, el mismo estudio señala que las áreas recuperadas son vulnerables a ser deforestadas nuevamente, y que de las áreas cubiertas de bosque solo un 44% tiene algún grado de protección (…).

No obstante este logro, se ha de mencionar que existen serias limitaciones institucionales para controlar la presión de las actividades humanas que afectan el entorno natural; además, hay datos acerca de zonas de gran riqueza natural que no están protegidas. Un ejemplo claro de lo anterior se encuentra en el territorio marino, que en su gran mayoría no cuenta con ninguna protección: la extensión protegida de nuestros mares corresponde solamente a un 0,7% del total.

En relación con el estado del recurso hídrico del país, según datos del Informe de la Nación para el año 2006 (Programa Estado de la Nación, 2007), la cuenca del río Grande de Tárcoles –cuenca que alberga la mayor cantidad de población y expansión urbana en el país– fue la más contaminada, con 100.000 toneladas métricas anuales de basura dejadas de recolectar y un sobreuso de su área del 15,2%. En el año 2006 fue interpuesto un recurso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, denunciando la situación de la citada cuenca. A raíz de dicho recurso, se responsabilizó a dos ministerios y 34 municipalidades por el deterioro del río debido al incumplimiento de sus funciones (voto

2007-5894 de las 11:58 del 27 de abril del dos mil siete).

Vale recalcar como un logro importante, que para el año 2006 el 98,2% de la población contó con servicio de agua para consumo humano y el 81,2% recibió agua de calidad potable (Programa Estado de la Nación, 2007, 252). Sin embargo existen autores que apuntan la existencia de serios problemas en relación con la calidad del agua que consumimos, pues los sistemas de acueductos son sumamente vulnerables a accidentes contaminadores de origen antrópico que afectan la salud de la población, máxime si se toma en cuenta que solo el 20,7% de los acueductos proveen agua sometida a un control sistemático de calidad (Miranda, 2003).

El fenómeno de la urbanización –no planificada-ha invadido nuestro país debido al auge constructivo que se viene presentado desde el 2005, especialmente en Guanacaste y en el Pacífico Central. Según estadísticas del Estado de la Nación (Programa Estado de la Nación, 2007), el mercado inmobiliario está concentrado en el uso residencial, que ronda el 70% del total construido. San José tiene la mayor cantidad de metros cuadrados edificados por año, mientras Guanacaste y Puntarenas muestran las mayores tasas de crecimiento en este ámbito. Se manifiesta en este informe que para los años 2005 y 2006 el total de metros cuadrados construidos aumentó un 31% (en Guanacaste un 69,5% y en Puntarenas un 44,3%); crecimiento preocupante si se toma en cuenta la carencia de planes reguladores en muchas de las zonas que velen por el medio ambiente –según datos del Informe de la Nación para el año 2006 tan solo 36 de los 89 gobiernos locales contaban con planes reguladores–. Debido a ello, en muchos de los casos, a raíz de los amojonamientos irregulares, los movimientos de tierra, la extracción de madera y la perforación de pozos, se termina generando un impacto ambiental inmensurable y descontrolado.

A manera de ejemplo podemos citar que, debido principalmente a los desarrollos inmobiliarios de playa y al aumento de habitantes y visitantes en dichas zonas, en el 2006 se reportó la presencia de coliformes fecales en 94 playas del país (Progama Estado de la

Nación, 2007, p. 63). Asimismo, el crecimiento de las marinas turísticas tiene efectos negativos para los ecosistemas, pues se causan daños en los corales, pastos marinos y manglares, no solo como consecuencia del dragado y la generación de sedimentos durante la construcción, sino también por el uso inadecuado de combustibles, aceites, aguas servidas y desechos. Adicionalmente, muchos de estos desarrollos inmobiliarios cuentan con canchas de golf, las cuales suelen ser tratadas con agroquímicos que amenazan el litoral.

En relación con el consumo de energía en el país, según los últimos datos del Informe del Estado de la Nación (Programa Estado de la Nación, 2007), durante el 2006, el 76,3% de los hidrocarburos –fuente altamente contaminante y cara– son utilizados en transporte, y un 23,5% en electricidad. En el 2006, según datos del Informe mencionado, se dio un aumento del 7,3% en el consumo de energía, del cual el sector transporte absorbe alrededor del 55%, patrón que no ha cambiado significativamente en los últimos diez años. Para el mismo año se duplicó el uso del diesel y búnker para la generación térmica de electricidad.

No obstante, hemos de mencionar que la creciente preocupación por el impacto ambiental de las actividades productivas en las zonas urbanas, unida a la percepción del agravamiento de los problemas ambientales a nivel global, ha favorecido la generación de una conciencia en la ciudadanía sobre la clara relación existente entre estas dos variables: el desarrollo urbano y la calidad del medio ambiente. Dicha conciencia debe complementarse con una adecuación por parte del sector productivo, especialmente el industrial, en relación con los procesos de producción limpios.

Debido a las carencias señaladas, resulta de vital importancia profundizar en ámbitos innovadores que nos permitan progresar en los esfuerzos de conservación. Para ello resultan de gran utilidad los instrumentos fiscales medioambientales como complemento a otras políticas de gestión ambiental.

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