Actividad Administrativa

La Actividad Administrativa

La actividad administrativa es toda actividad desarrollada por los órganos competentes de la Administración Pública o con autorización de la misma, de carácter sublegal, realizada en ejecución de las funciones del Estado para el cumplimiento de sus cometidos, y de cuyas consecuencias o efectos responden tanto los funcionarios como las personas jurídicas estatales a las cuales representan.

En efecto, administrar es un actuar dirigido a cuidar de los intereses de un sujeto, Se administra bien cuando se satisfacen dichos intereses. Se administra mal, cuando por ausencia o deficiencia o ineficacia en el actuar no se logra satisfacer dichos intereses. Por ello, administrar no es satisfacer los intereses de un sujeto, sino la totalidad de los que han sido confiados al cuidado del administrador.

Esta consideración nos lleva en consecuencia, al determinar que la actividad presupone la globalidad de la acción distribuida en beneficio de los intereses tutelados, no es administrar el concretar la acción en un solo interés, sino el reparto de la actividad hacia el logro de los distintos fines propuestos.

Por ello, la opiniones anteriores, nos llevan a precisar claramente una actividad que no es creación de la ley sino una consecuencia de ella, que atiende a la satisfacción de los intereses de un grupo organizado en su globalidad; pero emerge al mismo tiempo la necesidad de indicar que la misma se realiza a través de instrumentos predispuestos específicamente para tal fin.

Características:

• En la actividad administrativa la satisfacción se hace en forma directa e inmediata

• Hay un vínculo directo entre el estado y el ciudadano

• El estado le presta un servicio a la colectividad y existe una satisfacción personal.

• La administración pública está para administrar la ley.

Fundamentos Constitucional y Legal:

Venezuela se configura como un Estado Social, democrático y de justicia, y que propugna como valores fundamentales superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la justicia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos y la ética (Art. 2 constitucional), debemos entender que, frente a esta realidad jurídica de la obligación que debe existir por parte de nuestros gobernantes, la preeminencia de los derechos sociales, el imperio de la ley, garantía efectiva de los derechos y libertades y finalmente el respeto a la dignidad humana y a la igualdad es necesario entender, que toda conducta realizada por los mismos

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