Control Social. Nuevas Tecnologias

Nuevas tecnologías para el control

político.

Por Catherine Mordos

El caso Pinochet ha vuelto a poner de actualidad las

investigaciones en torno a los métodos utilizados por las

dictaduras para mantener su poder sobre la ciudadanía. Sin

embargo, no sólo estos regímenes autoritarios echan mano de

sistemas que, si no ilegales, cuando menos se encuentran fuera

del control político o judicial. Dos documentos hechos públicos

recientemente, un estudio oficial del Parlamento Europeo y un

trabajo basado en informes desclasificados del Gobierno

norteamericano, revelan el uso masivo de nuevas tecnologías,

aplicadas a la vigilancia y manipulación social y política de la

población civil. Unas tecnologías que, por su misma novedad,

escapan a cualquier regulación por parte de los poderes ejecutivos

de los países, incluso de los más democráticos, como la propia

Europa.

Salir de un avión en cualquier aeropuerto, una simple

conversación por el teléfono móvil o incluso asistir a una

manifestación de cualquier signo puede significar, para cada

ciudadano europeo, la posibilidad de ser identificado, de forma

inmediata, fichado y controlado. Y esto no ocurre en un país bajo

régimen dictatorial, sino en nuestras propias democracias liberales

de la muy civilizada Europa. Las nuevas tecnologías de la

comunicación y la informática no sólo están permitiendo la

aparición de legiones de sofisticados ordenadores y teléfonos

cada vez más refinados, sino que también sirven para tener bajo

control a la población civil, dejando atrás, por puro obsoletos,

antiguos métodos de represión violenta propios de las dictaduras.

Estas nuevas tecnologías, como la usada en el sistema Echelon

de vigilancia y seguimiento masivo de población civil, sólo son

conocidas por un sector muy minoritario de la sociedad, y son

controladas y usadas por grupos aún más reducidos de

responsables. De hecho, hasta la década de los setenta esta

tecnología sólo estaba en manos de los militares, por lo que su

uso estaba restringido, en la mayoría de los casos, a conflictos

internacionales o a situaciones de dictaduras militares. Sin

embargo, a partir de ese momento han sido los investigadores y

las empresas civiles los que han tomado las riendas de los

avances científicos, que a su vez han empezado a ser usados por

los poderes civiles para controlar, vigilar y, en su caso, manipular

a la población.

A estas alturas el único país que tiene la capacidad y los medios

suficientes como para liderar este extraño sector es Estados

Unidos, aunque otros muchos países, incluidos los de la Unión

Europea, se aprovechan en buena medida de sus ventajas para

sus propios intereses. La imposibilidad de controlar el uso de

estos nuevos sistemas viene dado, en muchos casos, por el hecho

de que en la actualidad la mayoría de las comunicaciones entre

los ciudadanos se hacen vía satélite, es decir, fuera del espacio

cubierto y protegido por la legislación de cada país. Y ahí se

plantea la duda. ¿A quién le corresponde controlar y limitar las

actividades de los aparatos instalados fuera de nuestra

atmósfera? Hoy por hoy, a nadie, salvo al propio responsable de

su instalación, que goza de total libertad en la utilización de su

aparato. Así pues, una de las conclusiones más claras de estos

dos estudios señala que, hoy en día, no se requiere la intervención

de ningún juez, ni existe ley alguna que regule la interceptación de

llamadas efectuadas a o desde teléfonos móviles vía satélite, es

decir, basados en tecnología GSM.

El secretismo que rodea el uso de nuevas tecnologías para el

control político y social de la población tan sólo se ha roto muy

recientemente, gracias en parte a ese traslado de la utilización de

estos nuevos sistemas al sector civil.

Estos dos documentos, de carácter semi oficial y difundidos hace

poco a través de Internet, revelan datos que a veces parecen más

propios de la ciencia ficción pero que están basados en estudios

rigurosos efectuados por expertos de reconocido prestigio y

avalados, en el caso del primer trabajo, por una institución como el

Parlamento Europeo. Así, el primer documento que aquí

resumimos, un STOA (es decir, un trabajo de asesoramiento

científico) número PE 166 499, es una investigación realizada a

petición

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