La Relación Entre El Poder Ejecutivo Y El Poder Legislativo A Partir De La Reglamentación De Las Leyes En La República Argentina: El Caso De La Ley De Glaciares N° 26.639

Resumen

Este trabajo indagará sobre los alcances legislativos del Poder Ejecutivo Nacional a la hora de la reglamentación de las leyes. A través del derrotero de la Ley de Glaciares 36.639, se demostrará que mediante la reglamentación el Poder Ejecutivo se arroga potestades legislativas que van más allá de la prescripción constitucional.

Índice

Introducción 4

Capítulo I.

1.1 Consideraciones Teóricas 6

1.2 La Reglamentación de las Leyes en América Latina 8

Capítulo II.

Antecedentes del Conflicto. La primer Ley de Glaciares 9

Capítulo III.

3.1 Nuevo Proyecto de Ley de Glaciares 10

3.2 Trámite Parlamentario de la Ley de Glaciares 26.639 11

Capítulo IV

Reglamentación y Análisis de la Reglamentación 13

Conclusión 14

Bibliografía. 15

Anexo

Anexo I: Texto Completo de la Ley 26.639. 16

Anexo II: Texto Completo del Decreto 207/2011 19

Anexo III: Texto Completo del Decreto 1837/2008 21

Anexo IV: Texto Completo del Proy. 6772-D-2006 de Comelli de Reglamentación 24

Anexo V: Texto Completo del Proy. S-1074/09 de Chabanchik de Reglamentación 27

Introducción

La Constitución Nacional delimita concretamente los alcances y las funciones derivadas de cada uno de los tres poderes del estado. Teniendo en cuenta esta tradicional división, se supone que las atribuciones de cada uno de ellos, no debería traslaparse con las de los otros dos, pero en este punto existen excepciones. La Constitución previó la posibilidad de que, bajo ciertas circunstancias, el Poder Ejecutivo posea atribuciones legislativas.

La principal herramienta que tiene el Ejecutivo, en este aspecto, es el veto. En general, en los regímenes presidencialistas, el instituto del veto se encuentra prescripto en sus cuerpos constitucionales. En algunos casos, permitiéndolo en forma total (Estados Unidos, Guatemala y Honduras), total y parcial (con diferentes matices Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay) y en otros se les permite agregar observaciones (Perú y Uruguay) (Tsebelis et Al, 2007: 79). Sin embargo, en todos estos casos la última palabra la suele tener el Poder Legislativo, ya que si logran alcanzar determinadas mayorías según los casos y países, esta puede revertir lo ordenado por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, a partir de la reforma constitucional de 1994, en la Constitución argentina aparece la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el cual le otorga al Poder Ejecutivo, bajo “circunstancias excepcionales [que] hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes”, la posibilidad de dictar normas cuyos objetos se encuentran debidamente acotados . Una vez más la Constitución prevé que estos decretos sean sometidos a la consideración del Congreso a través de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que dictamina sobre su validez. De esta situación derivan las conocidas disputas políticas generadas por el control de dicha comisión que tiene el poder de dictaminar sobre los DNU, aunque en última instancia la decisión recae en el pleno de ambas cámaras .

Este trabajo va a analizar, a través del estudio del trámite de una controvertida ley, la existencia de una atribución constitucional que se podría considerar una extensión de la potestad legislativa del Poder Ejecutivo: la reglamentación de las leyes.

El artículo 99 inciso 2 de la Constitución dice que el Poder Ejecutivo “expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”. Así como en la promulgación parcial de las leyes, se requiere que, tras dicha observación el conjunto de artículos promulgados mantengan su autonomía normativa y la aprobación no altere “el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso” , en este caso se puede hipotetizar que la intención de los constituyentes, al otorgar la capacidad de reglamentar las leyes al Poder Ejecutivo, fue en ese mismo camino.

Se tratará de probar que existe cierto desafuero, de parte del Poder Ejecutivo, en el uso de la reglamentación de las leyes. La arbitrariedad del Poder Ejecutivo cubre un espectro que va de una excesiva morosidad en la publicación de la reglamentación hasta el silencio sobre algunos artículos de las leyes a reglamentar. En este trabajo, a través del análisis de los trámites de sanción, promulgación y reglamentación de la Ley de Glaciares Nº 26.639, se intentará explicitar los mecanismos empleados para torcer, en cierta forma, lo expresado por los representantes en las cámaras legislativas.

En este sentido, el objetivo general de este trabajo es estudiar la función ejecutiva de reglamentación de las leyes en el caso de la Ley de Glaciares N° 26.639. De igual modo, se fijarán tres objetivos específicos. El primero de ellos consiste en analizar los trámites de sanción, promulgación y reglamentación de la Ley de Glaciares N° 26.639. En segundo lugar, se demostrará que existe dilación por parte del ejecutivo en la publicación de la reglamentación, así como también destacar el silencio sobre algunos artículos a reglamentar. Por último, el tercer objetivo específico radica en señalar que la reglamentación puede alterar “el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el congreso”.

Es hipótesis de este trabajo demostrar que a través de la reglamentación de las leyes, el Poder Ejecutivo toma facultades legislativas que exceden sus atribuciones constitucionales. Mediante el caso de la Ley de Glaciares N° 26.639 trataremos de probar dicha hipótesis.

El artículo se dividirá en cuatro capítulos. El primer capítulo será la parte introductoria del trabajo, con un carácter principalmente descriptivo. En el segundo capítulo, se detallará en primer lugar el tratamiento y sanción de la primer Ley de Glaciares N° 26.418,

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