Propuestas Para Mejorar Al Poder Judicial

LICENCIADO ALEJANDRO IVÁN TORRES SÁNCHEZ

LA REFORMA AL PODER JUDICIAL EN EL MARCO DE LA REFORMA DEL ESTADO

Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo, establecer a manera de propuesta reformas para el mejoramiento del Poder Judicial de la Federación, dichas reformas deben buscar como resultado atender las necesidades colectivas de todos los ciudadanos mexicanos y habitantes del país, que se conciba las ideas a revolucionar un sistema judicial que debe cambiar como resultado de la evolución social atendiendo las nuevas circunstancias que prevalecen en el país.

Ahora bien, de acuerdo al pensamiento del gran jurista Miguel Carbonell, las Reformas del Estado son un movimiento de carácter internacional que ha tratado de redimensionar al mismo para hacerlo más funcional, dotándolo de los recursos y las atribuciones necesarias para cumplir con sus cometidos esenciales y partiendo desde esa perspectiva no se persigue diseñar un Estado mínimo, sino el de alcanzar un Estado eficiente. Y según Carbonell ese es, precisamente, el camino que parece seguirse en el actual proceso de reforma de los poderes judiciales en diferentes naciones.

En el contexto de las transformaciones que han experimentado las instituciones nacionales, el tema de la reforma al Poder Judicial ha sido señalado reiteradamente por los actores sociales del país como una tarea de importancia que no debe postergarse, ya que un Estado de Derecho que garantice la seguridad jurídica y social para hacia sus gobernados, es condición imprescindible no tan solo para el fortalecimiento de la vida democrática de una nación, sino, para el proceso de consolidación de las propias instituciones del Estado las cuales hoy en día se encuentran en decadencia gracias a la poca fortaleza que estas tienen.

Las reformas que se den en un país en su sistema judicial como resultado de su evolución social, deben ser concebidas con el concurso de los diversos actores involucrados y como resultado de un proceso que atienda las necesidades colectivas y conciba al Poder Judicial como un instrumento transformador atento a las nuevas circunstancias prevalecientes en el país.

Por su parte, el jurista Eduardo Buscaglia, ilustra en su obra literaria cuales serían las líneas maestras de las reformas al Poder Judicial dentro del marco general de la reforma del Estado los cuales sintetiza en cinco puntos: a) mejoras en la administración de justicia, b) fortalecimiento de la independencia judicial, c) desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de controversias, d) mejora de la educación legal de los jueces, abogados y del público en general, y e) creación de nuevos canales para que vastos sectores de la población, ahora excluidos, tengan acceso a la justicia.

Bajo tales premisas, el presente trabajo de “propuestas para mejorar al poder judicial de la federación”, trata de encaminarse en reformar algunos aspectos relativos a una eventual reforma a la judicatura nacional, partiendo las propuestas del proceso consultivo organizado por el Poder Legislativo y revisando los planteamientos de Transparencia Internacional, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se han abocado a la elaboración de propuestas y diagnósticos sobre el tema.

Dentro de las propuestas que servirían para mejorar al poder judicial de la federación, se destacan las siguientes:

Que se le de un mayor fortalecimiento al Poder Judicial;

Que todos los individuos tengan acceso a la Justicia;

Que el juicio de Amparo vele por los Derechos Humanos;

Fortalecimiento al Consejo de la Judicatura;

Que existan más órganos de impartición de justicia locales;

Atención a las Víctimas y Reparación del Daño;

Reformar al Sistema Penitenciario;

Transparencia en la rendición de cuentas y la disciplina

Para mayor robustecimiento se adjunta una gráfica donde se establecen las propuestas y los porcentajes que arrojaron cada una de ellas.

Ahora bien, en lo que se refiere al tema de la rendición de cuentas y la disciplina como propuestas para mejorar nuestro sistema judicial, la institución denominada “Transparencia Internacional”, establece que es necesario que se adapte la práctica del sistema judicial del país tomando en cuenta seis factores esenciales:

En primer lugar ésta institución destaca como primordial la inmunidad relacionada con la función judicial, misma que debe permitir a los jueces tomar decisiones sin temor a enfrentar demandas civiles, pero ésta no debe seguirse en cuanto a casos de corrupción u otro tipo de asuntos penales en los que los titulares de órganos constitucionales o jurisdiccionales se vean involucrados.

En segundo término la institución de Transparencia Internacional, coloca el tema de los procedimientos disciplinarios, mismos que deben garantizar que el Consejo de la Judicatura Federal ejecute investigaciones rigurosas contra los integrantes del Poder Judicial Federal que al emitir una resolución no la hagan con criterios de imparcialidad, ética y profesionalismo, en el que en dicho proceso se les pida explicación de los motivos de sus decisiones y de existir alguna desvariación comprobada se les sancione.

Por otra parte Transparencia Internacional, propone que al momento de instaurársele algún proceso de destitución judicial a los miembros del poder judicial, estos sean justos y transparentes, debiendo aplicarse en los mismos estándares estrictos y exigentes, observando los derechos humanos como el principio de debido proceso y que se cree el recurso de apelación para que los jueces sancionados tengan pleno derecho a una audiencia imparcial y representación legal en cualquier causa disciplinaria llevada ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo propone que deban retirarse de los casos a su cargo cuando tengan o cuando den la impresión de que tienen sesgos o prejuicios en torno a una de las partes litigantes; cuando hayan fungido como abogados o testigos principales en dicho caso; o si poseen algún interés económico en el resultado.

Así también, Transparencia Internacional plantea la necesidad de crear un código de conducta para los miembros del poder judicial, que ofrezca una guía de comportamiento judicial, en donde las trasgresiones deben ser investigadas, sancionadas y en ciertos casos resarcidas por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se plantea la conveniencia de contar con una política de apoyo a los denunciantes de actos de corrupción, siendo preciso para ello contar con procedimientos de quejas que sean confidenciales a efecto de que pueda denunciarse la violación a códigos de conducta, la corrupción de jueces, secretarios o del personal administrativo.

Por último la organización internacional, destaca la pertinencia de contar con una asociación de jueces sólida e independiente, la cual a criterio de Amnistía Internacional, debe ser un órgano accesible a todos los miembros de la judicatura, servir de apoyo en lo individual a jueces en asuntos de ética y corrupción.

Por su parte, el análisis llevado a cabo por el Instituto Mexicano para la Competitividad por sus siglas IMCO, sobre la situación que atraviesa nuestro país en diferentes ámbitos, estableció diversos parámetros para medir a través de varios índices, la capacidad y el comportamiento del estado y la sociedad mexicanos en aspectos como la macroeconomía, el sistema político, las relaciones internacionales, el manejo del medio ambiente y la evaluación del sistema de derecho.

La misma institución, ha identificado al “Sistema de derecho confiable y objetivo” como un conjunto de formas de medición para comparar y cuantificar la manera cómo distintos países proveen seguridad física y jurídica a sus habitantes.

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad, un sistema de derecho confiable y objetivo es aquel en donde además de claridad en las reglas, hay un pleno acatamiento de sus normas, un pleno respeto a la propiedad, a la independencia, imparcialidad y eficiencia de sus Cortes. De ahí que desde la perspectiva de ésta institución, un país con un sistema de derecho que carezca de estos elementos, genera costos de transacción más elevados para quienes lleven a cabo una actividad económica. Por eso el Instituto Mexicano para la Competitividad establece que para ser un país más competitivo, se es indispensable contar con un marco legal confiable que permita que las condiciones de participación en el mercado sean objetivas y eficientes para todos los actores económicos. De tal suerte que según la óptica del IMCO, es preciso entender las implicaciones que tiene en la competitividad de México, la informalidad, la falta de seguridad física y de la propiedad, así como la ineficiencia de un sistema judicial que, desde la visión del IMCO muestra una enorme corrupción convirtiendo tal cosa a México en uno de los países con mayor impunidad.

De acuerdo a el Instituto Mexicano para la Competitividad, en los últimos años se han desarrollado varios programas en los que se ha modernizado y reformado el sistema judicial mexicano, pero no obstante de ello no existen evidencias de que se haya impactado en los tres problemas esenciales, mismos que son inherentes al Poder Judicial en México, problemas que según el IMCO son:

1.- Desconfianza ciudadana en relación con el aparato judicial y en la seriedad de los esfuerzos realizados por mejorar la calidad y la cantidad de los servicios de seguridad.

2.- Debilidades específicas en la operación interna y en resultados (tiempos de respuesta, relevancia y predecibilidad de las decisiones, acceso, transparencia, independencia y justicia) que han sido los objetivos de la mayoría de las quejas, y presumiblemente de las reformas.

3.- La reputación del aparato judicial tiene un impacto negativo en otras metas más allá de su propio sistema, como desarrollo económico, igualdad, reducción de la pobreza y legitimidad política.

Pese a ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad destaca que se debe de actuar en conjunto Federación y Estsdos, y darle mayor fortalecimiento a los poderes judiciales de las entidades federativas; transparentando el desempeño de los Tribunales de Justicia del país y los mecanismos que garanticen la autonomía de los jueces; realizando en conjunto un reglamento modelo en materia de transparencia judicial; que todos los titulares de los órganos jurisdiccionales tengan capacitación en materia de mediación y conciliación; que se creen por parte del Poder Judicial organismos alternativos de resolución de conflictos en todas las entidades de la República, los cuales gocen de independencia, suficiencia presupuestaria, nombramiento de magistrados o jueces, permanencia en el cargo, salarios dignos, carrera judicial y retiro, combatir la opacidad operativa de los poderes judiciales estatales, ajustar las leyes necesarias para aplicar los tratados internacionales de derechos de propiedad intelectual; aumentar las penas en los delitos de propiedad intelectual; incrementar la cooperación internacional entre policías para mejorar la coordinación en el combate a la piratería entre países, entre otras propuestas.

En síntesis, el Instituto Mexicano para la Competitividad establece como propuestas al poder judicial las siguientes: a) establecer procedimientos que garanticen la autonomía de los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de las Judicaturas estatales mediante mecanismos más transparentes de designación, remoción y ratificación; b) promover mecanismos de asignación de presupuestos que garanticen el gasto corriente y permitan programas de inversión multianuales; c) fortalecer los mecanismos de gobierno y carrera judicial; d) establecer indicadores de desempeño judicial a nivel nacional, y e) promover el uso de medios alternativos de solución de controversias, entre otras propuestas.

La propuesta del fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas, no tan solo es concebida por el Instituto Mexicano para la Competitividad, sino, también ocupa parte importante de las propuestas contenidas en el Libro Blanco de la Reforma Judicial. En el cual el proceso consultivo coordinado por la Suprema Corte de Justicia, al igual coincide con el Instituto Mexicano para la Competitividad estableciendo seis objetivos y diversas acciones específicas entre las cuales se encuentran:

a) establecer procedimientos que garanticen la autonomía de los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de las Judicaturas estatales mediante mecanismos más transparentes de designación, remoción y ratificación;

b) promover mecanismos de asignación de presupuestos que garanticen el gasto corriente y permitan programas de inversión multianuales;

c) fortalecer los mecanismos de gobierno y carrera judicial;

d) establecer indicadores de desempeño judicial a nivel nacional, y

e) promover el uso de medios alternativos de solución de controversias, entre otras propuestas.

Para la aplicación práctica de los objetivos anteriores, se proponen diversas acciones específicas mismas que entre otras comprenden: garantizar la autonomía y la rendición de cuentas de los jueces supremos; garantizar el presupuesto de los poderes judiciales; profesionalizar a los órganos de gobierno judicial; consolidar la carrera judicial; profesionalizar la administración de las unidades jurisdiccionales, incorporar la planeación estratégica en el gobierno judicial; y promover el uso de medios alternativos de solución de controversias.

Aplicar los criterios para el establecimiento del escalafón judicial, con miras al fortalecimiento institucional y en apego al mérito persona de cada servidor/a judicial, atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, mérito, capacidad, eficiencia, responsabilidad, profesionalidad, constante capacitación, inamovilidad, permanencia, especialización, transparencia y publicidad.

6) Fortalecimiento al Consejo de la Judicatura, para incrementar la fiscalización sobre jueces y magistrados, y transparentar por internet en vivo sus acciones.

se prohiba el nepotismo, ya que "curiosamente" una gran mayoría de los empleados "coinciden" con los apellidos de jueces y magistrados. El punto donde te refieres a la carrera profesional pública transparente ayudaría en este aspecto.

el concepto de la capacitación judicial como el camino necesario para preparar a la gente que trabaje en el Poder Judicial Federal a tomar sus exámenes y dar vida a la nueva carrera judicial. La intensidad de cursos, en sus diferentes niveles, así como la especialidad de las materias que ahí se impartan dan cuenta de la importancia de este tema.

El personal es administrado en lugar de ser empleado de acuerdo a objetivos y motivado por atractivas oportunidades de ascenso. Esto afecta en gran medida la lucha contra la corrupción.

incrementar los controles y supervisión sobre los juzgadores para garantizar que cumplan con su responsabilidad, alejados de la corrupción.

el acoger el sistema acusatorio.

avance en materia de capacitación, infraestructura, defensoría de oficio y justicia alternativa.

jueces para la ejecución de juicios orales a fin de que den un mejor resultado

difusión del trabajo del Poder Judicial y sus integrantes para hacerlo más cercano a la ciudadanía.

aplicar una racionalidad económica en el organismo.

eficacia, ya que hay un exceso de trabajo en los tribunales y personal insuficiente, que hacen lentos o complicados los trámites jurídicos y por ello se necesita impulsar un plan que agilice los procesos judiciales.

televisar y hacer públicas las sesiones del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de dar mayor transparencia a su actuar, de tal manera, que "el público en general conozca la forma en cómo estamos administrando justicia".

se debe dar mayor atención a la defensoría pública y dotarla con mejores defensores de oficio porque es una obligación del Estado brindar este apoyo a las personas que lo necesitan.

Es preciso que se establezca el perfil de Juez que se necesita y los mecanismos de selección de Jueces que respeten ese perfil, cumpliendo principalmente el mandato constitucional de independencia del Poder Judicial. Es menester que definan los procedimientos que permitirán a los Jueces, a los funcionarios y a sus auxiliares desplegar sus trabajos con la independencia, eficiencia -en calidad y agilidad- y compromiso que exige un país que quiere garantizar la imparcialidad de sus jueces, asegurar el estado de derecho, progresar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

medidas más eficaces para sancionar duramente y en definitiva eliminar o minimizar lo más posible las intromisiones indebidas en el funcionamiento de un Poder del Estado que debe actuar necesariamente con imparcialidad e independencia.

 Un sistema adecuado de designación, remoción y promoción de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

 Una capacitación adecuada y constante de esos integrantes del Poder Judicial.

 Una revisión y reforma de los procedimientos con sujeción a los cuales se desarrollan los procesos judiciales, a fin de agilizar su trámite y, a la vez, mejorar la profundidad y calidad del servicio de justicia.

 Una adecuada asignación y administración de los recursos humanos y materiales que permita la implementación de esos objetivos.

 La conformación de un sistema en el que los auxiliares de los tribunales (peritos, martilleros, síndicos, etc.) y los mismos abogados contribuyan en forma continua al mejoramiento del funcionamiento del Poder Judicial.

Lograr que el Poder Judicial se encuentre en la cima de la confianza y credibilidad de los argentinos.

 Lograr que la honestidad y comportamiento ético de los integrantes del Poder Judicial sea motivo de admiración y el ejemplo a seguir por todos los argentinos.

 Lograr que los integrantes del Poder Judicial se encuentren entre los profesionales del derecho más capacitados del país, y que a la vez tengan una vocación de servicio manifiesta y destacable, con un gran sentido de pertenencia con el Poder Judicial.

 Lograr que el Poder Judicial actúe con el máximo posible de independencia respecto de los Poderes Políticos y sectores económicos y corporativos.

 Lograr que el Poder Judicial preste a los argentinos un servicio sumamente eficiente, eficaz y ágil, para la preservación y respeto generalizado de sus libertades y derechos y para la sanción de la violación de los mismos.

acercar la justicia a los ciudadanos, recuperar la confianza y evitar la tensión entre sociedad e instituciones.

ampliar los controles de confianza para evitar que se infiltre el crimen organizado en el Poder Judicial.

fortalecer el área jurisdiccional de ese órgano, que permita sancionar las conductas de jueces y magistrados que violen el marco legal

eliminar el exceso de trabajo en los tribunales

El tráfico de influencias es algo grave y sistemático en el Poder Judicial.

capacitación en materia de derechos humanos

conclusión:

Los procesos de reforma judicial que se han instrumentado en diferentes países del mundo, tienen como un común denominador el tratar de generar las condiciones institucionales que garanticen el funcionamiento de los sistemas judiciales en condiciones tanto de independencia respecto a otros poderes o grupos de presión, como de eficiencia en el ejercicio de sus funciones y que de igual forma aseguren el acceso a la justicia a todos aquellos que requieran sus servicios. De ahí que los proyectos de reforma judicial que se han diseñado en diversos países pretendan satisfacer tales enunciados.

El papel decisivo que desempeña el sistema judicial en las sociedades contemporáneas, obliga a tener presente que los tribunales ejercen una influencia determinante en todos los aspectos de la vida pública de un país, pero principalmente en lo tocante a la actividad económica, de ahí que la calidad del desempeño en el quehacer judicial, ha sido recientemente valorada como uno de los indicadores mas importantes en la medición de los niveles de crecimiento y competitividad de los países.

Bibliografía, páginas consultadas y referencias:

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Popkin, M. Fortalecer la independencia judicial. http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1509/12.pdf

Sanguinetti, Miguel E., “La independencia del Poder Judicial y la designación de los jueces”, LL, 2003-A, 1322.

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