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ENSEÑAD A TODOS


Enviado por   •  14 de Agosto de 2014  •  33.035 Palabras (133 Páginas)  •  156 Visitas

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ENSEÑAD A TODOS”

Realidad Nacional

Revista

de la AnálisisAño 3 Edición No. 43 1 al 15 de febrero 2014

Publicación quincenal ISSN 2227-9113

Revista

Diversos sectores de la sociedad guatemalteca han encontrado en los últimos años un punto trascendental de coincidencia: reconocer la importancia de la educación como factor de realización de la persona humana y soporte sine qua non del desarrollo nacional. Esa centralidad del quehacer Un pacto educativo está refrendada en la Constitución Política de la República que la declara de interés nacional (Arto. 72), compromete al Estado a nacional su promoción y financiamiento (Arto. 73) y la establece como un derecho y obligación de los por la educación

habitantes de la nación (Arto. 74).

IPNUSAC

La Constitución, además, indica que la Universidad de San Carlos es la única universidad estatal a la cual le corresponde dirigir y desarrollar la educación superior del Estado (Arto. 82) y le asigna una partida privativa no menor del 5% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, “debiéndose procurar un incremento adecuado al

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aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico” (Arto. 84). No obstante lo anterior, las estadísticas nacionales exhiben profundos rezagos educativos, limitada cobertura en todos los ciclos, presupuesto insuficiente y con deficiencias en su orientación, descuido en la calidad de la enseñanza y brechas significativas en la pertinencia cultural. Debemos reconocer que el Pacto Social en torno a la educación no cumple sus fines, y su pobre desempeño está asociado a una cadena de debilidades en las políticas sociales y sus instituciones, así como en los desequilibrios en el modelo de desarrollo que las políticas económicas tienden a agudizar. Una niñez con altos índices de desnutrición, demandada a auto-soportar su existencia ingresando en absoluta desventaja al mercado de trabajo y, por lo general, sin las condiciones materiales mínimas de escuela, es una niñez que estamos, como país, lanzando al precipicio. El eslabón mínimo de inserción de Guatemala en la globalización consiste en nutrición y escuela universales. Ambas condiciones expresan la base de las oportunidades en una sociedad diversa y, por tanto, el pilar de la democracia, es decir, la convivencia fecunda entre personas que piensan y viven de distintas maneras. Por estas razones la Universidad de San Carlos, a través del IPNUSAC, al conmemorar este 31 de enero su 338 aniversario, lanza una exhortación pública a los diversos

sectores de la sociedad y del Estado a fin de renovar, profundizar y cumplir con convicción y alta coherencia un Pacto Nacional por la Educación, en todos los niveles. La expresión de esa voluntad nacional es el alineamiento de los factores estratégicos: políticas, instituciones y recursos, a la par de una intensa auditoría social. La asignación de recursos a la educación pública debe tener un piso del 5% del PIB para tener impacto en la formación humana, en el restablecimiento del tejido social tan dañado (lo cual incluye disminuir la incidencia de la violencia y el delito callejeros) y en los indicadores de empleo y economía general.

En el caso de la Universidad de San Carlos, para cumplir los fines que el Pacto Social vigente le demanda, se ve compelida esta vez a exhortar vehementemente a los poderes

Año 3 -Edición 43 -Febrero/ 2014 del Estado a que establezcan una garantía indispensable de seguridad jurídica en el marco del Estado de derecho vigente. Esa seguridad jurídica empieza por el cumplimiento leal de la Constitución que ordena una asignación base equivalente al 5% de los ingresos ordinarios del Estado, la cual sin embargo ha sido erosionada, al menos desde 1997, cuando una ley ordinaria, inferior a la Carta Magna, otorgó discrecionalidad a los funcionarios del Gobierno Central para deducir otros gastos de los ingresos ordinarios. Por esa razón presentamos a finales de 2013 un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, pues existe una violación reiterada de la Constitución, tanto en su letra(Arto. 84) como en su espíritu (Artos. 71-74).

Año 3 -Edición 43 -Febrero/ 2014 Pocos días después de que Guatemala concluyera su periodo de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Barack Obama sancionó la Ley de Asignaciones Presupuestarias 2014, que encierra un mensaje fuerte para el gobierno de Otto Pérez. En dos palabras: cumple sus compromisos internacionales en derechos humanos, o se atiene a las consecuencias, incluso financieras.

Análisis de coyuntura El gobierno “cruzado” IPNUSAC

Es la advertencia de una condicionalidad cruzada, un mecanismo de presión internacional que Washington emplea excepcionalmente. Lo hace frente a gobiernos que considera hostiles, como el de los hermanos Castro en Cuba desde hace medio siglo, donde aplica un severo embargo

comercial. De otra manera lo llevó a Guatemala en 1977,

suspendiendo la asistencia militar por graves violaciones de

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los derechos humanos. Y ahora anuncia que lo hará por el desentendimiento del Estado guatemalteco en la reparación de las víctimas de Río Negro: 177 civiles -107 niños y 70 mujeres- masacrados el 13 de marzo de 1982 por tropas del Ejército y patrulleros civiles de Xococ (aldea vecina).

Los habitantes de Río Negro se negaban a abandonar sus tierras, que debían emplearse en el embalse de la hidroeléctrica Chixoy, co-financiada por el Banco Mundial y el BID. Esa resistencia fue interpretada por las fuerzas oficiales como manipulación de la guerrilla, y la masacre se reportó al centro del mando militar en Huehuetenango como un enfrentamiento militar: “177 bajas del enemigo, sin bajas en nuestras filas”. Años después, niños sobrevivientes –adoptados por los victimarios de sus

familias- promovieron procesos penales y de dignificación. Tras varios juicios locales,1 en 2005 el caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la totalidad de víctimas en Río Negro: cinco matanzas y 445 personas asesinadas.

1. En 1999 fueron condenados 2 ex-patrulleros de las PAC y 1 ex comisionado militar a 50 años de prisión por el asesinato de 2 mujeres en la masacre

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