ANÁLISIS DE LA NUEVA LEY

Ante un claro reto del Estado para controlar el fenómeno de la delincuencia organizada mediante mecanismos con sustento jurídico, principalmente para acotar la forma de aplicar los recursos económicos de los grupos delincuenciales y debilitar sus estructuras, hoy es una realidad la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo (Ley antilavado), misma que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) hizo llegar al presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 26 de agosto de 2010, como una Iniciativa de Decreto por el que se expide esta Ley Federal; se reforma el artículo 27 y se adiciona un artículo 27 Bis, ambos del Código Fiscal de la Federación (CFF).

ANÁLISIS DE LA NUEVA LEY

Después de analizar la citada ley, encontramos que la misma contempla penas de hasta ocho años de cárcel y multas que llegan a los 100,000 días de salario mínimo.

Asimismo, la nueva Ley antilavado tiene como objetivo prevenir, contrarrestar y erradicar el financiamiento de las organizaciones criminales.

No es un secreto que las organizaciones criminales operan mediante negocios que en apariencia son considerados "legítimos".

La falta de mecanismos para detectar y castigar estas conductas, ha hecho posible la multiplicación y sofisticación a nivel mundial de los grupos delictivos. Esto ha obligado a diversos países, entre los que se encuentra México, a ponerse al día con medidas eficaces que hagan verdaderamente posible el combate contra la delincuencia organizada en donde más les duele: sus finanzas.

En gran medida, esta ley fue impulsada por no cumplir con las recomendaciones mínimas del grupo de acción financiera internacional sobre bloqueo de capitales y financiamiento al terrorismo (GAFI) en relación con los llamados gatekeepers. Estos últimos son individuos utilizados -algunas veces obligados- por el crimen organizado para integrar a la economía formal los recursos ilícitos provenientes de las actividades criminales.

La Ley antilavado consta de ocho Capítulos y 63 artículos; la supletoriedad de la ley es en este orden: la legislación mercantil, Código Civil Federal (CCF), Código Penal Federal (CPF), Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y Ley de Seguridad Nacional (LSN); siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la encargada de la aplicación e interpretación de la Iniciativa.

Uno de los puntos medulares de la Ley antilavado es la regulación y control de las actividades de los gatekeepers, o personas clave dentro de los establecimientos comerciales: rubros como los concursos, sorteos y juegos de apuesta; instituciones que emitan o promuevan tarjetas de servicios, crédito o medio de pago para adquirir algún bien o servicio; compraventa de metales, piedras preciosas, relojes, joyas; así como traslado y custodia de valores, son algunos de los cuales quedarán sujetos al escrutinio de la ley referida, debido a que a lo largo del tiempo éstos han sido establecimientos y operaciones frecuentemente utilizadas por la delincuencia organizada para realizar acciones de lavado de dinero.

Asimismo, la Ley antilavado contempla restricciones de las operaciones en el uso de efectivo en algunas actividades específicas, como: (i) la transmisión de propiedad o constitución de derecho real sobre: vehículos (aéreos, marítimos o terrestres); (ii) joyas, metales preciosos, relojes y/o piedras preciosas; (iii) la adquisición de boletos para participar en juegos de apuesta, sorteos o concursos; (iv) la prestación de servicios de blindaje a vehículos o inmuebles, y (v) la transmisión de dominio o constitución de derechos reales sobre títulos representativos de partes sociales y acciones de personas morales.

Entre los mecanismos para el combate al lavado de dinero, se contemplan numerosos requisitos, como mantener información sobre la identificación de los usuarios y, en general, cumplir con los requerimientos de la SHCP y brindarle apoyo para la detección de operaciones de procedencia ilícita.

La Ley antilavado también dispone que todas las sanciones podrán ser impugnadas por medio de un recurso de revisión o de un proceso contencioso administrativo, tramitándose este último ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), y el primero ante la misma SHCP.

CONCLUSIONES

En síntesis, la Ley antilavado tiene como objetivo primordial desalentar el lavado de dinero mediante una estrecha vigilancia por parte de la SHCP. Sin embargo, para algunos comercios y establecimientos que operan lícitamente, esta vigilancia podría resultar excesiva y no solamente inhibir el lavado de dinero, sino también las operaciones de procedencia lícita.

Además de lo anterior, esta ley deja intactos otros rubros, los cuales, por su naturaleza, pueden resultar un "blanco" fácil de la delincuencia organizada, como son: el deporte profesional, restaurantes, servicios turísticos, sindicatos, grupos musicales, entre otros.

En México los empresarios están poco prevenidos ante un eventual fraude en sus organizaciones, en gran medida por creer que ese hecho sólo les compete a los bancos; sin embargo, siempre “es un buen momento para sensibilizar al sector no financiero, que parece tener una ceguera voluntaria…” Incluso las pequeñas y medianas empresas son utilizadas como pantallas para el lavado de dinero, gracias a “…la complicidad o ingenuidad de muchos”.

Las autoridades encargadas de investigar este delito en México son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), que a su vez trabajan conjuntamente para atacar esta problemática: la SHCP “se encarga de realizar análisis de transacciones financieras y pasar reportes de operaciones sospechosas a la PGR para que haga la investigación correspondiente. Aunque las consignaciones por este delito son muy pocas, las sanciones van de cinco a 15 años de prisión o multas de mil a cinco mil días de salario mínimo”, mencionó Vizcaíno, quien además apuntó que el gobierno federal está combatiendo a la delincuencia organizada fomentando la creación de leyes como la de Extinción de Dominio.

Dicha ley permite realizar el embargo de bienes, retirar dinero en depósito de sistemas financieros, así como títulos de valor y sus rendimientos.

Por ley los integrantes del sistema financiero requieren de los servicios de un especialista de lavado de dinero en México, y es conveniente analizar si algunas empresas pueden y/o deben necesitar implementar programas de prevención y detección

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