Proceso geopolíticos

Proceso geopolíticos

Desde 1989 vienen realizándose en Venezuela elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores. En aquel entonces la práctica y el discurso neoliberales nos ponían sobre la mesa la descentralización político - administrativa, como una herramienta para “acercar el poder al ciudadano”. Bajo esta falsa premisa, se llevó adelante una arremetida contra el Estado-Nación, procurando disminuir sus facultades a su mínima expresión posible. En conjunto con este proceso de desmontaje de lo estatal, se llevaron adelante las obscenas privatizaciones de empresas públicas, que apuntaban con seguridad a la eventual privatización de nuestra industria energética y las empresas básicas; es decir, la entrega definitiva de nuestros recursos naturales.

Esta estrategia bien diseñada, propiciaría que Venezuela abandonase un relativo capitalismo de Estado practicado en las décadas de los 70 y 80, para entregarse a la globalización neoliberal de brazos, suelo y subsuelo abiertos. Comenzaron a serle transferidas a los gobernadores y alcaldes competencias que hasta entonces recaían en el Estado central en materias tan esenciales como la salud, la educación, los servicios públicos. El objetivo final era la completa privatización de la sociedad toda. Cada gobernador de estado, dependiendo de los intereses a los que respondiese, planificaba a su antojo en asuntos esenciales para el futuro de los venezolanos. La comunidad en su conjunto, esa a la cual se le iba a acercar el poder, quedaba marginada de la toma de decisiones. Autoridades que supuestamente gozaban de la voluntad popular delegada en ellos a través de un proceso electoral, pactaban con los partidos de turno, con los grupos económicos influyentes y profundizaban el proyecto mega descuartizador del Estado y la sociedad.

Los supuestos “líderes eficientes” que surgieron de la estrategia descentralizadora, se proyectaban como los futuros gobernantes nacionales, para dar así la estocada final a cualquier intento de recomponer y de reorganizar las relaciones sociales y de producción hacia el siglo XXI. Venezuela se veía condenada inevitablemente a asumir su rol como protagonista ejemplar del neoliberalismo latinoamericano, profundizando la perenne condición colonial y de productora de materias primas que el mundo le había reservado desde el siglo XIX. Las mayorías excluidas no aparecían en los planes de la burguesía que controlaba el poder político; serían limitadas a la cadena perpetua (tal vez pena de muerte), serían los explotados que generarían la riqueza que luego les sería arrebatada por las élites. Con el engaño de la descentralización y una serie de paliativos que desde el gobierno central y los escenarios locales se les otorgaban a los más necesitados, supuso la oligarquía que el pueblo de Bolívar habría desactivado el malestar y el coraje mostrado en 1989 y ocuparía su triste rol social en plena paz y resignación. Cuán equivocados estuvieron: los mecanismos de transformación que se dispararon en durante la explosión social de 1989 eran ya inexorables. Ya tenían incluso rostro claro y liderazgo: los de Hugo Chávez y su equipo. Por más que trataron de satanizar mediáticamente y disminuir a aquel grupo de militares que en 1992 encabezó una rebelión militar interpretando el sentimiento popular desbordado en 1989, la energía de un pueblo digno dispuesto a ser libre y soberano era incontenible.

Toda la parafernalia neoliberal y descentralizadora se estrella contra el poder popular que llevó al poder, usando los restringidos mecanismos de la democracia burguesa, a la Revolución Bolivariana en 1999. Las disposiciones de la nueva Constitución y las leyes que desarrollaron sus principios, daban al traste, en buena parte, con el plan imperialista de seguir sometiendo a Venezuela. Aunado esto a la imposibilidad de la derecha para concretar un triunfo electoral, la imposibilidad de que las mayorías dejasen de apoyar la Revolución, entre los años 2001 y 2004 Venezuela fue víctima (y el mundo fue testigo cómplice) de innumerable cantidad de planes golpistas, desestabilizadores y violentos. Sin embargo el pueblo ya estaba decidido: ¡NO VOLVERÁN! A pesar de los avances, el nuevo ordenamiento jurídico que se dieron los venezolanos y venezolanas, por diversas circunstancias, no había logrado afectar o transformar significativamente la estructura política en sus distintos niveles de gobierno. Durante la constituyente de 1999, la carencia de definiciones ideológicas y los astutos infiltrados, lograron que la descentralización siguiese presente, en términos muy semejantes a los de los años 90.

La intención era clara, precisamente desde allí, desde los espacios de poder que la oligarquía pudo mantener en las gobernaciones y alcaldías, surgieron los recursos fundamentales para darle sustento a las conspiraciones golpistas de esos años. No en balde, fue la Policía de la entonces opositora Alcaldía Mayor, la que en abril de 2002 concretó el Golpe de Estado; el dirigente de la derecha, Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia (candidato presidencial en 2006 y hoy aspirante a la alcaldía de Maracaibo), el representante del los gobernadores y alcaldes que fue al Palacio de Miraflores a fotografiarse con el brevísimo dictador Carmona el 12 de abril de 2002; el entonces gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, el que tomó los medios de comunicación del Estado durante el golpe; el Alcalde de Baruta, Enrique Capriles (hoy aspirante a la gobernación de Miranda), el que asedió la Embajada de Cuba durante el golpe; Leopoldo López, entonces alcalde de Chacao (visto como futuro candidato de la derecha), el que permitió que los militares golpistas tomaran por meses la Plaza Altamira, tratando de generar un segundo golpe militar en 2002. Por señalar solo algunos nombres y fechorías.

En 2004, tras el referendo nacional que ratificó ampliamente a la Revolución Bolivariana en el poder, la desesperada oligarquía se entrampó al denunciar un supuesto fraude que jamás existió y dos meses después del referendo fueron incapaces de movilizar a sus electores, pues ya se habían encargado de deslegitimar ante ellos al poder electoral. Así las cosas, los candidatos a gobernadores y alcaldes bolivarianos se hicieron de 20 de las 22 gobernaciones y la inmensa mayoría de las alcaldías y asambleas legislativas. Comenzaba el momento de desmontar la farsa descentralizadora. Muchas de las gestiones regionales revolucionarias comenzaron a incorporar paulatina pero crecientemente, a las comunidades en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Gobernaciones y alcaldías que hacían fluir las políticas sociales del Gobierno Bolivariano, sus misiones, su impacto positivo en la población. Los Consejos Comunales,

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