La Administración De Jean-Jacques Rousseau

La administración de Jean-Jacques Rousseau

Mediante El Contrato Social, Rousseau le abre paso a la democracia. En la misma, todos los miembros reconocen la autoridad de la razón para unirse por una ley común en un mismo cuerpo político, ya que la ley que obedecen nace de ellos mismos. Esta sociedad recibe el nombre de república y cada ciudadano vive de acuerdo con todos. En este estado social son necesarias las reglas de la conducta creadas mediante la razón y reflexión de la voluntad general que se encarga de desarrollar las leyes que regirán a los hombres en la vida civil. Según Rousseau, es el pueblo, mediante la ratificación de la voluntad general, el único calificado para establecer las leyes que condicionan la asociación civil. De acuerdo a la obra de Rousseau, todo gobierno legítimo es republicano, es decir, una república emplea un gobierno designado a tener como finalidad el interés público guiado por la voluntad general. Es por esta razón, que Rousseau no descarta la posibilidad de la monarquía como un gobierno democrático, ya que si los asociados a la voluntad general pueden convenir, bajo ciertas circunstancias, la implementación de un gobierno monárquico o aristocrático, entonces tal gobierno será legítimo, con la condición que sea ratificado por la voluntad general y vele por el bien común.

En su modelo político, Rousseau le atribuye la función de soberano al pueblo. A este término no le atribuye características que designan a una sola clase o nación, sino la representación de una comunidad de los que desean formar un Estado y vivir bajo las mismas leyes que son la expresión de la voluntad general. El pueblo, como soberano, debe llevar a cabo una deliberación pública, que ponga a todos los ciudadanos asociados en un plano de igualdad, en la cual el cuerpo no puede decidir nada que atente contra los intereses legítimos de cada uno. Entonces, es la función del soberano responder a todos, ya que sin esto no existiría Estado ni soberanía, pero no puede llevar a cabo o implementar más de lo que es necesario y estipulado por el bien común.

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