La Formacion Del Concepto De Estado De Derecho

II. La formación del concepto de Estado de derecho

1. La justificación de la ley y la soberanía moderna

Hemos dicho antes que toda sociedad, por muy elemental que sea, posee un sistema de normas legales que

permite la convivencia ordenada de sus miembros. Además, hemos explicado esto dando por supuesto que los

hombres obedecen las normas sin poner objeción. Sin embargo, ahora tenemos que incluir el tema de la obligación

de cumplir las leyes, el cual requiere algunas consideraciones históricas.

El problema de la obligación está íntimamente vinculado a las respuestas que podamos dar a las preguntas sobre el

origen y la supremacía de las leyes y, por lo tanto, a la del derecho de gobernar que éstas definen. En la llamada

Antigüedad Clásica --que abarca los apogeos sucesivos de las culturas griega y romana--, la respuesta a la cuestión

de la fuente del poder siempre osciló entre la afirmación de un origen divino de las leyes y la de los acuerdos de los

hombres. Platón, en Las leyes, y Aristóteles, en La política, hablaron de las leyes como principios provenientes del

raciocinio humano; pero mientras en el primero este raciocinio descubre y postula formas eternas y perfectas que

pueblan un mundo inaccesible a los sentidos y la experiencia cotidiana de los hombres, el segundo lo relaciona con

las distintas formas de gobierno definidas según los distintos tipos de Constitución posibles.4 Por su parte, los

filósofos llamados «estoicos» propusieron explícitamente que las leyes no tenían otro antecedente que un acuerdo

contractual entre los hombres que luego las obedecerían; mientras, los llamados «sofistas» habían propuesto en su

momento que toda verdad política --incluidas, por supuesto, las leyes-- surgía de una retórica cuyo objetivo último

era conseguir el consentimiento de los ciudadanos. Pese a sus diferencias, todos ellos coincidieron en sostener «el

dominio de la ley frente al ideal despótico»,5 es decir, la supremacía del «gobierno de las leyes» sobre el «gobierno

de los hombres».6

Los griegos concedieron una enorme importancia a la función de la ley en su vida colectiva. En la época de la

democracia (siglo V a. C.) ya existía el derecho de libre expresión para participar en la discusión de los asuntos

comunes de la polis (que significa ciudad o comunidad política). No obstante, las leyes de los griegos dividían a los

hombres en distintas categorías. Eran leyes que privilegiaban a los varones libres por sobre las mujeres y los

esclavos. Por ello, los principios democráticos amparados en esas normas eran válidos sólo para un sector

minoritario de la población. Finalmente, estas leyes suponían una desigualdad establecida por voluntad divina o por

el orden de la naturaleza, que en modo alguno podría ser alterada. Algo similar sucedió en el Imperio Romano,

donde no obstante haberse dado la primera codificación exhaustiva y sistemática de las leyes bajo la figura del

derecho romano (base todavía de muchos preceptos legales de nuestra época), la idea de distinguir calidades de

hombres mantuvo los privilegios de la vida republicana al alcance sólo de una reducida cantidad de individuos.

Sin embargo, esas dos tradiciones arrojaron un resultado fundamental para el tema que nos ocupa: el privilegio

otorgado al gobierno ejercido según los principios generales de las leyes por sobre el ejercicio arbitrario y

discrecional del poder. Por ello, nuestras disquisiciones actuales sobre la ley tienen que partir de que si bien las

formas modernas de la ley pueden considerarse más extensas y complejas, la vinculación entre ley y justicia ya

había sido bien establecida por griegos y romanos.

Durante la Edad Media (siglos V al XIV) la noción de ley se mantuvo vinculada al ejercicio de la razón --que como

hemos visto es una herencia clásica--, tratando con ello de ofrecer principios de justicia para evitar el despotismo y

la arbitrariedad del poder. Sin embargo, la discusión decisiva a propósito de la ley giró en torno a su origen. Según

el pensamiento cristiano escolástico que predominó durante la Edad Media, toda ley, natural o humana, era una

expresión de la voluntad de Dios y, de existir en el mundo algún tipo de orden, éste habría de provenir no de los

hombres, sino de Dios.

La concepción medieval de la ley otorgaba a ésta una racionalidad plena, toda vez que provenía de la voluntad

divina. Los reyes de la tierra, según esta visión del mundo, poseían el poder político no por sus esfuerzos o su

talento, sino por la gracia divina. El derecho a gobernar, entonces, era un «derecho divino», pues la fuente de la

legitimidad del poder y de las leyes que éste promulgaba residían en Dios y no en los hombres. La idea de un

derecho divino para gobernar suponía la existencia de una sociedad claramente estratificada y jerarquizada, con un

pensamiento religioso común guiado por la Iglesia. Las leyes, por supuesto, eran racionales y universales, pero

siempre en el sentido en que lo es toda expresión de una voluntad divina. En todo caso, la dispersión del poder

político que caracterizó a esta época fue compensada por el predominio de

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