Voluntad Anticipada

Tesis Aisladas

La primera Ley de Voluntad Anticipada que entró en vigor en México, el 7 de enero de 2008, fue la del Distrito Federal. La Ley en principio regulaba las formalidades y requisitos del documento de voluntad anticipada, las obligaciones del notario, las reglas de suscripción del documento, así como la representación y los testigos. El denominado documento de voluntad anticipada se realiza ante personal de salud (puede firmar un documento de voluntad anticipada toda persona mayor de edad con capacidad de legal). Este primer intento de regulación en el Distrito Federal, marcó una pauta importante para el surgimiento de legislaciones similares en otras entidades federativas. Sin embargo, dado que la legislación contemplaba requisitos excesivos que obstaculizaban la emisión de los formatos y documentos de voluntades anticipadas, el 13 de diciembre de 2011 se dio una modificación en la que se derogan muchas de las formalidades a que estaban sujetos estos procedimientos, además se estableció explícitamente la obligación que tienen los familiares de respetar las decisiones expresadas en por el paciente, así como las facultades de sus representantes para hacer cumplir dichas decisiones. No obstante, en los casos en que no exista un documento de voluntad anticipada previamente suscrito por el paciente, las nuevas disposiciones omiten señalar aquello qué pueden o no hacer los familiares y el médico tratante, es decir quién habrá de tomar una decisión de manera subrogada y bajo qué criterios. En la actualidad, en México encontramos Ley de Voluntad Anticipada en la legislación estatal de Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y el Distrito Federal; en Guanajuato ya fue aprobada y entró en vigor en enero de 2012. En Coahuila y San Luis Potosí, no lleva el mismo nombre, pero su contenido es coincidente. Asimismo, en Chihuahua fue propuesta en junio de 2011 y se está estudiando su aprobación. Las leyes de todos los estados contemplan más o menos los mismos aspectos y el trámite es similar: todas se preocupan por la dignidad humana en la última etapa de la vida y en algunos casos toman en cuenta el problema social que representan los gastos innecesarios. Es importante mencionar que en la mayoría de las leyes estatales se mencionan elementos que se relacionan con los dilemas éticos al final de la vida: enfermedad terminal, eutanasia, ortotanasia, suicidio asistido, cuidados paliativos, sedación controlada, obstinación terapéutica y objeción de conciencia; además, de manera indirecta promueven la donación y el trasplante de órganos. En general se prohíben las conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida; no intenta promover la eutanasia, sino reconocer el derecho a rechazar el tratamiento terapéutico y a recibir los llamados cuidados paliativos.

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