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Diga En 5 Pasos Cuál Fue La Evolución De La Asamblea Nacional Constituyente En Un Contexto Político Y Social


Enviado por   •  27 de Mayo de 2012  •  2.953 Palabras (12 Páginas)  •  1.228 Visitas

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a Constitución de 1991 en Colombia redefine el marco de las relaciones entre estado y sociedad y por esa vía replantea las discusiones posibles sobre gobernanza en el país. Sin embargo, a pesar de la existencia de tal Constitución, la situación colombiana está cruzada por una irremediable contradicción. De un lado, la Constitución replantea las relaciones entre estado y sociedad, consagrando a Colombia como un Estado Social de Derecho. De otro, y en el contexto de ajuste estructural promovido por agencias internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Estado Colombiano implementa procesos de privatización y desregulación de actividades económicas y de prestación de servicios públicos. Esto último y el carácter subordinado de Colombia en el orden internacional hace que las preocupaciones de la gobernanza por redefinir las relaciones entre gobernantes y gobernados se vean afectadas por la extensión de los mecanismos de mercado a las más diversas relaciones sociales.

Se están cumpliendo 15 años de la promulgación de la constitución de 1991, sin duda el mayor cambio en las estructuras estatales, institucionales y políticas en Colombia durante el siglo XX. Por más de 100 años el país se rigió por la centenaria constitución de 1886, la cual fue resultado de la derrota de los liberales a manos de los conservadores en una de las múltiples guerras civiles que sacudieron la nación en el siglo XIX.

La carta del 91 no fue la excepción a la relación entre guerras, violencia política y cambios en el ordenamiento institucional y estatal, tan presentes en la historia de Colombia. En efecto, la Constitución del 91 fue resultado de las deliberaciones de la de la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual buscaba conjurar y poner fin la crisis política generada a finales de la década de los 80, especialmente debido al proceso mediante cual narcotráfico y violencia política amenazaban la viabilidad y el futuro de país a través de lo que en su momento se denomino el narcoterrorismo.

La constitución intento modernizar el mundo político, y aunque su impacto se ha visto limitado a ámbitos específicos logró transformar algunos de los sentidos atribuidos a la relación estado y sociedad y convertirse en una de las referencias utilizadas por actores colectivos para reivindicar sus derechos. Precisamente, la carta constitucional opera como el marco histórico desde el cual preguntarnos por la construcción de gobernanza en Colombia. Es ella la que propone un tipo específico de articulación entre ciudadanos y estado.

Sin embargo, semejantes expectativas de « paz política » y « paz social”, no tardaron en desvanecerse y por el contrario durante estos 15 años violencia política y narcotráfico han crecido de manera desbordada. “La paz social” tampoco se logró en gran medida por los motivos que expondremos mas adelante.

Las esperanzas generadas por los avances en materia de derechos y garantías encontraron un formidable obstáculo para su realización plena en las medidas y la reorientación del modelo económico de corte “neoliberal” aplicado con mayor o menor énfasis por los sucesivos gobiernos de turno en estos 15 años.

Este es un asunto central ya que “…es imposible entender los procesos económicos y sociales de Colombia desde comienzos de los años 90, sin entender la dialéctica ente los esfuerzos de modernización económica, representados en la apertura, y la búsqueda de un nuevo pacto social, cuya materialización más importante fue la constitución de 1991” 1.

La tensión señalada, « …entre una nueva constitución que pedía mas estado como mecanismo para superar la crisis institucional, y plan de desarrollo que diagnostica, la necesidad de menos estado, es eje de la reforma del estado en Colombia » 2, no solo es cierto en cuanto al plan de desarrollo durante la administración de Cesar Gaviria entre 1990-1994, como señala Ocampo, sino que se incorporaría constantemente en los gobiernos posteriores y en la discusión entre estos y la sociedad colombiana, es decir se convertiría en un tema central de la agenda política y la gobernabilidad en nuestro país.

Aun más, la actual administración del presidente Álvaro Uribe es señalada por muchos sectores como decididamente contraria a la constitución del 1991. No sólo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sino también en materia de derechos civiles y políticos, así son interpretados los embates contra el derecho de amparo o acción de tutela (articuló 86) y las acciones y propuestas de reforma a la justicia, que tienen como objetivo disminuir las facultades de la Corte Constitucional, precisamente el órgano guardián de la constitución de 1991(Ccajar, 2004).

¿Contradicción u complementariedad?.

La Constitución del 91 en su artículo 1 avanza en la consagración de Colombia como “un Estado social de derecho”, en el artículo 3 se establece la soberanía popular y en él articulo 7, se establece el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Aun más él titulo II de La Constitución esta consagrado a « los derechos, las garantías y los deberes” y es en opinión de muchos uno de los ejes centrales de la carta. Allí se hace explicito los avances en materia de derechos, no sólo los denominados de primera generación (civiles y políticos, artículos 11 al 41), sino también los derechos denominados tercera generación (económicos, sociales y culturales, artículos 42 al 77), incluso consagra en los artículos 78 al 82 los derechos colectivos y medio ambiente, lo que representa una novedad en el contexto de América Latina.

En síntesis la Constitución de 1991 establece un marco institucional que permite avanzar en el concepto de ciudadanía entendido como “el derecho y tener derechos »(Dagnino, 1998, 51-52, citado en Ramírez, 2001,299)

Sin embargo, Semejante colección de derechos, no pocas veces, se convirtieron en un acto formal o “letra muerta” ante las medidas tomadas en desarrollo del llamado modelo económico neoliberal en boga en América Latina a principios de la década del 90, cuyas piezas claves son: el desmonte del estado, el fortalecimiento de la economía de mercado y el desarrollo “hacia afuera” o apertura económica. Pero tal como señala a Ocampo sobre el eclecticismo de la constitución de 1991, en la medida que esta fue un pacto político, diversos principios defendidos por quienes impulsaban la apertura económica fueron incluidos en la carta, ente ellos, los artículos 334 sobre la libertad económica y la iniciativa privada y el artículo 336 sobre los monopolios que permite la participación privada en aquellos sectores donde el monopolio estatal resulte lesivo al interés publico 3.

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