Introduccion A La Ley SAFCO

A partir de la promulgación de la ley 1178 el 20 de Julio de 1990, el actual Gobierno Plurinacional de Bolivia, tiene un instrumento moderno para regular los sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública.

La presente Ley expresamente en su artículo 9 señala: "El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las aptitudes de los servidorespúblicos y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos"

En la introducción, se expone de manera sucinta la temática abordada sobre la importancia de cumplir con el mandato público de "generar valor" para beneficio de gobernantes y gobernados.

El primer capítulo comienza con la explicación clara y sencilla sobre la fundamentación teórica que apoya el presente trabajo final de grado, poniendo especial énfasis en los instrumentos y la normativa vigente sobre el Sistema de Administración de Personal.

El segundo capítulo refiere al diagnóstico institucional, donde los servidores públicos, concejales y sub-alcaldes han llenado un cuestionario; se realizo entrevistas al H. Alcalde y Oficial Mayor Administrativo de este municipio con el fin de recoger información fidedigna sobre la aplicación de este Sistema.

Se efectuó un diagnóstico referente al cumplimiento de esta normativa, a través de la revisión documentaria, dado que la no aplicación de la misma, genera responsabilidad administrativa para la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE.

En el tercer y último capítulo se exponen los resultados de la investigación obtenida en el trabajo de campo y un Plan de Acción para subsanar las deficiencias encontradas.

Al final del trabajo se presentan las conclusiones y las recomendaciones emanadas como producto de lo observado en la investigación.

INTRODUCCIÓN

La sociedad en su conjunto demanda condiciones institucionales adecuadas para su desarrollo económico, político y social. Para atender esa demanda, el Estado se impone a sí mismo, una exigencia de modernización, que la haga más económica, eficiente y eficaz; en definitiva, se pretende que el Estado pueda cumplir con su fin supremo que es el "bienestar de sus miembros". En ese orden, las últimas décadas de nuestra historia, han evidenciado una serie de reformas orientadas a modernizar la Administración del Estado (donde la Ley N° 1178 se constituye en una norma transversal a las mismas), que precisamente buscan cumplir con ese fin.

Este nuevo Modelo de Administración está direccionado hacia una Gestión por Resultados, pero para consolidar su implantación, se requiere de una mayor voluntad política que se traduzca en una "Política Central de Estado". Esta Gestión por Resultados, constituye una herramienta útil para dotar al Estado de una direccionalidad estratégica. Entendida esta última por una consistencia entre los objetivos estratégicos del gobierno y los planes de cada una de las entidades públicas.

Esta Gestión por Resultados viene acompañada del concepto de "Valor Público", entendido este último como la satisfacción equitativa de necesidades sociales que, pueden traducirse en la Planificación (del Desarrollo e Institucional) en términos de escenarios futuros, imaginables previamente y observables luego de que se hayan verificado (por ejemplo, se genera valor público cuando se disminuye la pobreza, mejora la educación o la salud y ello puede imaginarse en términos de escenarios y luego verificar si fue cumplido).

En definitiva, la creación de un nuevo marco de responsabilidad basado en la exigencia de resultados, frente a la mera conformidad en la que se agota el principio burocrático, es el hilo conductor de las propuestas de modernización administrativa.

Esta voluntad se concreta en medidas que tienden a reproducir los supuestos básicos de la "Gestión Pública por Resultados" en el sector público.

La implantación y adecuado funcionamiento de sistemas administrativos en las entidades públicas implica

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