La Corrupción En Venezuela

La corrupción en Venezuela

Para enfocar el tema que le da encabezamiento al presente capítulo, partamos de una sospecha: por razones de orden histórico, existe una sobrecarga delictiva en el funcionario público y en la sociedad venezolana actual [1]. Esta sobrecarga se caracteriza por tener un arraigo importante en la mentalidad de mucha gente, y por ser además, un factor explicativo fundamental cuyo estudio ayudaría a entender el carácter excesivo de la corrupción administrativa, así como la bulimia existente en muchos ciudadanos cuando administran bienes y recursos públicos, o se les facilita algún tipo de acceso a ellos -directamente o bien a través de redes informales [2].

Teóricamente es difícil definir la corrupción y hallar una delimitación específica. A esto contribuye la inestabilidad del término, la valoración prejuiciada que de él se hace y las contradicciones surgidas en el momento de clasificar y juzgar las conductas. En consecuencia, no sería pertinente buscar una definición universal. Los estudiosos de cada país o sociedad tienen la libertad de crear definiciones afines o diferentes, conforme a las características particulares de cada grupo humano, en cuanto a su legislación, historia, origen y formación cultural.

Sin embargo, en lo que si existe acuerdo es en el aspecto medular del problema: la corrupción administrativa es vista en su aspecto general, como “una transferencia ilegítima de lo público a lo privado” [3]. En el caso de Venezuela y en términos amplios, la corrupción podría ser definida como el conjunto de acciones cometidas por funcionarios públicos, solos o en connivencia con otros ciudadanos, representantes de organizaciones públicas o privadas, con el objeto de apropiarse ilícitamente de dineros, recursos y otros bienes, u obtener cualquier tipo de ventaja patrimonial, por acto de hacer u omitir, o bien, incumpliendo la ley que regula sus actuaciones. Al respecto, la Ley de Salvaguarda registra más de 32 delitos [4].

Es conveniente aclarar que dentro de esas transferencias ilegítimas y delitos contra el patrimonio público, deben incluirse no sólo aquellos causantes de mayor escándalo, sino también los protagonizados por ciudadanos que roban o destruyen bienes de importancia y uso social, pero cuyas acciones no propician mayores tumultos, aunque si daños significativos al conjunto comunitario. Dentro de ese grupo quedarían ubicados los que cometen delitos “mayores y menores” en hospitales y oficinas públicas, los ladrones de cables de alumbrado, teléfonos, tapas de tanquillas y vertederos, barandas, defensas de autopistas y carreteras, etc. También esta es una forma de manifestarse la sobrecarga delictiva en Venezuela.

La corrupción es un fenómeno universal inherente a la condición humana. Sin embargo, deben distinguirse dos tipos: la que permanece bajo límites de tolerabilidad social, y la que rebasa cualquier lindero soportable. No conviene discutir el tema de la corrupción en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y otros, y cómo encajarían estos países en la tipología propuesta. Sin embargo, en la mayoría de los naciones anglosajonas, y en las desarrolladas de origen latino, el fenómeno se mantiene bajo límites tolerables por tres causas: existe un eficiente sistema jurídico-penal (mecanismo disuasivo que controla la comisión delictual); predomina un rechazo de tipo socio-electoral (disuasivo psicológico); y prevalece un sistema aceptable de seguridad y bienestar social. La tolerabilidad existe aun en aquellos países donde ocurren escándalos financieros y corrupción, y frente a los cuales funcionan dispositivos judiciales y electorales, los primeros como instancias represivas y los segundos como mecanismos sociales que sancionan y expulsan del poder a hombres y organizaciones.

En Venezuela predomina una realidad diferente. Existe un sistema judicial menos confiable: delitos sin delincuentes. También una reafirmada complicidad social que absuelve las responsabilidades a través de la legitimación electoral (directa o indirecta), obtenida por algunos dirigentes y organizaciones políticas. Finalmente también existe un deficiente mecanismo de seguridad social y un Estado poco sensible al drama vivido por muchos venezolanos. Todo esto estimula la corrupción y coloca a Venezuela como uno de los países con una tasa delictual que rebasaría límites de tolerabilidad social

El origen estructural de este fenómeno en Venezuela viene dado por el carácter de su expresión. La corrupción actual, a pesar de ser una manifestación de la coyuntura, adquiere un rasgo histórico-estructural por tres razones: es un acontecimiento social de ámbito significativo en el espacio; tiene trascendencia social por encima de expresiones cuantitativas; y mantiene su presencia constante a lo largo de una línea histórica.

No obstante, la corrupción masiva en Venezuela suele plantearse como un simple proceso coyuntural. Los que enuncian esta tesis ubican sus antecedentes en las transformaciones vividas por el país, después que éste se incorpora plenamente a la dinámica del capitalismo mundial, con la explotación petrolera y el crecimiento vertiginoso de las importaciones [6]. Argumentan que en virtud de este proceso, el Estado se adueñó de la renta y más tarde del petróleo, apoyándose para ello en el derecho de regalías, y convirtiéndose en una institución omnipotente, pero obsoleta para administrar ese recurso y transformarlo en verdadera riqueza.

Sobrevino entonces una inesperada avalancha de dinero que al encontrarse con una sociedad acostumbrada a un ritmo de vida particular, provocó alteraciones profundas en su comportamiento. El torrente petrolero produjo un desbordamiento en la mentalidad y en el carácter de los venezolanos. El país se transformó en otro por obra y gracia de una riqueza fácil, mágica, artificial y no trabajada. De aquí se originó la corrupción en el grado excesivo que hoy conocemos porque la disponibilidad súbita de sumas cuantiosas, posibilitó el despilfarro, la malversación, el robo y el carácter venal de las consciencias. Así, el petróleo separó históricamente la mentalidad de los venezolanos y rompió el transcurso de una línea histórica.

En este trabajo se intenta demostrar que la línea histórica de la sobrecarga delictiva nunca ha sido rota, y aún cuando la sociedad y sus estructuras han sido modificadas, en el fondo conserva el mismo sentido lógico en sus esquemas de conductas y respuestas. Sin embargo, esta realidad pareciera no entenderse. Se mantiene la tendencia a observar y tratar viejos problemas como si fueran “nuevos”. Así, el enfoque situacional conduce a examinar las distintas manifestaciones del fenómeno como sucesos ocurridos en períodos cortos. Bajo la creencia de

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