Negociación Del Mundo Indigena

Negación del mundo indígena

En los últimos años se presenció en Argentina ciertos eventos significativos en relación a cuestiones étnicas, especialmente en lo relativo a los pueblos indígenas. Algunos hechos se asocian a las reiteradas exigencias que desde las propias organizaciones indígenas se lanzan al Estado argentino con la finalidad de que se respeten y cumplan sus derechos, otros acontecimientos se vinculan a la reforma de la Constitución Nacional en 1994 que trajo aparejada la emergencia de identidades étnicas que desde la sociedad nacional se suponían extintas, a la celebración del Foro Nacional titulado Derecho de los Pueblos Indígenas en la Política Pública, en mayo del 2004, al accionar de las distintas ONG en favor de los derechos indígenas, a las actuaciones de los gobiernos nacionales y provinciales, etc.

Todos estos sucesos señalan la necesidad de implementar cambios dirigidos a la protección de las sociedades indígenas y a la preservación de su entorno más inmediato. En fin, la presencia de un debate en la política pública argentina relativo a la presencia indígena comienza a romper un extenso proceso histórico caracterizado por la constante invisibilización de las sociedades indígenas (1). Los recientes procesos de reetnización en Argentina, plasmados en la emergencia de varios grupos indígenas que exigen su reconocimiento y el cumplimiento de sus derechos conduce a la necesidad de plantear profundas reformas en el Estado argentino, en su política indigenista, y en que reconozca finalmente la diversidad étnica, social y cultural que existe en la sociedad argentina.

Personalmente considero que los actuales conflictos, enfrentamientos, alianzas y negociaciones entre las partes comprometidas (indígenas, criollos, colonos, gobiernos municipales, provinciales, nacionales, ONG, empresarios capitalistas, el aparato estatal, etc.) deben ser interpretados a la luz de los fenómenos históricos, sociales y culturales, integrados en el contexto local, regional, nacional y mundial. Es en este sentido que postulo que la reconstrucción histórica de las sociedades indígenas y del Estado nacional argentino evidencian una continuidad en el tiempo que establece una clara conexión entre la génesis histórica y la estructura actual. Siguiendo esta línea argumental cabe señalar que la reconstrucción de los procesos históricos, de las prácticas sociales y culturales y de la memoria colectiva plasman en la sociedad hegemónica un cierto grado de variabilidad que se opone al característico proceso histórico implementado por el Estado argentino que tiende a imponer en toda la sociedad una homogeneización cultural, social y económica absoluta.

Sobre política y resistencia indígena en Argentina, comenzaré por referirme a los enfrentamientos, negociaciones y alianzas actuales pero sin dejar de lado los procesos sociohistóricos que fueron configurando la situación actual que viven las sociedades indígenas y que sirven en parte para entender, comprender y explicar el presente. Uno de los últimos conflictos se relaciona con las políticas gubernamentales de la provincia de Salta respecto a una reserva natural y a una comunidad indígena wichí que vive en dicha reserva. La provincia de Salta posee una gran variedad de ambientes ecológicos a pesar de las políticas locales que no tienen en cuenta el valor de la biodiversidad actual. Muchas de éstas áreas se caracterizan por la presencia de comunidades indígenas que, en contados casos, tienen los títulos de propiedad de la tierra. En estas condiciones no es de extrañar que se generen conflictos entre las sociedades indígenas y el gobierno provincial asociados a la propiedad de la tierra y a las políticas impuestas desde la gobernación provincial que conducen a la degradación del medio ambiente salteño.

Uno de los múltiples conflictos se desencadenó cuando en los meses de febrero y marzo del 2004 la Legislatura de Salta aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial con el fin de desafectar 25.327 hectáreas de los lotes fiscales 32 y 33, que desde el año 1995 constituían una reserva natural (Reserva de Pizarro) donde habitaban criollos e indígenas. Esta reserva provincial comprende una franja de selva pedemontana o de transición situada junto a la ruta 34, desde Salvador Maza (norte) hasta Pichanal y es un ambiente de interfase entre la región del Chaco y las Yungas. La reserva se encuentra actualmente en el umbral de extinción.

El Gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, desafectó la reserva con la intención de lotearla y rematarla entre los inversores privados, conservando únicamente 4.000 hectáreas de bosque. El gobierno provincial dividió el territorio en siete lotes y el 24 de junio de 2004 entregó las tierras a tres empresas diferentes dedicadas a la explotación agrícola ganadera. Desde la gobernación se argumentó este proyecto afirmando que las tierras constituían un ambiente absolutamente degradado, que las empresas compradoras podrían destinar las tierras a la agricultura (especialmente al cultivo de soja) con el fin de expandir la frontera agrícola ganadera y se apoyaron en la necesidad de la provincia de obtener recursos para pavimentar rutas provinciales. En estas tierras viven comunidades wichís, kollas y campesinos que suman aproximadamente 3000 habitantes. En el marco de este proyecto las 30 familias de la comunidad wichí Eben Ezer serían desalojadas. Así, la Reserva de Pizarro perdió su categoría de área protegida y fue rematada por el gobierno provincial de Salta el 23 de junio de 2004. En respuesta a estas políticas de deforestación, la organización Greenpeace inauguró la Estación Pizarro con el fin de disponer de una base de operaciones permanente para monitorear la reserva y evitar el desmonte. Desde esta organización también se hicieron reclamos dirigidos al presidente de la nación, Néstor Kirchner, para que intervenga de forma urgente. Los denominados jaguares de Greenpeace, que conforman un equipo de activistas que bloquea las topadoras montados sobre motocicletas enduro, recibieron la conformidad de los wichí para continuar con sus intentos de detener la degradación ambiental.

La estrategia de Greenpeace consistió en iniciar una fuerte campaña mediática con el fin de evitar el desmonte de la reserva provincial General Pizarro. Así, Greenpeace junto a otras organizaciones ecologistas lograron convocar a numerosos artistas famosos en Plaza de Mayo. Allí también se encontraban los caciques wichí Simón Pérez y Donato Antolín. Artistas y famosos firmaron un petitorio para enviar al presidente de la nación y vistieron indumentarias que llevaban inscripta la frase: "¡Kirchner, salvá la reserva ya!". Ante la magnitud de la protesta social Kirchner prometió intervenir y en la Casa Rosada recibió

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