Plutarco Elias Calles

Plutarco Elias Calles 1924-1928

Calles siguió con la tarea heredada de los gobiernos anteriores de pacificar al país, el control político del grupo revolucionario, y además inició un programa de desarrollo económico. Con ello el presidente dio comienzo a la rectoría económica del Estado.

La construcción de un nuevo sistema de poder y la erección de un nuevo Estado con instituciones y practicas de dominación fueron iniciadas por Plutarco Elías Calles. Pues en el momento de su llegada al gobierno, el poder se encontraba fragmentado en un conjunto de fuerzas independientes. Los caciques y caudillos, en ocasiones militares, que controlaban las regiones o localidades fueron la causa de la inestabilidad política del poder y un obstáculo para la consolidación de un nuevo orden.

La sociedad mexicana en esa época estaba muy fraccionada políticamente; por ello el presidente Calles se vio en la necesidad de buscar la hegemonía política para poder llevar a cabo un proyecto político-económico de alcance nacional que rompiera con las lealtades regionales y personalistas a fin de crear un Estado fuerte, que lograra la unidad nacional por medio de instituciones políticas comunes.

Nada se podía hacer sin la reforma del ejército que lo convirtiera en un instrumento del poder centralizador.

El proceso de concentración del poder presidencial tuvo su origen en el control de los caciques por medio de alianzas y de la eliminación de las viejas estructuras del ejército y del poder de los jefes revolucionarios sobre sus tropas.

El proceso se inició con las reformas

que el secretario de Guerra y Marina general Joaquín Amaro, implanto para eliminar las viejas estructuras del ejército y profesionalizarlo.

Los generales de división más poderosos de esta época fueron Joaquín Amaro, Francisco Serrano, Arnulfo Gómez, Francisco R. Manzo, Roberto Cruz, Gonzalo Escobar, Juan Almazán, Lázaro Cárdenas, Gonzalo Escobar, Jesús M. Ferreira y Eulogio Ortiz, y encima de todos se encontraba Álvaro Obregón, el supremo caudillo militar.

En 1925, dividió al país en 33 jefaturas de operaciones militares en lugar de las diez existentes y aplicó un sistema de rotación de los comandantes de zonas militares, el cual se volvió permanente. Este logro significó un paso adelante en la supeditación de los jefes militares a la dirección del gobierno federal. También se fijo el numero máximo de hombres en 55 000 regulares.

Los gastos militares frenaban la labor estatal de reconstrucción del país de construcción del país pues no había fondos para la inversión de obras públicas, educación, agricultura e industria.

El general Amaro era un hombre de disciplina y sostuvo que un ejército moderno descansaba sobre la obediencia y la lealtad hacia el conjunto del establecimiento y no sobre alguno de sus jefes en particular.

Se creó un nuevo marco legal con cuatro leyes militares que aparecieron en el Diario Oficial del 15 de marzo de 1926. Con la Ley Orgánica del Ejército y la Armada Nacional, que tomó en cuenta la experiencia de modernización en otros países , se pretendió establecer la triple misión que debe tener todo ejército: defender

la integridad territorial, hacer respetar la Constitución y preservar el orden interno.

Se promulgo la Ley de Ascensos y Recompensas, la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada Nacional, y la Ley de Disciplina del Ejército y de las Armadas Militares. Esta última estableció que un soldado en la carrera de armas debería, en el cumplimiento de sus deberes, sacrificar todos sus intereses personales a los de la soberanía de la nación y ser leal a las instituciones y al honor del ejército nacional.

Se mejoró el equipo de la tropa, dentro de las posibilidades económicas del gobierno, se unificó el armamento en uso, y se reedificaron los cuarteles para mejorar sus condiciones.

El colegio militar, cerrado en octubre de 1925 fue reabierto en 24 de febrero de 1926 con el fin de reorganizarlo de acuerdo con los nuevos preceptos militares.

Se creó la escuela militar de transmisiones y la comisión de estudios militares en 1926.

Se inició la formación del Estado Mayor General y de la Inspección General del Ejército para regular la marcha de todos los servicios.

La educación militar se convirtió en un verdadero ideal de la organización castrense. Así, se enviaron cadetes mexicanos a estudiar a otros países y se instalaron agregados militares en la embajada de México en países de Europa y estados Unidos, para que adquirieran conocimientos sobre los ejércitos modernos del mundo.

Conforme fueron avanzando estas reformas se fue rompiendo con las lealtades personales y el poder local de caudillos y caciques.

Fuera del ejército el único grupo

organizado y coherente era la CROM, que contaba según estadísticas de la misma con 200 000 afiliados al frente de la cual se encontraban Luis N. Morones, quien inició en 1918 el caudillismo sindical. El movimiento obrero fue el elemento primordial de un plan de Calles apara reducir su dependencia de la fuerza militar y eliminar el regionalismo y el caciquismo a fin de fortalecer el poder central. De esta forma, la alianza con los lideres obreros fue uno de los avances en el proceso de consolidación del sistema político y social de la Revolución Mexicana.

Su función principal consistió en obtener el equilibrio entre los factores de la producción por medio de la consolidación de clases y la unidad nacional para el desarrollo económico del país. Para Calles, el poder dado a la CROM significó un equilibrio de fuerzas antagónicas.

La política de la CROM sirvió de apoyo a las instituciones del régimen identificó a los obreros con los aspectos nacionales revolucionarios del proyecto de reconstrucción económica.

Morones estableció estrechos vínculos con los empresarios mexicanos para estimular la producción y mejorar la calidad de los productos manufacturados, a cambio de mejores condiciones de vida para sus trabajadores.

Las juntas de conciliación y arbitraje creadas por decreto el 17 de septiembre de 1927 y publicados en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 1927 responden a la política de condición del gobierno, quien se convierte en arbitro entre la empresa y el trabajador.

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