Privatizacion De Las Industrias

13 de enero de 2005

El 5 de enero de 2005, el gobernador del estado Cojedes (en el centro norte venezolano), Johnny Yánez Rangel, alborotó a la opinión pública nacional al firmar el primer decreto zamorano que operativiza la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, polémico instrumento legal que salió a la luz pública el 11 de noviembre de 2001, dentro del paquete de 49 leyes habilitantes aprobadas por el gobierno bolivariano de Venezuela.

La aprobación de esta ley de tierras trajo como producto inmediato la creación del Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que asumió la tarea de revisar la situación legal de la tenencia de tierras y, en las hectáreas rescatadas, promovió la organización de campesinos y entregó cartas agrarias (que es una constancia legal de propiedad). Esto generó una reacción inmediata en los terratenientes que formaron escuadrones de choque y como consecuencia, más de 100 campesinos han sido asesinados desde que se aprobó la ley.

Cuatro años más tarde, enero de 2005, este decreto zamorano del gobernador del estado Cojedes, vuelve a recrudecer a la rancia oligarquía del campo venezolano, quienes de inmediato han reaccionado ante las acciones del gobierno bolivariano, al cual acusan de estar atentando contra la propiedad privada. De inmediato los medios privados activaron su maquinaria para generar incertidumbre y anunciar una situación de violencia que acabará, por culpa de Chávez, con la paz nacional.

Reacciones de los latifundistas

El primer sector en reaccionar fue el gremio de ganaderos. El presidente de Fedenaga, José Luis Betancourt, dijo: "Este no es el camino correcto. Si se quiere eliminar la propiedad y la institucionalidad, significará la pérdida de la paz". La expropiación de tierras ociosas es un tema controvertido en Venezuela, y es uno de los argumentos que usa la oposición para calificar a Chávez con un término inventado por sus luminarias políticas: "castro-comunista" (?).

Otras organizaciones, fabricadas por los medios de comunicación privados (en virtud de la desaparición de la oposición política nacional), como Electores Libres, Comité de Lucha contra el Alto Costo y otras, declararon el 6 de enero que "los gobernadores no tienen facultad para hacer este tipo de decretos. Rechazamos de manera categórica el intervencionismo del Gobierno Nacional. Van a aumentar la pobreza". "Esto lleva a una incertidumbre generalizada en el sector productor venezolano", afirmó por su parte Vicente Brito, dirigente de la asociación Movimiento Federal, también de oposición y ex presidente de la central patronal Fedecámaras que apoyó el sabotaje petrolero de diciembre de 2002.

Situación venezolana

A la fecha, la República Bolivariana de Venezuela, según datos del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) importa más del 70% de los alimentos que se consumen a diario y que forman parte de la canasta alimentaria. Presenta además la particularidad de tener más del 80% de las tierras cultivables en manos un 5% de los propietarios.

Muchas de esas tierras (algunos argumentan largas sucesiones familiares) fueron obtenidas al amparo de gobiernos complacientes que, por décadas, atentaron contra el movimiento campesino y permitieron que se ocuparan, ilegalmente, grandes extensiones de terreno. Personas que modificaron a su antojo los linderos y acapararon las mejores tierras del país. Coincidencialmente, los grandes grupos importadores y la oligarquía comercial (junto con un grupo de políticos que vivieron su esplendor en el puntofijismo) son los mayores acaparadores de las tierras.

Norte bolivariano

Cuando Venezuela habla de implementar la soberanía alimentaria, debe necesariamente revertir la situación del campo, superar la dependencia petrolera y comenzar un amplio programa de promoción del campesinado para lograr producir, al menos, los alimentos que consumimos, grosso modo ese es uno de los objetivos contemplados en el proyecto bolivariano.

Para dar fuerza a este objetivo estratégico, en un acto multitudinario presidido por el presidente Hugo Chávez

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