RESUMEN LATIFUNDIO COMO MODO DE PRODUCCIÓN GENERADOR DE PROBLEMAS SOCIALES

RESUMEN

LATIFUNDIO COMO MODO DE PRODUCCION GENERADOR DE PROBLEMAS SOCIALES

Un latifundio es una explotación agraria de grandes dimensiones, caracterizada además por un uso ineficiente de los recursos disponibles. La extensión necesaria para considerar una explotación latifundista depende del contexto: en Europa un latifundio puede tener algunos cientos de hectáreas. En Latinoamérica puede superar fácilmente las diez mil.

Aparte de la extensión, existen otros elementos característicos de lo que se conoce como latifundismo: bajos rendimientos unitarios, utilización de la tierra por debajo de su nivel de máxima explotación, baja capitalización, bajo nivel tecnológico, mano de obra empleada en condiciones precarias y, en consecuencia, con bajo nivel de vida. El latifundismo ha sido tradicionalmente una fuente de inestabilidad social, asociada a la existencia de grandes masas de campesinos sin tierras. Para solucionar los problemas originados por los latifundios, se han probado diversas fórmulas, dependientes del tipo de gobierno en el que se encontraban: desde el cambio de estructura de la propiedad (reforma agraria), con expropiaciones incluidas, hasta la modernización de la explotación (agricultura de mercado).

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN RURAL Y LA EXCLUSIÓN DEL CAMPESINO

Durante las últimas décadas del siglo XX, el medio rural latinoamericano sufrió transformaciones de gran envergadura. La agricultura dejó de ser la base de la industrialización; los productores rurales para el mercado interno enfrentaron un proceso de exclusión productiva manifiesto en la caída de sus ingresos y en la creciente incapacidad para abastecer la demanda nacional, con lo cual sobrevino la dependencia alimentaria de la región con los países desarrollados, esencialmente con Estados Unidos.

Estos procesos trajeron consigo la pauperización y descampesinización de un amplio grupo de campesinos y la emergencia de un nuevo ciclo de movilizaciones campesinas comandado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el movimiento de los cocaleros en Bolivia y el movimiento indígena en Ecuador.

La exclusión económica de los productores rurales veló los mecanismos de explotación a los cuales estaban sujetos, lo que llevó a desestimar las visiones sustentadas en la subordinación social. En consecuencia surgieron teorías que consideran superados los enfoques que reivindican las tendencias económicas generales, las visiones histórico-estructurales y las posiciones críticas del capitalismo.

Durante los años noventa, la agricultura latinoamericana ingresó en la fase agroexportadora neoliberal, la cual se sustenta en dos procesos principales: el dominio de la agroindustria multinacional que produce alimentos elaborados para el mercado interno y el dominio de la agroindustria exportadora.

La agroindustria multinacional productora de alimentos para el mercado nacional, impulsa una forma de subordinación sobre los productores rurales que consiste en imponer precios bajos a los bienes que utiliza como insumos, sin que exista ningún tipo de apoyo o subsidio que compense al productor. Esta forma de explotación excluyente lleva a la quiebra a los agricultores y provoca el declive de la producción de alimentos básicos en nuestro país. Se trata de una forma de subordinación que en lugar de reproducir a los explotados los excluye.

Por su parte, la agroindustria multinacional exportadora impulsa cultivos muy rentables pero solamente para un reducido grupo de grandes empresarios, productores de frutas, flores y hortalizas para la exportación basados en la utilización de elevada tecnología y una fuerte concentración del capital. El carácter selectivo de dicha agroindustria impide que el grueso de los productores acceda a este tipo de cultivos.

Sustentada en estas dos formas de dominio de la industria sobre la agricultura, la fase agroexportadora neoliberal se caracteriza por el hecho de que la exclusión rural constituye su esencia y por tanto va generando a su paso un enorme descontento social. Junto con esta fase ha surgido un nuevo ciclo del movimiento campesino latinoamericano que pugna por la inclusión democrática de los excluidos.

EL ÉXODO RURAL Y LOS CINTURONES DE MISERIA

Se estima que de cada 10 habitantes de las ciudades más importantes de Venezuela, es éxodo rural de primer o segundo grado, esto consecuencia del grado de abandono y deterioro de las poblaciones rurales, lo que ha provocado el éxodo incontrolable hacia las ciudades generando ese crecimiento anárquico que representan los barrios y los cinturones de miseria que adornan el país, ciudadanos que hasta ayer producían alimentos para ellos y el resto de la sociedad y que ahora se han convertido en seres improductivos asalariados o subempleados que exigen un espacio físico urbano, consumen agua, luz, servicios públicos básicos y congestionan las ciudades. Parece que humanizar y descongestionar las ciudades debe comenzar por solucionar este grave problema del éxodo rural y esto se puede lograr volcando el presupuesto nacional hacia la provincia estimulando las actividades no solo agrícolas o agroindustriales sino la pequeña y mediana industria, los artesanos y financiar toda aquella actividad económica que genere bienes y empleo, hay que incentivar a los ciudadanos para que retornen a sus terruño(el buen hijo vuelve a su casa) pero que se le garantice posibilidades de empleo, vivienda, educación, servicios básicos y puedan recibir el financiamiento oportuno para consolidar sus proyectos personales .

Un cinturón de miseria son esos asentamientos que generalmente empiezan con una invasión de terreno, por los desposeídos (los pobres que no pueden comprar ni rentar una casa) y bueno, como veras pues como no están legales no tienen acceso a drenaje, alumbrado público, pavimentación, seguridad y todos los servicios que la gente q tiene mucha iniciativa puede obtener.

Por lo mismo que viven en esas condiciones tan precarias, pues se piensa que es gente que no tiene la cultura suficiente para acceder a un empleo bien remunerado ni tiene los estudios para ello, por su misma pobreza, no tiene carro, no consume mucho para necesitar que les ponga una tienda cerca, por lo mismo la inseguridad es mayúscula en los alrededores.

EL LATIFUNDIO Y SU VINCULACIÓN CON EL NARCOTRÁFICO

Un latifundio que está en total contradicción con la economía del siglo XXI y con la vida de la población rural, pero que se sostiene gracias al apoyo económico, político y militar de las transnacionales. El latifundio, a pesar de su poder, resultó mucho más vulnerable a la crisis y a la apertura, que los campesinos, que dejaron de sembrar el 35 por ciento de nuestras parcelas, mientras los terratenientes abandonaron el 77 por ciento de su área sembrada. Pero los terratenientes, así como la decadente clase política colombiana, son sostenidos por el capital extranjero, pues como Suharto en Indonesia o como los sultanes malayos, los gamonales colombianos son los guardianes del sistema neoliberal de globalización.

El antidemocrático, excluyente y violento régimen colombiano ha llevado a vivir en condiciones de miseria al 85 de la población rural, a la concentración aberrante e ilegítima de la tierra, (el 1.5 % de terratenientes latifundistas y narcotraficantes posee el 80% de la tierra en condiciones de improductividad), ha lanzado a abrir nuevas fronteras agrícolas en zonas de colonización a millones de campesinos, a que estos siembren 120.000 hectáreas de coca, como única alternativa productiva y económica de subsistencia ante las políticas marginalizadoras y represivas del Estado, ha hecho que Colombia pase de ser un exportador a importador.

Estas dramáticas situaciones de violación sistemática de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los colombianos evidencian claramente la ilegitimidad del Estado colombiano y ponen en entredicho su viabilidad en el conjunto de la comunidad internacional. Colombia es un país en el que los intereses rentistas de capitalistas nacionales prostituidos no solo eliminaron la autonomía alimentaria, sino que vendieron la soberanía alimentaria y política de los colombianos. Las nuevas semillas alteradas genéticamente solo sirven una vez, sometiendo en el futuro próximo a la dependencia total de las transnacionales la casi totalidad de las actividades rurales en el mundo. Un país con un Estado que no produce lo que se come no es un país en el que sus pobladores disfruten de la dignidad.

El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de algunos tipos de drogas. El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los cárteles varían en tamaño, consistencia y organización. La cadena va de los traficantes callejeros de poca monta, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, las drogas se transportan por intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a los imperios multinacionales que rivalizan en tamaño con los gobiernos nacionales.

MODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS RURALES

Para comenzar a hablar de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, es fundamental aclarar la importancia de los mismos, como una mejor manera de proporcionar respuestas rápidas y accesibles a los conflictos sociales que se presentan en el día a día de los ciudadanos que conviven dentro de un estado democrático, puesto que, la existencia de instituciones capaces de regular y facilitar la resolución de conflictos debe ser un punto fundamental existente y además, normal dentro de toda sociedad que adopte dicha teoría política. Todo lo que se ha dicho anteriormente, es un resultado totalmente lógico y deducible: en toda sociedad democrática existe una pluralidad de sujetos, los cuales actúan libremente y por ende, de manera distinta unos de otros, se presentarán conflictos concierta frecuencia, el meollo del asunto, se encuentra en conseguir formas eficaces de resolver los mismos.

Esto es lo que se ha intentado hacer desde antaño, cuando se creó por primera vez el sistema judicial, con valores de justicia y equidad, sin embargo, en una sociedad como la nuestra, en la cual esos conflictos comunes y corrientes, tales como, falta de presupuesto y falta de tiempo, se entrelazan con una situación social deplorable, es altamente complicado por no decir imposible para un ciudadano común recurrir a un litigio, activando así el aparato jurisdiccional.

Por todo lo antes expuesto es que surgen los llamados Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, como una respuesta fácil y eficaz, pero por encima de todo accesible a la ciudadanía, al momento en que se vean envueltos en algún problema que pudiera tener una solución más sencilla y rápida que la de un juicio.

En Venezuela ha habido un auge de los métodos alternos de resolución de conflictos en los últimos años y esto es así, porque se busca atacar el problema de una administración de justicia ineficaz y tardía.

Lo que conlleva a decir, que el sistema venezolano para agilizar la justicia y permitir el acceso a ella a un número importante de personas que se encontraban o se encuentran excluidas, ha establecido una serie de artículos con rango constitucional y legislativo, en donde se consagran mecanismos alternos de resolución de conflictos, con el único fin de conseguir un acceso a la justicia, rápido, imparcial, efectivo, independiente, equitativo, idóneo, responsable, confiable, etc.

Dentro de este orden jurídico se encuentran, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Arts. 253 y 258), Ley Orgánica de Justicia de Paz (Arts. 36-40 y 45-46), Ley de Arbitraje Comercial, Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (Arts. 308-317), Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Arts. 129,133,135 y 138-149), Reglamento de la Ley del Trabajo (Arts. 194 y 202) Ley Orgánica de Protección al Consumidor (Arts. 134-141), Código Orgánico Procesal Penal (Arts. 409 y 411), Código de Procedimiento Civil (Arts. 257-260-262, 388, 799-800) Código Civil (Art. 1982) y el Código de Comercio (Arts. 540,962,1005,1104,1110), entre otras.

EL SICARIATO

Un sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por encargo a cambio de un precio. Es una figura conocida por el derecho romano que reguló especialmente su condena penal, por la particular crueldad con que se conducían estos asesinos, mediante la lex Cornelia de sicariis et veneficis (ley cornelia sobre apuñaladores y envenenadores) del año 81 antes de nuestra era.

“El sicariato en el campo es una situación de años en nuestro país, situación que se recrudeció desde que comenzó la aplicación de la Ley de Tierras en el 2001, cuando más de 50 compañeros fueron asesinados en los campos de Barinas”.

El atentado a diputados y dirigentes campesinos produce reacciones de rechazo en todos los sectores de la política nacional y agraria del país, ministros, Fiscal General, Defensor del pueblo y hasta el mismo presidente encargado, José Vicente Rangel, expresaron su rechazo a este tipo de acciones, que sin lugar a duda es una muestra de la ruptura que se está logrando en los imperios latifundistas, que por mucho tiempo ejercieron su poder en el país. Asimismo los movimientos campesinos de todo el país se movilizaron a función de exigir una respuesta a los organismos competentes a los más de cien casos de campesinos asesinados en manos de sicarios pagados por terratenientes. En este sentido conversamos con representantes del Frente Campesino Nacional Ezequiel Zamora, quienes trasladaron una comisión de voceros a Caracas con la finalidad de hacer pública su posición frente a la situación que viene ocurriendo en el campo venezolano y no solamente en el tema del sicariato y el paramilitarismo sino con relación a toda la situación agraria, que es mucho más compleja de lo que se dice, según los representantes del movimiento campesino nacional.

LAS INVASIONES CAMPESINAS

En la lucha por el trabajo y la vivienda, las invasiones de tierras y de inmuebles urbanos han estado presentes en todas las sociedades durante siglos. El inicio del capitalismo en Inglaterra se caracterizó por el despojo violento de los campesinos de sus tierras, lo que los convirtió en vagabundos desposeídos que luego fueron “entrenados” en la disciplina del trabajo asalariado. Se entiende que en esas circunstancias de privaciones y explotación se produzcan luchas campesinas por el disfrute laboral de la tierra. Otro tanto ocurre en las grandes ciudades, donde los “sin techo” tratan de procurarse una vivienda que los cobije, sobre todo cuando existen centenares de viviendas no utilizadas, cuya presencia es una afrenta a las necesidades no cubiertas de un sector importante de la población.

En un proceso popular y revolucionario, sin embargo, las invasiones son inexplicables, pues se supone que dicho gobierno está precisamente al servicio de los más pobres y de satisfacer prioritariamente las necesidades de tierra de los campesinos y de viviendas del pueblo urbano, para lo cual aprueba leyes y financia proyectos y programas. El nuevo Estado asume, de esa manera, el compromiso ineludible de saldar una deuda, diferida por años, con los más pobres. Estas razones hacen innecesaria e inconveniente la práctica de las invasiones durante la vigencia de todo proceso revolucionario, a menos que con ellas se persigan otros objetivos.

Las invasiones o la amenaza permanente de su ocurrencia constituyen un factor entorpecedor del proceso revolucionario, toda vez que da al traste con las actividades programadas para satisfacer las necesidades de tierra y de viviendas. Los proyectos respectivos se ven a interferidos por una práctica nociva, que pretende lograr la satisfacción de un grupo de individualidades, por encima de las prioridades del colectivo establecidas por el Estado, el cual toma en cuenta muchos otros factores adicionales a las peticiones de los afectados. Se convierten también en focos de corrupción, pues permiten la presencia protagónica de “profesionales” de estas acciones quienes, aprovechando las necesidades de la gente, terminan enriqueciéndose con el control directo de los inmuebles y su utilización en funciones totalmente diferentes de las inicialmente esgrimidas.

Son archiconocidas las invasiones de inmuebles para el uso como viviendas que, luego de obtenidas a precios muy subsidiados, terminan siendo vendidas a los precios del mercado, con una considerable ganancia para el negociante de la miseria ajena, quien repite esta práctica una y otra vez, bajo la acción protectora de algún funcionario gubernamental. Se invade un inmueble, con la excusa de utilizarlo como centro comunal o dispensario médico o para organizar una escuela y se termina con la instalación de un comercio, una venta de licores, que beneficia solamente al “profesional” de la invasión y al funcionario de la jefatura civil, la prefectura o la alcaldía, que apoya trascorrales la actividad invasora.

Este tipo de conductas delictivas son también desestabilizadoras de la economía y del ambiente político, constituyendo una plaga de todo gobierno transformador y el gobierno bolivariano no es una excepción. Muy por el contrario, inmorales y amorales de todo tipo, disfrazados con boinas rojas y actuando en nombre de la revolución, asumen las invasiones como su trabajo revolucionario, constituyéndose en los perores enemigos del proceso.

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