Contratos Administrativos

Contratos administrativos

En Venezuela se han establecido tanto doctrinariamente como jurisprudencialmente diversidad de criterios en torno a la definición y sus elementos característicos, llegando a considerar que cualquier contrato celebrado entre la Administración Pública y un particular relacionado con el servicio público, es un contrato administrativo en virtud que va a intervenir siempre el interés general y, por tanto, inmiscuido al derecho administrativo.

Según los doctrinarios, como Allan Brewer carias, lares Martínez, Hildegard Rondón de Sanso, José Ignacio Hernández establecen que en un sentido general se entenderá por contratos administrativos aquello que cumplan con los tres elementos esenciales

1. Que al menos uno de los sujetos dentro de los contratos sea una persona publica, en cualquiera de su nivel políticos territoriales (Republica, Estado Municipio) y pudiendo ser también algún órgano adscrito a dichos entes, o alguna empresa del estado sujeta al régimen de derecho público bajo la sujeción total de los fines del estado

2. Que el objeto se fundamente en un servicio público o de interés general.

Para la profesora Hildegard Rondón de Sansó el servicio público en su sentido amplio, que a su decir es el más específico, «es la actividad destinada a dar satisfacción a las necesidades de la colectividad. La anterior definición presenta los siguientes criterios

• En sentido orgánico es entendido como la actividad reservada a alguna de las personas político territorial: República, Estados o Municipios. En este sentido, se podría definir al servicio público como aquellas actividades destinadas a satisfacer necesidades colectivas que por su naturaleza se encuentran reservadas al Estado mediante Ley.

• En sentido material se ha entendido el servicio público como la actividad dirigida a satisfacer el interés general independientemente de quien lo realice.

3. Y por último las clausula exorbitantes, donde diferentes autores como, Pequignot, señala que las cláusulas exorbitantes son las que dejan traslucir en el contrato, prerrogativas propias de la Administración Pública.

Debido a la gran cantidad y diversidad de cuestiones que maneja el Estado por la vía de la función administrativa, la Administración Pública tiene la necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan efectuar acciones que la habiliten para el logro de sus fines, para lo cual es indispensable que entable relaciones con los particulares, ya que necesita de éstos en virtud de que el Estado no tiene a su alcance todos los bienes o servicios que requiere. En este sentido, la Administración Pública realiza una serie de contratos, como los de obra pública y suministro (típicos contratos administrativos).

Son entonces los contratos

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