Criticas A La Ley General De Educacion

CRITICAS A LA LEY GENERAL DE EDUCACION

Con la Ley General de Educación culmina un proceso de reformas legislativas y prácticas de la educación mexicana, sobre todo la básica, que forman parte del propósito de modernización.

En parte, la LGE viene a sancionar decisiones administrativas, sobre todo las derivadas del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa Básica.

Su presentación al Congreso y la pronta aprobación, prácticamente con la ola negociación con el SNTE, hace pensar en que hubo cierta prisa final. ¿Porqué se dejó transcurrir un año desde la firma del ANMEB (Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica) para elaborar la ley? Si bien es conocido que se hizo la segunda reforma al Art. 3º en diciembre de 1992, uno puede preguntarse si el orden y la distribución de las reformas era conveniente así o si se trata expresamente de las dificultades políticas para proponer tales reformas. En todo caso, la pugna más amplia entre la reforma del Estado y sus oponentes de “derecha” y de “izquierda” ha llevado a una nueva ley educativa al final del sexenio, tiempo débil para reformas en políticas públicas. La pugna ha llevado también a una ley debilitada por los intereses gremiales. No habrá que engañarse, mientras la presencia e influencia corporativa del SNTE en las políticas educativas sean tan intensas y determinantes y su influencia en la operación del sistema educativo continúe limitando la actuación de las autoridades, la educación pública mejorará muy lentamente.

Al final, uno se queda con la duda respecto al tiempo que se perdió en la reforma ―modernización― de la educación. ¿Es un caso de descuido o de pragmatismo político? La fuerza y los alcances de la LGE dependen de la respuesta y, aún más, de cómo se continúen dando las formas de la participación social, no la que intenta regular el gobierno sino la que tiene autonomía y reclama calidad en las funciones de gobierno. Los privilegios del viejo y hegemónico Estado continuarán disolviéndose. Por otro lado, la Ley General de Educación, al concentrar funciones en el gobierno federal, está dando su verdadero perfil a la “federalización” de la educación (cfr. los artículos 12, 14, 20, 22, 29, 32, 44, 45, 48, 51, 63, 64, 68, 72). Ésta es una descentralización muy calculada, demasiado política. El ANMEB no basta para descentralizar realmente el proceso educativo a los estados.

Quizá es más un acuerdo administrativo que deberá evolucionar hacia una mayor descentralización.

La LGE sanciona aun un fuerte control federal en educación. En cierta manera los diputados y senadores votaron por el sistema, pero no por sus estados, por la sociedad que dicen representar. La LGE no es todavía el instrumento idóneo de política educativa para que los estados de la República

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