El Desarrollo

Ivette Itzel Flores Hernández

Estado y Sistema Político Mexicano IV

“EL DESARROLLO”

Las condiciones para emprender un proyecto industrializador en México se concretaron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, no como resultado de un proyecto a priori de la burguesía nacional para resolver el rezago que registraba nuestra economía, sino como una respuesta a los efectos que la gran crisis mundial estaba teniendo en el agotamiento del patrón de acumulación sustentado en las exportaciones, vigente hasta entonces.

El gobierno de Cárdenas cumplió entonces con la función de dirigir la transición hacia un nuevo patrón de acumulación orientado al mercado interno, apoyándose para ello en una vigorosa política económica que ampliaría enormemente la intervención del Estado en la economía. Dentro de las transformaciones que encabezó se encuentran: nacionalización de empresas extranjeras y formulación de las condiciones de entrada y salida del capital extranjero; reserva de algunos sectores infraestructurales de la economía a empresas estatales o mixtas; creación de empresas públicas u otorgamiento de incentivos para su creación en nuevos sectores o subsectores económicos; puesta en práctica de reglamentos relativos a los movimientos del capital nacional y extranjero en el país, y establecimiento de criterios generales y especiales, en cuanto a las condiciones de oferta y demanda de la fuerza de trabajo en el mercado urbano. .

El respaldo a estas importantes transformaciones provino de una alianza de clases sociales definida por Ianni (1984) como populista, en la cual las organizaciones de trabajadores urbanos y rurales, amplios sectores medios, así como la burocracia estatal y la incipiente burguesía nacional, jugaron un papel central en la lucha política contra la oligarquía que se oponía al nuevo proyecto nacionalista.

La Segunda Guerra Mundial marcó la pauta para que la activa participación del Estado en la economía continuara, con miras a avanzar en el proyecto industrializador, sólo que ahora el papel de los sectores populares dentro de la alianza populista se subordinaría al poder de la burocracia estatal y la burguesía nacionalista para ese entonces más fortalecida; y es esta ruptura en la alianza de clases, lo que define la rearticulación de los objetivos estatales en relación al desarrollo. Se pasa de un proyecto popular a uno mucho menos integrador socialmente, aunque sustentando como bandera principal el fomento al mercado interno a través de una activa participación estatal en la economía, como ruta al desarrollo.

En esta etapa de “despegue” de la industrialización con sustitución de importaciones, el Estado se encargó de crear un mercado cautivo para la industria local que logró un crecimiento notable gracias al apoyo continuo que recibió, particularmente en materia de protección de los productos locales frente a la competencia extranjera. Sin embargo, esto trajo consigo una recurrencia crónica a la inflación que tuvo que ser combatida a través de la devaluación, golpeando gravemente el nivel de vida de los trabajadores. Esta situación llevó a una crisis a inicios de la década de los cincuenta, que obligó a poner sobre la mesa la discusión sobre el curso del desarrollo industrial y el tema de la inversión extranjera.

A partir de entonces se diagnostica que la economía mexicana carecía del capital necesario para seguir financiando el desarrollo sostenido que venía registrando desde inicios de los años cuarenta, por lo que ante la falta de ahorro interno se abren las puertas a la posibilidad de la inversión extranjera. Es particularmente notable que no se cuestionara entonces que esa crisis estaba indicando la necesidad de llevar la industrialización hacia una etapa más avanzada, que se requería incrementar las exportaciones de los bienes que estaban sustituidos, y que la ausencia de inversión en CyT podría ser la causa de que eso no fuera viable en ese momento. Los argumentos para incentivar la inversión extranjera fueron que contribuiría a elevar la producción nacional, mejorar la utilización de los recursos del país y aportaría nuevas técnicas de producción, organización y distribución .

Como consecuencia del giro que tomó la industrialización hacia la apertura al capital extranjero, surge en 1955 la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo objetivo era precisamente establecer los criterios que regularían la contribución de la inversión extranjera al desarrollo industrial del país, y con ello, se observa el primer intento del Estado de intervenir en los asuntos tecnológicos del país.,

Bueno y Navarrete (1974) dicha ley condicionaba: “Para tener acceso a los beneficios fiscales, las empresas debían proporcionar, entre otra, información sobre su personal extranjero, las tecnologías empleadas, el uso de maquinaria extranjera y nacional, y la naturaleza de los acuerdos sobre asistencia y servicios técnicos y de patentes, indicando si éstos se habían celebrado con extranjeros.”

De esta forma, se estableció el criterio de rechazar aquellas solicitudes de industrias, cuya información de apoyo evidenciara que los pagos estipulados en los contratos de uso de patentes y servicios técnicos del exterior excedían del 3% de las ventas netas de la empresa

Sin embargo, el cumplimiento de esta normatividad era muy limitado, por lo que de manera sostenida hasta entrada la década de los sesentas se hará una incorporación indiscriminada de nuevas tecnologías, gracias a la ausencia de restricciones para su importación, que provocaron que simplemente aumentara el volumen de éstas sin que surgiera preocupación alguna en los industriales mexicanos por las consecuencias económicas y sociales de no poner cotos a esta situación.

La industrialización se consolidará al amparo de la inversión extranjera, para entonces la industria empieza a ceder sus sectores más dinámicos al predominio del capital extranjero, proceso en el cual la transferencia de CyT se convierte en un elemento que genera una dependencia creciente de la producción nacional.

Con todo, la industrialización implicó importantes avances en el terreno productivo, hacia los sesenta, se consigue cubrir la sustitución de importaciones de bienes de consumo y avanzar en algunos intermedios, con lo que se logró una baja de la participación de las importaciones en la oferta total. Esto se hizo con niveles inflacionarios bajos en relación a los que se registraron durante la etapa de despegue, sin recurrir a la devaluación ante los desajustes de la balanza de pagos, estrategia que será sustituida por instrumentos

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