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Reformas constitucionales

Los principios básicos de la doctrina neoliberal aplicados en México desde 1982, hicieron necesario adecuar el marco jurídico en el que se daban algunas acciones del Estado mexicano; en este contexto y con la idea de modernizar la estructura política social y económica existente, el presidente del poder ejecutivo de la nación, Lic. Carlos Salinas de Gortari ( 1988 - 1994 ) promovió ante el Congreso de la Unión la reforma constitucional de varios artículos constitucionales, entre ellos destacan los siguientes: 3°, 5°, 27°, 31°, 82° y 130°.

La Reforma Constitucional del artículo 3° El texto original del artículo 3° promulgado en 1917, heredó el conflicto iglesia - Estado que tuvo como escenario histórico el siglo XIX y principios del XX. Las reformas al artículo 3° que preceden a la actual son: el establecimiento de la educación socialista en 1934, desaparición del concepto socialista y la incorporación del nacionalismo como elemento rector de la educación en México en 1945; posteriormente con la reforma de 1980 se estableció la facultad de autogobierno a las universidades a quienes se había otorgado la autonomía con anterioridad. La reforma de 1993 que nos ocupa, a diferencia de las anteriores, no generó reacciones opositoras o manifestaciones públicas de aprobación, pues ésta tenía el propósito de legitimar las acciones que se daban en lo cotidiano y que eran violatorias de la Constitución; sólo que en el contexto en el que ocurrían, al Estado no le preocupaban en absoluto, pues la iglesia desde los años cuarenta había zanjado sus diferencias con el Estado. Era del conocimiento público la existencia de órdenes monásticas a pesar de la prohibición establecida en el artículo 5° y la existencia de escuelas de distintos niveles en propiedad o administradas por asociaciones religiosas. Las razones para que tales cosas ocurrieran eran simples: primero, por mucho tiempo el Estado no tuvo la capacidad material para atender la demanda educativa en su totalidad y en segundo, los servicios educativos prestados por escuelas ligadas a grupos religiosos era de un nivel aceptable.

Las modificaciones principales que implicó la reforma de 1993 son:

a) La educación secundaria es considerada obligatoria, además de la preescolar y primaria.

b) Faculta al ejecutivo a través de la S.E.P. a determinar los planes y programas que se aplicarán a nivel nacional.

c) Otorga seguridad jurídica a los planteles particulares que imparten educación en distintos niveles, al eliminar el carácter discrecional, con que anteriormente la ley facultaba al ejecutivo a través de las instancias adecuadas para retirar el reconocimiento a los estudios realizados en dichos planteles.

d) Retira la prohibición a las corporaciones religiosas a participar en la educación.

La reforma al artículo 3° creó la necesidad de reformar el artículo constitucional 31.

Reforma al Artículo 31° constitucional. La reforma de 1993 al artículo 3° que establece como obligatoria la enseñanza secundaria determinó la necesidad de reformar la fracción primera del artículo 31, que en el texto original establecía: Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de 15 años, concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria elemental y militar, durante el tiempo que marque la Ley de Instrucción Pública de cada Estado. Para quedar como sigue, Son obligaciones de los mexicanos:

Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria y secundaria, y reciban la militar en los términos que establezca la Ley.

Reforma al Artículo 27 Constitucional Desde 1917 el artículo 27 establece el marco jurídico para la organización del campo mexicano, además de rescatar los recursos naturales de la explotación en beneficio de extranjeros, para colocarlos al servicio de los intereses de la Nación.

Es de muchos conocido el hecho de que la tasa de producción del campo mexicano quedó por abajo de la de población desde 1965, teniendo que importar productos agropecuarios que no se producían en México, resultado de las políticas agrarias aplicadas desde los años veinte, que consideraron que el problema era de tenencia de la tierra, por la que procedieron a repartirla, dejando de lado la cuestión de la producción. Estas circunstancias fueron determinantes para buscar mecanismos que permitieran modernizar al campo mexicano y hacerlo competitivo ante la producción mundial en los umbrales del proyecto de globalización económica pretendida por la administración salinista.

En enero de 1992 el congreso de la Unión aprobó la iniciativa enviada por el ejecutivo para reformar el artículo 27° constitucional. Los objetivos de dicha reforma según consta en la solicitud del ejecutivo eran:

a) Proporcionar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

b) Capitalizar el campo.

c) Crear condiciones favorables para que los campesinos no sólo se beneficien con la posesión de sus tierras, sino de su propiedad y explotación,

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