Apreciacion

Por que ocurre?

La existencia de intervención extranjera en Chile se enmarca en un contexto mundial en que Estados Unidos consideraba como prioritario impedir el avance del marxismo y el socialismo en América Latina. Sin embargo, considerando la polarización política local y el desempeño del gobierno de la Unidad Popular, no existe consenso académico sobre si dicha intervención (expresada fundamentalmente en apoyo económico a medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones opositores) jugó o no un papel determinante en el desarrollo de los acontecimientos.

Nixon, apenas asumido, ordenó derrocar a Allende mediante el Proyecto FUBELT, más conocido como Track II.

Una serie de documentos desclasificados de la Casa Blanca publicados en 2009 revelaron que Nixon, durante su gestión, ofreció dinero y ayuda discreta al dictador brasileño Emilio Garrastazu Médici para influir a las fuerzas armadas chilenas con el fin de derrocar a Allende.

De acuerdo con papeles oficiales secretos divulgados por la organización no gubernamental National Secret Archives, Nixon le preguntó a Garrastazu Médici, en un encuentro en la Casa Blanca el 9 de diciembre de 1971, si los militares chilenos eran capaces de derribar a Allende, a lo cual Garrastazu le respondió que sí y «dejó claro que Brasil estaba trabajando con ese objetivo.

Consecuencias que se ven luego del golpe.

El golpe de Estado puso fin en Chile a casi 50 años de desarrollo de la institucionalidad democrática, inaugurada con la aplicación de la Carta de 1925 tras la caída de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en 1931. Tal institucionalidad venía experimentando desde comienzos de los 60 una fuerte erosión producto de los proyectos mutuamente excluyentes de los sectores políticos dominantes. En lo más cercano el golpe clausuró la "vía chilena al socialismo" largamente esperada por los sectores de izquierda e inauguró un extenso período de facto caracterizado por la concentración casi total del poder en la Junta de Gobierno y en la figura del General Pinochet, así como una fuerte represión sobre los sectores opositores y disidentes (políticos, sindicales y gremiales) mediante la acción de organismos de seguridad creados para el efecto (DINA, CNI), con su cortejo de violaciones a los derechos humanos fundamentales. El período terminaría en 1990, tras la presión desarrollada por la oposición a lo largo de la década de 1980.

En lo social significó el comienzo de un dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, los cuales aprovecharon el desmantelamiento de la estructura productiva estatal llevado a cabo por el gobierno de Pinochet a fines de los 70 y comienzos de los 80, por medio de un proceso de privatización. Por otra parte, significó el comienzo de una pauperización de

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