Comercio México

Políticas de Comercio Agrícola de México: Compromisos internacionales y Presiones internas.

En abril de 2003 el gobierno de México alcanzó un acuerdo con más de 25 organizaciones de pequeños agricultores a través del cual fue prevista una reestructuración de las políticas agrícolas. El llamado Pacto de agro, vino después de muchos meses de movilizaciones campesinas en que la liberalización del mercado — programada para coincidir con el décimo aniversario del Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) — y la campaña electoral se convirtió en entrelazados. El buque insignia de las movilizaciones campesinas era la renegociación del capítulo agrícola del TLCAN. El gobierno mexicano no aceptó esta exigencia, pero acordaron emprender una reforma integral de las políticas agrícolas nacionales y activar medidas de defensa comercial como parte de un blindaje en defensa de los intereses agrícolas. Paralelamente a esto, México se unió al grupo G20 dentro de la OMC y comenzó activamente a pedir la supresión de subvenciones a la exportación y la reducción de apoyos internos dentro de los mercados agrícolas. Este estudio muestra cómo se han modificado las políticas de comercio agrícola en México en respuesta a las movilizaciones campesinas y los compromisos internacionales. También muestra cómo la posición de México en la OMC ha mantenido un equilibrio entre las restricciones nacionales e internacionales imperativas.

I. Las movilizaciones campesinas y sus reclamos.

Después de la entrada en vigor del TLCAN el sector rural mexicano y sistema de tenencia de tierras entró en un período de transición de alrededor de diez a quince años, durante el cual los aranceles y las cuotas se eliminarían completamente. Sin embargo, los productos de primera necesidad estaban protegidos por contingentes arancelarios, para ser eliminadas progresivamente más de diez años. En enero de 2003 la mayor parte del comercio agrícola en el TLCAN ya había sido liberalizado y México mantenía contingentes arancelarios para sólo tres productos: maíz, frijoles y leche en polvo, lo que terminó completamente en enero 2008.

Durante la década de 1990 una reestructuración del sector rural fue anticipada mediante la privatización progresiva de las parcelas del ejido.(1) Se esperaba un cambio desde la poco competitiva producción de maíz o frijoles, a la producción de cosechas más competitivas, como verduras y frutas, se esperaba, así como un aumento en la productividad de la tierra. También se implementaron reformas políticas en la década de 1990 con el fin de desmantelar la subvención de los precios y el proteccionismo del sector. Los nuevos programas se implementaron con el fin de amortiguar el impacto de la liberalización del comercio y la reforma política — ayudas específicas para la comercialización de cultivos domésticos a través de una junta de negociación gobierno, ingresos para fomentar sustitución de cultivos para los agricultores competitivos, transferencias de ingresos para los agricultores que producen productos básicos importables y subsidios de crédito y la cobertura oficial de crédito a través de un banco de desarrollo (Yúnez 2002: 1-8).

Después de diez años de liberación del comercio y reformas políticas, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, aumentó a tasas más altas en comparación con el período anterior al TLCAN. Como era de esperar, la ventaja comparativa de México abarca vegetales (frescos y congelados) y la fruta, donde las ganancias en productividad de la tierra se ponen de manifiesto. Los granos y otros cultivos básicos, aunque su producción no se ha derrumbado, no han aumentado su productividad, excepto en las parcelas que son de regadío.

Las ayudas del gobierno a pesar de que han amortiguado el impacto de la liberalización del comercio de productos básicos importables, no lograron cambiar la mezcla de cultivos. Por otra parte, la crisis financiera de México de 1994 - 1995 canceló la disponibilidad de créditos a los agricultores mexicanos, mientras que las importaciones crecen compensadas por los déficit en productos específicos (Yúnez 2002).

Por lo tanto, diez años después de que México liberalizó su agricultura no se había logrado ninguna reestructuración seria en el sector. Persiste la brecha histórica entre producción de secano y regadío, así como entre la producción comercial, situada principalmente en el norte del país, y los cultivos locales, la mayoría de las veces con fines de subsistencia, situados en el sur. Un problema principal es que la mayoría de la población rural (alrededor del 18% del total) aún depende de pequeñas parcelas de secano y de producción tradicional a base de granos (principalmente maíz y frijol).

Es en este contexto que las movilizaciones campesinas importantes tuvieron lugar en el país, desde mediados de 2002 hasta el primer trimestre de 2003. Dos razones principales impulsaron el activismo de la base campesina. El primero fue la promulgación de la llamada 'ley agrícola' en los Estados Unidos, en el primer trimestre de 2002, a través del cual se desembolsará más de US$ 70 billones en apoyo a los productores de Estados Unidos durante un período de diez años. El gobierno mexicano respondió inmediatamente por el lanzamiento de un paquete llamado 'armadura agrícola ' que aumentó apoyos internos ya implementados por las agencias gubernamentales y activó la imposición de salvaguardias, medidas antidumping (AD) o derechos compensatorios (CVD). En otoño de ese año alrededor de doce organizaciones populares independientes formaron un bloque, El Campo No Aguanta Más (2) (CNAM), cuyo principal objetivo era detener la liberalización de los productos básicos, prevista para el año 2003 bajo el TLCAN.(3)

También exigieron la renegociación del capítulo agropecuario de este acuerdo con el fin de revertir la liberalización. Se hizo otras peticiones importantes, incluyendo un aumento en el presupuesto agrícola para los próximos años, una reestructuración y ampliación de los fondos agrícolas, la prohibición de la importación de alimentos básicos modificados genéticamente y la nivelación del campo de juego con los socios desarrollados en términos de normas y medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) (El Campo No Aguanta Más 2002).

Desde el surgimiento de este movimiento, la posición del gobierno mexicano fue a rechazar cualquier renegociación del TLCAN. Sin embargo, los funcionarios mexicanos reconocieron que los agricultores mexicanos necesitaban más ayudas dentro de la 'blindaje agrícola'. Después de la radicalización de los campesinos durante los dos primeros meses de 2003, el Presidente Vicente

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