EL CONTROL EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO.

EL CONTROL EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO.

El Presupuesto público es un instrumento de fundamental importancia para la gestión del desarrollo territorial, se constituye en el principal instrumento de ejecución y evaluación de los planes de desarrollo a través de los cuales se procura el bienestar general de la población. Dada la importancia del presupuesto, y teniendo en cuenta que refleja la gestión de los mandatarios, este se somete a distintos controles ejercidos por múltiples instancias, no obstante no todos estos controles se ejercen en la práctica o se realizan inadecuadamente y se siguen presentando en ocasiones inconsistencias en la ejecución de los recursos públicos. El objetivo del presente documento es estudiar los distintos controles que recaen sobre el presupuesto público como instrumento de planificación.

La constitución política de Colombia establece que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, que debe cumplir con unos fines esenciales tales como servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados, estableciendo también unas funciones al estado para el cumplimiento de sus fines.

En concordancia con el carácter descentralizado de la República y de la autonomía de las entidades territoriales, la Carta magna introduce modificaciones en el funcionamiento del estado; en el ámbito político distribuye el poder de decisión y elección, en el ámbito administrativo distribuye competencias y funciones, y en el aspecto fiscal distribuye el manejo de la hacienda pública (ingresos y gastos) entre el estado central y las entidades territoriales.

La Constitución política establece un modelo de gestión pública orientada a resultados a través del proceso integral y sistemático de planear, ejecutar y evaluar las principales estrategias de desarrollo económico, social y ambiental, sobre la base de las metas acordadas de manera democrática, lo cual se materializa mediante unos instrumentos de planificación, planes de desarrollo, presupuestos, entre otros.

Con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones constitucionales y legales, corresponde a la nación y a las entidades territoriales elaborar planes de desarrollo y en correspondencia con estos planes, formular presupuestos anuales.

El Plan de Desarrollo un instrumento político técnico, prospectivo, democrático y participativo donde la Administración Territorial concreta las decisiones, acciones, medios y recursos que se ejecutarán durante el período de gobierno en búsqueda del cambio progresivo de las condiciones y situación presente de un territorio hacia una situación viable, posible y deseada según lo concertado en una visión compartida de desarrollo.

El Presupuesto es un instrumento que permite a la entidad territorial poner en ejecución los programas, subprogramas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo, contribuyendo a esclarecer el monto de recursos disponibles para la ejecución física de lo programado en el plan de desarrollo.

Guarda estrecha relación con la planeación y ejecución de políticas, estrategias, objetivos y metas del plan de desarrollo y se debe orientar según sus prioridades, podría decirse que es el equivalente financiero del plan de desarrollo, con la diferencia que este se constituye por anualidades y el primero cuatrienalmente.

De otro lado, la Constitución de 1991, también establece la consagración de los controles al poder, como uno de sus postulados básicos. En este sentido, con la finalidad de verificar que la administración pública actúa conforme a las exigencias legales, la Constitución contempla una serie de garantías que, teóricamente impiden el desbordamiento de las competencias que corresponde ejercer al Estado, o su ejercicio indebido, procurando el logro de un ejercicio responsable del poder y como lógica consecuencia, la garantía de los derechos fundamentales.

Se establecen distintas clases de controles, algunos que deben ser ejercidos por el mismo Estado sobre la actividad de sus servidores y otros que deben ser ejercidos directamente por los ciudadanos a través de los mecanismos previstos en la Carta Suprema y en la Ley.

Es importante mencionar que el presupuesto como tal se constituye en un elemento de control a la gestión pública, siendo su principal función el control financiero tanto preventivo como correctivo de la entidad al permitir comparaciones entre lo proyectado y lo ejecutado para verificar los logros o corregir las desviaciones.

Un aspecto muy importante para el control presupuestal son los indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y programas desagregados para mayor control del presupuesto y que son de obligatoria inclusión en todos los presupuestos según lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 819 de 2003. Estos son importantes porque permiten medir, entre otros aspectos, el porcentaje de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, la eficiencia en la ejecución de los planes y programas, en comparación con otras vigencias.

Con la finalidad de garantizar la adecuada planificación, utilización y manejo de los recursos del presupuesto, la ley ha establecido distintos controles sobre el presupuesto público. El Estatuto Orgánico del Presupuesto establece cuatro tipos de control, el control político, el control fiscal o financiero, el control económico y administrativo y el control de resultados y de gestión.

Por su parte el Departamento Nacional de Planeación distingue el control presupuestal en nueve tópicos: Político, Fiscal y de Gestión, Interno, Disciplinario, Judicial (Civil, Penal, etc.), Administrativo, Seguimiento y Evaluación del Nivel Departamental, Seguimiento y Evaluación del nivel Nacional y Control ciudadano.

1. CONTROL POLITICO

La facultad de control político se refleja en la obligación del ejecutivo de formular anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones; presupuesto de gastos para el orden territorial, y presentarlo oportunamente a la corporación (Congreso, Asamblea, Concejo), y en las facultades de la corporación de solicitar al ejecutivo los informes que necesite, citar y requerir a los jefes de despacho (Ministros, Superintendentes, Directores de Departamentos

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