ARTICULO CONSTITUCIÓN DE 1991

La Constitución de 1991: social, democrática y plural

Por: RODOLFO ARANGO ESPECIAL PARA EL TIEMPO | 10:23 p.m. | 14 de Junio del 2011

Desmovilización de 5 grupos guerrilleros en gobierno Barco, da inicio a la gesta de la Carta Magna.

La toma, retoma e incendio del Palacio de Justicia en 1985 llevaron a muchos a la convicción de que habíamos tocado fondo. Pocas veces los colombianos habíamos vivido un horror de tal magnitud.

Más de 100 personas inocentes, incluida la máxima inteligencia jurídica del país, fueron víctimas del odio y la sinrazón de sus compatriotas. La grave ruptura del pacto social despertó la conciencia ciudadana. El movimiento estudiantil cobró fuerza y exigió recuperar la autodeterminación política por vía constituyente, camino cercenado en el plebiscito de 1957.

El gobierno Barco logró, durante el periodo 1986-1990, desmovilizar a cinco grupos guerrilleros. Para sellar el acuerdo de paz, que aspiró sin éxito a incluir a las Farc, se gestó la única constitución verdaderamente democrática de nuestra historia republicana.

Antes, las cartas políticas eran redactadas por gramáticos cercanos al poder y validadas por el Congreso. La del 91, imperfecta y farragosa, fue deliberada y votada por 70 constituyentes, elegidos en forma directa por el pueblo. Su resultado ha contribuido a la transformación del país.

La fórmula política adoptada por el Constituyente, el Estado constitucional, democrático y social de derecho, respondió a la gran deuda social con las personas y los grupos más desfavorecidos. De un Estado de derecho formal, confesional y autoritario, se transitó hacia un Estado constitucional, democrático, republicano, pluralista y social de derecho.

Dentro de las piezas centrales del nuevo andamiaje constitucional están la adopción de una extensa carta de derechos y deberes; las acciones de tutela popular y colectiva; la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo; la restricción al uso de los estados de excepción, por mencionar solo algunos avances. Asuntos importantes que se quedaron entre el tintero fueron: un ordenamiento territorial favorable para la regionalización del país -como la soñó el gran ser humano Orlando Fals Borda-; una reforma política favorable para una democracia real, y el acceso efectivo a la tierra para millones de excluidos por la pobreza o la violencia, entre otros.

Antes de la reforma de 1991, los derechos fundamentales no estaban presentes en la conciencia ciudadana como ahora. Por el contrario, la máxima "El interés general prima sobre el particular" dejaba traslucir la primacía de intereses colectivos sobre el valor intrínseco de la persona humana. Más de 50 años de estados de sitio recurrentes habían hecho su mella en el ánimo democrático, tanto como el esquema del frente nacional había desmovilizado a la población. El Constituyente pretendió cambiar la cultura política utilitaria, autoritaria y excluyente. La dignidad humana, el pluralismo, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad real y efectiva y la solidaridad social se adoptaron como principios fundamentales para la vida social y política.

Luego vendrían doctrinas constitucionales, desarrolladas por jurisprudentes ilustres, con nuevos métodos de interpretación.

Gracias al desarrollo de la Carta Política por los jueces, en particular de la Corte Constitucional, hoy conforman nuestro acervo jurídico instituciones como el Estado social de derecho, el derecho fundamental al mínimo vital, la tutela por vías de hecho, los estados de cosas inconstitucionales, el derecho fundamental a la consulta previa de grupos étnicos y el control material sobre los actos declaratorios de estados de excepción, entre otros avances.

Si bien la Constitución de 1991 no nos ha sacado de la vorágine de la violencia ni de la trampa de la pobreza, sí ha contribuido a democratizar la sociedad, a desmontar el autoritarismo y a neutralizar millones de injusticias concretas.

Una constitución es un pacto político y social que debe renovarse permanentemente, bien sea para refrendarlo o para modificarlo de forma que responda a las exigencias de los tiempos. Debe ser tan estable que ofrezca un futuro promisorio a largo plazo, pero tan flexible que no impida responder oportunamente a los desafíos sociales y políticos.

Dos décadas son un tiempo prudencial para reflexionar sobre los aciertos y los desafíos de un acuerdo sobre lo fundamental. Los recientes fenómenos de corrupción en áreas como salud, agricultura o minería obligan a revisar el prejuicio según el cual el sector público es venal e ineficaz, mientras el privado es pulcro y eficiente. Más importante que las privatizaciones de instituciones y funciones públicas para combatir la desigualdad económica y la pobreza parece ser una actitud dispuesta a revisar y discutir, con fundamentos empíricos y desapasionadamente, las decisiones colectivas que el país necesita para ser próspero e inclusivo económica y socialmente, sin dominación ni sujeción a poderes privados. Es hora de deliberar democráticamente sobre la conveniencia de derogar la Ley 100 de 1993.

El acceso a la propiedad y a la tierra para los campesinos; un estatuto de trabajo que garantice los principios laborales mínimos y fundamentales; la protección plena a las mujeres y a sus derechos sexuales y reproductivos; la justicia con las comunidades afrocolombianas, no suficientemente reconocidas y garantizadas en sus derechos en la norma fundamental; el pleno respeto de los derechos de las personas con diversa orientación sexual;

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