Organizacion Territorial

MUCHOS CIUDADANOS NO SE INTEresan por las discusiones sobre hacienda pública, como la relativa a las regalías, pues les parecen aburridas y técnicas.

Es una actitud comprensible, pero problemática, pues en esas discusiones se juega mucho el destino de nuestros derechos, cuya realización depende en parte de los recursos con que cuenta el Estado para protegerlos.

Un ejemplo de un tema importante, pero que no despierta la atención ciudadana, es la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para modificar el reparto y la destinación de las regalías, pues se trata de recursos importantes: unos $5 billones por año en la actualidad, que podrían llegar a $10 billones en 2020. ¿Qué es lo que está en juego?

La regalía es lo que el Estado colombiano recibe por la explotación de los recursos naturales no renovables, como el petróleo o el carbón. Esos dineros son repartidos hoy de dos formas: aproximadamente un 80% son regalías directas, que van a los departamentos y municipios en donde se explotan o transportan los recursos no renovables; el resto va al Fondo Nacional de Regalías (FNR), para ser repartido a las otras entidades territoriales.

La situación actual hoy es mala, pues existen profundas desigualdades regionales. Por ejemplo, cinco departamentos (Casanare, La Guajira, Meta, Cesar y Arauca), que tienen aproximadamente el 6% de la población, han recibido más del 50% de las regalías. El ingreso per cápita por regalías en Casanare es de $2,2 millones, que es 45 veces superior a los $49 mil que recibe un nariñense.

Además, por una grave corrupción, muchos dineros se han perdido. Y los que no han sido robados, no han sido tampoco bien usados para el desarrollo regional o el mejoramiento de la vida de los habitantes, sino para obras locales, muchas veces innecesarias, como el velódromo de Arauca. Por ello, los departamentos que más regalías han recibido, como La Guajira, no han logrado reducciones significativas de la pobreza.

El Gobierno tiene entonces razón en que es necesario reformar el reparto y la destinación de las regalías, con el fin de lograr mayor equidad social y regional.

Nadie niega que los departamentos y municipios productores deban recibir regalías suficientes para compensar el impacto ambiental y social de esas explotaciones mineras en sus territorios. Pero las regalías deben beneficiar a los colombianos más pobres, sin importar en qué departamento vivan.

Es necesario también controlar el despilfarro y robo de esos dineros, con el fin de que financien el desarrollo social y la integración regional, y no obritas locales desarticuladas.

Pero la propuesta gubernamental no deja de suscitar muchos interrogantes.

Jurídicamente no es claro que sea necesario reformar la Constitución, pues parecería

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