Abuso Y Desvíos De La Función Policial, Contribuyeron A La Adopción De Medidas Legislativas Que Minimizaran El Impacto Contra Los Derechos Humanos. Sin Embargo Y Aun Reconociendo En Buen Medida Parte De Esta Lamentable Realidad, Es Fundamental Tener En

ANALISIS SOBRE LA SITUACION PENAL EN EL PAIS Y EL DERECHO PENAL EN EL ESTADO DEMOCRATICO ACTUAL.

INTRODUCCION

Hace ya un tiempo largo que gran parte del mundo se cuestiona el funcionamiento de la situación penal. La historia ha contado los abusos del aparato penal, los horrores de las cárceles y las constantes violaciones de los Derechos Humanos y de garantías procesales. Todo este crisis deviene en la multiplicación de la violencia punitiva del Estado, toda vez que la doctrina penal ha afirmado el monopolio estatal de violencia punitiva institucionalizada, la cual ha desbordado, situación ante la cual deja de ser legitima y se tergiversa al convertirse en poderoso ejército de autoritarismo, arbitrariedad y lesión de Derechos Humanos.

Actualmente se ha opinado que tal crisis está vinculada a la expansión del sistema penal, el abuso de las normas punitivas, a la utilización irracional del Derecho Penal como medio de primera mano y no como ultima ratio.

La expansión del sistema penal se ha vinculado a la expansión del Derecho Penal como sistema de ideas que le sustenta mediante la ampliación de las normas penales, la agravación con delas existentes o la creación o manipulación de nuevos bienes jurídicos.

Por todo lo anterior, el eterno problema teórico de los científicos sociales que atienden esta área, es precisamente explicar y ensayar propuestas que minimicen el impacto funcional del sistema, de tal modo que pueda lograr sus cometidos sin retrasar los logros de la sociedad en términos de democratización (desarrollo de las Derechos Humanos) Lo que ocurre es que en el contexto venezolano, este crisis estructural tiene una especial connotación y gravedad, pues se inserta y multiplica dentro un contexto social caracterizado desde otrora por el resquebrajamiento del Estado de Derecho como garantizador de los Derechos Humanos.

El Derecho Penal y la legislación supeditada al ismo, debe sujetarse al modelo de derecho penal propio de un estado democrático y social de derecho y justicia, la cual supone a la adscripción a los principios, el pensamiento y los aportes de derecho penal contemporáneo de signo garantista .

De allí también se deriva la responsabilidad que tiene la justicia penal de ofrecer la tutela efectiva, dentro de los límites de las garantías penales, de aquellos derechos y bienes jurídicos penalmente protegidos contra ataques relevantes. Toca al Derecho Penal servir de base para que se pueda establecer en una ley sistemática, código Penal, las regulaciones del ámbito jurídico penal comprometido con el modelo de Estado Constitucional que aspira a afianzar,

En el contexto Venezolano la situación penal es particularmente preocupante, debido a la desarticulación y falta de coordinación entre los organismos de justicia penal. De acuerdo a estudios realizados por El Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) el grado de confianza en la justicia no superaba el 0•8 por ciento.

Desde hace más de veinte años la crisis estructural del sistema penal comenzó a clamar con urgencia la adopción de políticas públicas y legislativas que palearan los enormes costos de orden social, humano, económico, entre otros, que el funcionamiento del aparato penal venía incrementando: homicidios por cada cien mil habitantes, violencia carcelaria, colapso de la administración de justicia, ineficacia y desvío de la función policial, resquebrajamiento del Estado de Derecho

En 1980 se implanto la LEY DE SOMETIMIENTO A JUICIO Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, se pretendía aplicarel uso de medios alternativos a la privación de libertad pretendía abordar parte del problema carcelario, los razonables cuestionamientos a la privación de libertad durante el proceso y la lesión a garantías procesales y derechos humanos que mostraba la situación de la justicia penal. En ese contexto, sólo durante la década de los ochenta se dictaron más de cien mil medidas, lo que permite suponer el impacto liberador que tuvo, con todo y sus fallas, la adopción de esa legislación, dentro de esta equivocada política jugó papel estratégico la declarada inconstitucional y abolida LEY SOBRE VAGOS Y MALEANTES, clara reminiscencia de los modelos autoritarios. También para esa época hubola promulgación de la legislación antidrogas (1984) y como consecuencia de ello y de las directrices internacionales sobre la materia, se instauró un importante área de control represivo que saturó las cárceles de una nueva población reclusa por “drogas” (20 por ciento), contribuyó con la congestión judicial y complicó la actividad policial.

Durante los noventa la crisis del sistema penal se anegaba en sus graves fallas y consecuencias, mientras se disparan las tasas de delitos y aún de un modo más preocupante: la violencia delictiva. Ello debido a múltiples factores que la investigación científica ha explicado tomando en cuenta desde el acentuado y relativamente reciente empobrecimiento de la población venezolana y unida a ello, la frustración de muchas de sus expectativas ante la sociedad de consumo que asocia el éxito con la riqueza material y el poder, obtenidos en ocasiones por personajes públicos mediante las mil caras de la corrupción; la banalización de la violencia en los medios de comunicación, el acceso a las armas de fuego, la composición arquitectónica de urbanismo y servicios en los barrios y sobre todo: la ausencia de medios institucionales de intervención en los conflictos sociales que había devenido en una enorme impunidad.

Esta dificultad del sistema penal esta en desproporción entre procesados y condenados, el hacinamiento, la violencia y las pésimas condiciones carcelarias, la carencias de políticas pos carcelarias, el retardo procesal y la violación de garantías procesales, la impunidad, la inseguridad personal, el abuso y desvíos de la función policial, contribuyeron a la adopción de medidas legislativas que minimizaran el impacto contra los derechos humanos.

Sin embargo y aun reconociendo en buen medida parte de esta lamentable realidad, es fundamental tener en cuenta la distancia entre la percepción delo delictivo y su realidad, pues ello permite un tratamiento más ponderado de la legislación penal. Esto implica una reforma del

CondigoPenal que se debe encaminar dentro de un ambiente de racionalidad y noa lacultura de emergencia, es decir, en aquellas criterios que niegan las garantías, congelar el Estado de Derecho, crear mayor violenciainstitucional, por ende, multiplicar el fenómeno delictivo ante cuyo

...