BASES LEGALES DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Luego de una espera de varios años, al fin la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, este martes 4 de mayo, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37930, contando con 172 determinantes artículos que logran reivindicar ampliamente los frustrados reclamos que durante decena de años, todos los venezolanos hemos estado realizando ante los prestatarios de los servicios básicos que han sido detectado ineficientes y cuestionados, sin que se pudiera contar con el marco legal para establecer los ilícitos administrativos y penales y los procedimientos para el resarcimiento de los daños sufridos por causa de los proveedores de bienes y servicios y para la aplicación de las sanciones a quienes violenten los derechos de los consumidores y usuarios.

En la Ley, los derechos que adquieren los consumidores y usuarios, entre los cuales encontramos: la protección de su salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, la información suficiente, oportuna, clara y veraz sobre los diferentes bienes y servicios puestos a su disposición, la educación e instrucción sobre sus derechos como consumidores y usuarios en la adquisición y utilización de bienes y servicios, así como los mecanismos de defensa y organización para actuar ante los organismos públicos existentes, la indemnización efectiva o la reparación de los daños y perjuicios atribuibles a responsabilidades de los proveedores en los términos que establece la presente ley y el ejercicio de la acción ante los órganos administrativos y jurisdiccionales en defensa de sus derechos e intereses mediante procedimientos breve.

Lo mas resaltante es que cuando un proveedor proceda a cortar el suministro de un servicio público domiciliario por la no cancelación del mismo, este no podrá hacerse antes de los quince (15) días de haberse vencido el pago y sin una constancia fehaciente de recepción previa por parte del usuario de una notificación por escrito. El proveedor deberá otorgar un mínimo de cinco (05) días hábiles posteriores a la constancia de notificación antes mencionada para que el suscriptor de un servicio pueda subsanar su morosidad.

En cuanto la Protección y la Seguridad se establece que, los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios, no implicarán riesgos para su salud o seguridad, obligando a que todo proveedor de bienes de consumo que, con posterioridad a la introducción de los productos al mercado, se percate de la existencia de peligros imprevistos o riesgos para la salud, deberá comunicar inmediatamente el hecho a la autoridad competente e informar al público consumidor sobre la existencia de los riesgos o peligros a que hubiera lugar.

Para la protección y satisfacción del derecho de los usuarios y consumidores, se garantiza la exposición pública y visible a los consumidores de los precios y tarifas junto a los productos ofertados y asociados a las modalidades de servicio que se ofrecen, así como la elección por parte del cliente de la forma de pago que más le convenga dentro de las posibilidades ofrecidas por el vendedor o prestador del servicio. Y obtendrá el recibo o documentación acreditado de las operaciones realizadas, debidamente desglosadas según el caso, donde se pueda observar la exactitud en el peso y medida de los bienes y la correcta prestación de los servicios, tomando en cuenta las tolerancias que establece la normativa legal sobre metrología. Igualmente las empresas prestadoras de servicios deberán habilitar un registro de reclamos, donde quedarán asentados los reclamos de los usuarios.

Se estimula la creación de Asociación de Consumidores y Usuarios, toda organización constituida por un mínimo de veinticinco (25) personas naturales, y tendrá como finalidad la defensa de los intereses, incluyendo la información y educación de los consumidores y usuarios, bien sea con carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados.

Por ultimo, y entre otras bondades, tenemos la aplicación de Multa a los Proveedores de Servicios Públicos domiciliados que incumplan las obligaciones previstas en la presente Ley, serán sancionados con multa de treinta (30) a tres mil (3.000) Unidades Tributarias.

Para orientar a todos los que desean ejercer sus derechos adquirido por esta ley, pueden visitar www.consejoslocales.org para conocer el texto completo de la Ley.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

TITULO I

Disposiciones Fundamentales

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La Administración Pública Nacional y la Administración Pública Descentralizada, integradas en la forma prevista en sus respectivas leyes orgánicas, ajustarán su actividad a las prescripciones de la presente ley.

Las administraciones Estadales y Municipales, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, ajustarán igualmente sus actividades a la presente ley, en cuanto les sea aplicable.

Artículo 2. Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa.

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