CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Se entiende por contencioso administrativo a el procedimiento que se sigue ante un tribunal y organismo jurisdiccional, que se sitúa en el poder ejecutivo en el poder judicial, y tiene como objeto resolver de una manera imparcial la disputa o el debate entre particulares y la administración pública. También se ha llegado conocer esta institución en el derecho mexicano con los nombres de Justicia Administrativa o Proceso Administrativo.

Hubo conflictos durante la época colonial de carácter administrativo que fueron resueltos por las Audiencias de México y de Guadalajara y por el Consejo de Indias, y a partir de las Ordenanzas de Intendentes del año 1776, lo últimos se encomendaron en segunda instancia a la Junta Superior de Hacienda.

Al finalizar la independencia, se determinaron que las primeras constituciones, especialmente la Federal de 1824 y las leyes centralistas de 1836, adoptarían, de forma limitada, el sistema judicialista, y determinados conflictos entre los particulares y la administración se encomendaron a los tribunales ordinarios, tanto federales como de carácter local, el sistema actual del contencioso administrativo mexicano se inició con al crearse del Tribunal Fiscal de la Federación por la Ley de Justicia Fiscal el día de 27 de agosto de 1936, y se introdujo un organismo jurisdiccional para dirimir las controversias entre la misma administración, y los causantes, en sus comienzos, estrictamente en materia tributaria federal, y con el carácter de órgano de jurisdicción delegada por decir que dictaba sus fallos a nombre del gobierno federal, de acuerdo con el sistema actualmente en vigor en el ordenamiento mexicano, el contencioso administrativo puede dividirse en dos grandes sectores: a) En primer término determinados actos y resoluciones de la administración pública, tanto federal como local, pueden impugnarse ante tribunales administrativos especializados y excepcionalmente ante los jueces ordinarios; b) Los restantes actos y resoluciones, al no admitir su impugnación ante dichos tribunales, deben combatirse a través del juicio de amparo de manera inmediata. También en las entidades federativas se han establecido tribunales administrativos que siguen ya sea el modelo del Tribunal Fiscal Federal o el del Contencioso-Administrativo del Distrito Federal, ante los cuales pueden combatirse las resoluciones o actos de carácter tributario o similares, o bien todos los de naturaleza administrativa, y en esta dirección podemos señalar al Tribunal Fiscal del Estado de México 1958. El procedimiento ante estos tribunales es de una sola instancia, en el cual imperan los principios de oralidad y concentración, porque los actos son esenciales y se concentran en una audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. Se puede solicitar la suspensión de la ejecución de los actos administrativos, en el caso del Tribunal Fiscal Federal e inclusive en el procedimiento administrativo garantizando el interés fiscal, con la posibilidad de adoptar medidas precautorias más amplias y por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal cuando dichos actos afecten a los particulares de escasos recursos económicos. La sentencia se pronuncia por los citados tribunales administrativos y por regla general se limita a establecer si debe o no anularse total o parcialmente la resolución o acto impugnado pero en ciertos casos, tratándose del examen de la legalidad de los contratos de obras públicas, y de la responsabilidad de funcionarios,

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