Capacidades Y Legitimaciones En Lo Civil

SEccIÓv JURISPRUDENCiA

Capacidades y

legitimaciones en el

proceso civil

Lürena Cascante Redín La intervención de las personas a un proceso está sometida a

ciertos requisitos con los que deben cumplir cada una de ellas.

Este es un estudio preliminar y con análisis de fallos, de la legit

imación procesal o en el proceso.

A la Corte Suprema de Justicia le compete el control

de la legalidad de las resoluciones de los juzgadores de

instancia. Este control lo ejerce a través de sus fallos, dic

tados como Tribunal de Casación.

En reiterados fallos de la Primera Sala de lo Civil y

Mercantil podemos ver que los Magistrados se han visto

en la necesidad de precisar dos conceptos de uso muy fre

cuente en el debate procesal: el de la ilegitimidad de per

sonerfa y el de falta de derecho del actor o ilegítimo con

tradictor. Es que los tribunales y jueces inferiores tienden,

en muchos casos, a considerarlos como sinónimos.’

Estos conceptos tienen vinculación directa con la in

tervención de las partes en el proceso civil, por lo que, pa

ra comprenderlos en su correcto alcance, haremos un bre

ve recorrido a través de los requisitos con los que deben

cumplir las personas que intervienen en un proceso y cu

ya falta u omisión puede influir en la validez del proceso

o en la eficacia del resultado procesal.

LA ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA

Según el artículo 355 del Código de Procedimiento

Civil, la legitimidad de personería es una solemnidad sus

tancial común a todos los juicios e instancias. En nuestro

ordenamiento jurídico no se la define, sin embargo la ley

establece que la falta de legitimación de personerfa (

ilegi

timidad de personería) se produce por:

a) incapacidad legal; o

b) falta de poder, que será motivo de una excepción dila

toria (artículo 104 del Código de Procedimiento Civil).

LA FALTA DE DERECHO DEL ACTOR (AcTIvA) o

ILE

GÍTIMO CONTRADICTOR (PASIVA)

Respecto de la falta de derecho del actor o ilegítimo

contradictor, el Código de Procedimiento Civil no con

templa una norma específica destinada al tema, no se la

señala como excepción, ni dilatoria (artículo 104 CPC), ni

perentoria (105 CPC) y tampoco como presupuesto o so

lemnidad sustancial para la validez del proceso (artículo

355 CPC).

Sin embargo, en varias normas, y en especial en aque

llas relativas a juicios especiales, encontramos referencia

al derecho del actor para ejercer la acción o presentar la

demanda correspondiente, y contra quién debe dirigirse

esa demanda en calidad de demandado.

Así por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil

en la Sección 14a. Del Juicio de Alimentos, el artículo

735 dice: “Propuesta la demanda de alimentos, el juez

concederá el término de cuatro días, para que se acrediten

el derecho del demandante y la cuantía de los bienes del

demandado...”, y el artículo 739 ibídem: “En los juicios

sobre alimentos legales, si la parte actora fuere la madre

de un menor de edad o de un demente que se halle bajo su

cuidado, podrá comparecer en juicio, por sí misma, cual

quiera que sea su edad, para demandar dichos alimentos

para su hijo, al padre de éste o a cualquiera otra persona

que tenga obligación de suministrarlos”.

En un proceso contencioso, generalmente la persona

que comparece físicamente al proceso es aquella a la que

se atribuye los efectos jurídicos del proceso. Pero es fre

cuente también que la persona que comparece físicamen

te al proceso no es aquella a quien se atribuye los efectos

jurídicos del proceso. Un ejemplo: el procurador judicial

comparece ajuicio y es él quien comparece físicamente al

proceso y realiza los actos procesales; pero los efectos ju

rídicos del proceso se atribuyen al mandante que otorgó la

procuración judicial. Por esto, en nuestro análisis hare

mos la distinción entre: 1.- la persona a quien se atribuyen

los efectos jurídicos del proceso; y 2.- la persona que

comparece físicamente al proceso y realiza los actos pro

cesales. Ahora bien, para que la intervención de estas per

sonas sea eficaz y surta los efectos jurídicos deseados

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