Consecuencia De La Ley De Costos Y Precios Justos En Venezuela

¿Cómo afecta la Ley de Costos y Precios Justos a las Empresas y qué se debe hacer para enfrentarla en el sector privado?

En Venezuela ya se tienen más de 7 años con controles: control de cambio, control de inflación, control de la producción, control de la distribución de productos de consumo masivo, control del TSJ, control del CNE, control de los medios de comunicación masivos, control del BCV y, recientemente, el Control de Costos con la publicación de la Ley de Costos y Precios Justos en la Gaceta Oficial Nro. 39.715 del 18 de Julio de 2011, Decreto No. 8.331 del 14 de Julio de 2011 de con rango, valor y fuerza de Ley. Todos estos controles generan desinversión, complejidad en las operaciones de la industria privada, desempleo, desaceleración de las iniciativas de los pequeños emprendedores y un sin número de consecuencias negativas para la economía del país.

El Sector azucarero, es uno de los afectados, por un lado el control de precios y ahora el control de costos. ¿Cómo van a considerar la estructura de costos, por ejemplo, para fijar el precio de un litro de agua potable y un kilogramo de azúcar refinada? ¿producir un litro de agua potable es más costoso y complejo que producir un kilo de azúcar?... definitivamente “NO”. Si bien es cierto, que tal como se refleja en la exposición de motivos de la Ley “la existencia de precios altos en el mercado de insumo y en los servicios, reduce la rentabilidad mínima necesaria y resta capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar” y que en Venezuela un gran número de empresas obtienen márgenes de ganancia exorbitantes al compararlos con el margen de ganancias de otros países latinoamericanos como, por ejemplo, Estados Unidos; también es cierto que parte del problema se debe al grado de incertidumbre en el sector económico y político del país, el control cambiario y un complejo conjunto de factores. ¿cómo las empresas pueden disminuir los precios de sus productos u obtener márgenes de utilidad aceptables con la carga burocrática de trámites para cumplir con los requisitos establecidos en estos controles? ¿cómo dispondrán las empresas de la plataforma tecnológica y/o de recursos humanos requeridos para manejar estos procesos (atención de constantes fiscalizaciones, consolidación y disposición de la información, defensa por sanciones justificadas impuestas por funcionarios con falta de criterios y desconocimiento de la Ley)? ¿cómo saber si finalmente las bandas de precios que se fijarán a los productos y servicios estarán ajustadas a la estructura de costos? . Este tipo de medidas desmotivan a las empresas a ser eficientes y productivas, porque al final del camino todos venderán sus productos dentro de un mismo rango de precios. ¿quién asumirá los costos que estos controles generan para las empresas?. Si esta Ley se aplicara equitativamente y a todos por igual, si los funcionarios que realizan las inspecciones fueran objetivos, si el proceso de rendición de cuentas y consignación de recaudos se realizara en forma eficiente, y si las estructuras de costos se consideraran objetivamente para establecer el “precio justo” de los productos y servicios según la Empresa, si el Estado contara con la infraestructura necesaria y suficiente para “comprender” la complejidad de las estructuras de costos de Empresas como “Empresas Polar”; esta Ley permitiría disminuir la especulación. Pero no, el Estado no cuenta con la capacidad de respuesta requerida por esta Ley. La mayoría de las inspecciones de los funcionarios son subjetivas y los que la realizan, interpretan la Ley a su manera y en un tono intransigente (sin considerar los funcionarios que se aprovechan de las situaciones para obtener lucro desleal). Para completar el “escenario”, no hay instancias a dónde recurrir porque hay un monopolio de poderes

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