DERECHO PROBATORIO EN MATERIA PENAL

DERECHO PROBATORIO

Introducción

“Dame las pruebas y yo te daré el derecho”

Sin las pruebas el hecho no existe, es posible que existan extrajudicialmente pero no dentro de la órbita del conocimiento del juez de tal manera que los hechos privativos de los que conozca el mismo funcionario no son tenidos en cuenta. Las pruebas deben estar incorporadas oportunamente dentro del proceso y no se admiten las pruebas extemporáneas.

El objetivo del ensayo es realizar una síntesis sobre los temas relevantes del Derecho Probatorio, durante el cual podrán resolverse las Dudas de qué como y cuando debe ejercerse ese derecho probatorio, debiendo destacar la finalidad para la autoridad jurisdiccional, teniendo en cuenta que es mediante la valoración de la prueba que el Juez logra realizar esa operación mental que le permite obtener de cada elemento probatorio, la convicción para determinar la culpabilidad o inocencia del imputado, teniendo como fundamento la valoración de la prueba, los diversos sistemas de valoración, sus características, ventajas y desventajas; comprendiendo que del merito o el valor convencional otorgado a la prueba, la autoridad jurisdiccional puede llegar al momento culminante y decisivo de la actividad probatoria de la cual depende la suerte del juicio para establecer una condena o la absolución del acusado en materia penal.

Definición

El Derecho Probatorio se ocupa de la fijación, evaluación, práctica y examen de las pruebas en un Proceso para crear en el Juez una convicción de certeza respecto de la causa a juzgar. Establece las reglas que deben observarse para su uso en el proceso: tacha de instrumentos o de testigos, las formas de promover y evacuar las experticias.

Es decir, el derecho probatorio es aquella rama del derecho procesal en general, que tiene por objeto el estudio de las diversas normas que regula y estudia la institución jurídico procesal, denominada “prueba”, tanto en su producción, fijación, características, modalidades, ofrecimiento, admisión y desahogo, dentro de un proceso de naturaleza jurisdiccional.

Objetivo

El Derecho Probatorio se basa en el reconocimiento del régimen en general y amplio que priva en el orden jurídico para instruir la causa. Lo constituyen todas las disposiciones normativas que regulan las pruebas y comprende las normas que determina la procedencia de la apertura del lapso probatorio. Establece las reglas que deben observarse para su uso en el proceso: tacha de instrumentos o de testigos, las formas de promover y evacuar las experticias etc.

Principal característica de la prueba: es la Libertad, por lo que no debe ser sometida a normas rígidas.

Las Pruebas:

Es la razón o argumento mediante el cual se pretende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de un hecho. También puede definirse como el conjunto de actos de las partes cuya finalidad es convencer al Juez acerca de la verdad de la afirmación de un hecho.

Tipos de prueba:

Según su esencia pueden ser:

*Permanentes o invariables: son aquellas q determinan la existencia de un acto jurídico, como por ejemplo los documentos registrados sobre ventas, hipotecas.

*Las causales o judiciales: son aquellas que se articulan con el proceso para demostrar un hecho constituyendo actos jurídicos procesales. El objeto de esta prueba es suministrarle al juez el conocimiento de un hecho para ser valorado jurídicamente.

• Objeto de la Prueba: estos son los hechos que le interesan al proceso, no todos los hechos son objetos de pruebas, como hechos exentos de prueba

Finalidad de la Prueba

Consiste en llevar a la convicción, al juez o al jurado de la causa, de la responsabilidad, culpabilidad o inocencia sobre una materia en particular ya sea parte a favor o en contra.

Prueba ilícita y consecuencias procesales

Tomando en consideración la distinción entre dos conceptos que tendrán un significado y alcance diferente: prueba irregular y prueba ilícita.

Por prueba irregular se entiende aquella prueba obtenida, propuesta o practicada con infracción de la legislación ordinaria, particularmente de las normas procesales que regulan el procedimiento probatorio, pero sin vulnerar, sin afectar directamente a los derechos fundamentales.

La prueba ilícita es, por el contrario, aquella prueba que se obtiene o se practica con lesión de los derechos y libertades fundamentales, de tal manera que los jueces no podrán valorarla ni fundamentar en ella sus decisiones.

La importancia de esta distinción conceptual radica en el hecho de que la regla de exclusión y la traslación de su eficacia a la prueba, refleja o derivada, se predica exclusivamente respecto de la prueba ilícita. Por el contrario, la prueba irregular queda sometida al régimen jurídico de la nulidad de los actos procesales, que, en determinados casos, pueden ser susceptibles de subsanación o convalidación (prestación de testimonio entre parientes o por quien está obligado a guardar secreto).

La regla de exclusión tiene un carácter general y por la finalidad que cumple, la protección de los derechos fundamentales de las personas en el proceso, puede aplicarse a todo tipo de procesos (penal, civil, contencioso-administrativo o laboral). No obstante, ha de reconocerse que es el proceso penal su ámbito de aplicación natural y habitual, ya que este tipo de proceso ejercerá una incidencia especial sobre los derechos individuales, entre otros motivos, por la supremacía que tiene el Estado sobre el individuo en el ejercicio del ius puniendi o por facultad que tiene el juez para imponer las más graves penas privativas de libertad.

En ese ámbito del proceso penal, la prueba ilícita presupone la existencia de una tensión entre dos intereses jurídicos contrapuestos, pero susceptibles de protección constitucional. De un lado, la búsqueda de la verdad material a través del proceso, en el que el Estado ejerce el ius puniendi para castigar a los ciudadanos que incumplan la ley. Este interés jurídico se corresponde a su vez con otros principios o intereses sociales: como la consecución de un ideal de justicia, el mantenimiento del orden social, la confianza de la sociedad en la administración de justicia. De otro lado, están los derechos y libertades individuales que en el Estado de Derecho son un límite a la actuación de los poderes

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