Democratizacion

En este texto los autores Guillermo Fuentes, Maria Cecilia Gumes y Carolina Isaza, exponen distintos enfoques de modernización de la administración pública y las realidades de esta en América Latina, a continuación de manera resumida pasaremos a analizar.

En las más recientes tendencias de la discusión sobre la reforma de la Administración Pública para América Latina lo que se busca es hacer los planteamientos y valoraciones de forma explícita para cada uno de los enfoques, así como las consecuencias de elegir una opción sobre las demás o de intentar mezclarlas todas. A fines del siglo XX las debilidades y fallas del paradigma neoliberal obligaron a una revisión del diagnóstico original y tímidamente se comenzó a sugerir que la clave ya no pasaba entonces por reducir el Estado, sino por mejorar la acción del mismo.

A tono con esta relegitimación estatal se reiteraba la necesidad de adecuar las Administraciones Públicas a los nuevos tiempos. El desafío de modernizar la Administración Pública es por tanto un reto que precisa una previa selección de opciones técnicas pero también normativas y valorativas por parte de actores políticos, funcionarios y ciudadanos.

En el siguiente punto describiremos brevemente en que consiste cada uno de los enfoques:

Nueva Gestión Pública (NGP) Como es conocido en la literatura referida a la Administración Pública, la Nueva Gestión Pública (NGP) nació en la década de los ochenta en los países anglosajones, esencialmente para ofrecer una alternativa al modo, paradigmático hasta entonces, de gestionar la cosa pública y el modelo Jerárquico burocrático. Es importante conocer que la (NGP) propone la introducción de la lógica de gestión privada dentro del sector público, ignorando, eso sí, las particularidades de este último (Pierre, 2009). Desde este punto de vista, se podría decir que las ventajas o fortalezas que presenta este modelo radican, entre otras cosas, en una mayor cercanía del servidor público a las necesidades del ciudadano (cuya concepción es asimilada en este caso al concepto de “cliente”); una administración pública más eficaz y eficiente a través de organizaciones y, sobre todo, de gerentes que responden directamente por sus actos; a la vez que al separar nítidamente “la decisión” de “la ejecución”, se estaría evitando la intromisión de la política dentro del espacio más técnico y especializado, la consecuencia lógica de este ultimo punto seria la supuesta protección del administrador ante presiones externas.

Por otra parte, el ámbito público ha demostrado tener particularidades tan específicas, que las medidas aplicadas por igual en el sector privado obtienen generalmente resultados e incentivos totalmente distintos (Ramió, 2005). El problema es que, en general, la aplicación de este tipo de reformas no ha tenido en cuenta las particularidades históricas, culturales e institucionales de los países receptores.

Por otra parte Los neoweberianos son plenamente conscientes de dos cuestiones: a) la democracia representativa requiere

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