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Derechos Economicos, Sociales Y Culturales En Nicaragua


Enviado por   •  11 de Septiembre de 2011  •  9.839 Palabras (40 Páginas)  •  2.970 Visitas

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1. INTRODUCCIÓN

Se considera que el respeto de todos los derechos humanos, particularmente de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es precondición indispensable para lo que se puede llamar desarrollo humano sostenible, democracia real, participación igualitaria de los géneros, o un proceso de una paz duradera. Sin tener lo suficiente para alimentarse, sin protección contra enfermedades, sin acceso a la educación y seguridad social, sin condiciones laborales dignas, discriminaciones institucionales en contra de las mujeres y de los pueblos indígenas, la población empobrecida no sentirá mucho más que un vacío en las palabras desarrollo, democracia, paz y justicia.

Por otra parte, hablando de Derechos Humanos no significa hablar en términos de moral, sino en términos de derecho. No se habla solamente de la buena voluntad de los gobiernos a sus súbditos. Se analiza si están cumpliendo con sus obligaciones asumidas ante el derecho internacional cuando ratificaron los convenios de Derechos Humanos.

Los Tratados del sistema universal de protección de los derechos humanos establecen la presentación de Informes periódicos por parte de los Estados, como mecanismo de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones contraídas.

El cumplimiento de esta obligación da inicio a un proceso en que le corresponde al órgano competente de Naciones Unidas analizar la información presentada y solicitar la información adicional y aclaraciones que los miembros del Comité respectivo estimen convenientes. Las organizaciones de la sociedad civil son invitadas también a presentar Informes Alternativos y aportan así a que los miembros del Comité respectivo conozcan su valoración sobre la situación de derechos humanos en el país, para también tenerla en cuenta al formular sus observaciones y recomendaciones. Cabe señalar que las observaciones finales de cada Comité contribuyen a que el Estado determine cuáles son los ajustes en la legislación y en las prácticas institucionales que constituyen violaciones de los derechos reconocidos por dichos instrumentos.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue ratificado por Nicaragua el 12 de marzo de 1980. El Estado presentó su cuarto Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas bajo el Pacto, en el año 2007 y el Informe Alternativo fue presentado en Octubre 2008, con el objetivo de proporcionar insumos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, responsable del seguimiento de las obligaciones bajo ese instrumento internacional.

El presente ensayo enfoca la situación de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales de la población de Nicaragua.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

 Analizar la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Nicaragua.

Objetivos Específicos

• Estudiar y analizar el concepto y definición Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Analizar las medidas legislativas adoptadas por Estado de Nicaragua en cumplimiento de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

• Proponer alternativas para lograr un mayor grado de cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Nicaragua.

3. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

3.1. Antecedentes

La Revolución Socialista hizo posible el surtimiento y difusión de una nueva categoría de derechos humanos, los derechos sociales, económicos y culturales. Los cuales se formularon en la primera Constitución Soviética de 1918, y posteriormente fueron apareciendo en todas las constituciones modernas. Estos derechos se diferencian de las libertades clásicas, en cuanto persiguen el bienestar social por encima de los intereses individuales. Se trata del derecho al trabajo, a la educación, a la protección de la salud, a un nivel de vida digno, es decir, en el que se satisfagan necesidades mínimas de subsistencia.

En el mundo capitalista obedecieron a un cambio en el modelo de Estado, tanto desde el punto de vista económico como político. Su institucionalización coincide con el paso del Estado liberal clásico al Estado intervencionista y de bienestar. Ante la depresión económica de 1929, producida por una fuerte disminución en la demanda, se buscó dar solución a la crisis con la aplicación de la técnica keynesiana de redistribución de la renta y aumento del gasto público. De este modo los "derechos asistenciales" o de la segunda generación son expresión de ese nuevo modelo de Estado.

Dichos derechos no implican que el Estado simplemente no intervenga la vida de los ciudadanos como sucede con los derechos de la primera generación, por el contrario, sólo tienen efectividad en tanto el Estado asuma cargas u obligaciones. El ciudadano queda así situado como un acreedor de ciertos bienes y servicios que debe garantizarle el aparato estatal, principalmente a través del ejercicio de la función administrativa, la cual se define en dicho modelo estatal por la tarea que cumple: prestar servicios públicos. Así se concibe que el Estado debe brindar educación pública, salubridad pública, seguridad pública, etc.

La irrupción de los derechos humanos en el derecho internacional se derivó de determinadas condiciones sociales y episodios políticos, entre los cuales se cuentan las atrocidades cometidas durante la segunda guerra mundial. Lo cual condujo a que internacionalmente se sintiera la necesidad de crear instrumentos oficiales que propendieran por la defensa de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representa la concreción de esa búsqueda. Los derechos abarcados por la Declaración son de diversa índole, contiene una enumeración global de derechos civiles y políticos, que se caracterizan por su individualidad, junto con los económicos, sociales y culturales, que pueden catalogarse como de carácter colectivo.

Entre los derechos económicos, sociales y culturales se cuentan el derecho al trabajo, incluido el derecho a unas condiciones de trabajo justas y favorables;

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